"(...) El pasado 9 de diciembre de 2015 mantuvo un encuentro con el Ayuntamiento de Cádiz |3|. ¿Puede hablarnos de su caso?
Cádiz
también está amenazado. No ha perdido su autonomía, pero dado el nivel
de deuda heredado de las gestiones anteriores, [Teófila Martínez, del
PP, fue alcaldesa de Cádiz de 1995 a 2015] el Ministerio de Hacienda
puede justificar una intervención. Hay elementos de ilegitimidad en la
deuda reclamada a Cádiz.
Lo que sucede en Cádiz vale también para una
gran cantidad de municipios. Una parte importante, unos 90 millones de
euros, de la deuda total del Ayuntamiento de Cádiz, que asciende a
213.460.000 euros, procede directamente de la operación hecha por el
Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. El presidente del Gobierno, para
ayudar a los grandes bancos privados españoles, en crisis, tomó el
pretexto de los atrasos de los pagos de los municipios a los
proveedores.
Organizó el Fondo para la Financiación del Pago a
Proveedores (FFPP) |4|
transformando deudas comerciales de municipios en deuda financiera. De
este modo, los proveedores (empresas, comercios, etc.) fueron
reemplazados por las entidades financieras. Rajoy inventó un plan
subterfugio que aparentemente servía para ayudar a los municipios y a
los proveedores que no cobraban a tiempo, pero en realidad a quien
sirvió fue a los bancos. |5|
¿Cómo ha funcionado el FFPP en el caso concreto de Cádiz?
En
Cádiz, el Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores ascendió a
90 millones. Los proveedores fueron sustituidos por una decena de
bancos. Este fondo alimentado por créditos de los bancos privados cobraba un interés del 5,95%, cuando Santander, BBVA o Bankia recibían créditos del Banco Central Europeo ( BCE )
a menos del 1%.
¡Un negocio redondo! Cádiz recibió créditos en mayo por
71 millones de euros al 5,95% y en septiembre de 2013 otro por 19
millones de euros al 3,34%. Pero en septiembre de 2013, los bancos que
otorgaron ese crédito recibían préstamos del BCE al 0,25%. ¡Han cobrado
13 veces más en relación al BCE!
Esto, para cualquier persona puede ser
considerado claramente como un acto ilegítimo por parte del Gobierno de
Rajoy. Y no sirve al interés general sino al interés particular. Han
aplicado tasas abusivas sabiendo además que son los responsables de la
crisis que afecta al país.
¿Hay más elementos de ilegitimidad?
Sí.
Otro elemento de ilegitimidad es que Rajoy, para intentar limitar la
sangría de votos que su partido iba a sufrir en 2015, eliminó los
intereses que los municipios tenían que pagar a los bancos ese año. |6|
Generó una situación anormal de alivio en un año electoral. Éste es un
segundo signo muy potente de ilegitimidad.
De este modo, los municipios
no pagaron intereses en 2015 y éstos fueron postergados a partir de
2016. O sea que los municipios, en un año de elecciones municipales y
generales, se encontraron en una situación anormal o surrealista, con un
alivio muy importante del pago de la deuda.
Eso para ayudar al PP a
limitar pérdidas en las elecciones y también para calmar a los
ayuntamientos para que no entraran en conflicto con el Gobierno de
Rajoy. Es decir, que el Fondo (FFPP) fue pensado para servir al interés
particular de los banqueros y al propio Partido Popular, no al interés
general.
Y quiero añadir algo más: En 2015, Rajoy decidió que a
partir de 2016, cuando empiezan los pagos de amortización, la tasa
cobrada por los bancos fuera rebajada al 1,31% por un periodo de 7 años.
¿Qué quiere decir esto? Que si Rajoy, por decisión del Gobierno está
imponiendo a los bancos cobrar menos tasas de interés, las tasas que
cobraban antes eran claramente abusivas.
Una rebaja tan fuerte supone un
reconocimiento de que las tasas anteriores eran abusivas. Hay que
destacar que el 1,31% sigue siendo abusivo, porque desde septiembre de
2014, los bancos reciben préstamos del BCE al 0,05%. ¡Cobrar el 1,31% de
interés representa 26 veces más de lo que pagan al BCE!
El
Ayuntamiento de Cádiz ha calculado que la deuda de 90 millones de euros
adquirida a través del Plan de Pago a Proveedores ha generado un
sobrecoste de 14 millones de euros en concepto de intereses abusivos.
Cádiz tendría todo el derecho para exigir que los bancos acreedores
devuelvan al municipio lo que ha sido cobrado de manera abusiva. Pero es
que además, Cádiz puede también cuestionar el monto total de los 90
millones de euros, porque no ha servido al interés general.
El actual equipo de gobierno también cuestiona costosas obras faraónicas, como el Estadio
Sí.
Otra parte importante de la deuda reclamada a Cádiz es por inversiones
en infraestructuras. Concretamente, de los 213 millones de euros de
deuda total de Cádiz, 37,8 millones corresponden a la construcción del
estadio de fútbol. Una auditoría con participación ciudadana tendría que
determinar la legitimidad de la acumulación de esa deuda. No voy a
avanzar a priori una opinión, hay que analizar.
Pero sabemos que puede
haber corrupción, soborno, sobrefacturación… Si no hay estos delitos,
también una auditoría quizás podría concluir que el costo para la
ciudadanía es superior al beneficio obtenido por
la construcción de este estadio. Aparentemente, en caso de vender esa
infraestructura, el municipio podría cobrar como mucho, según algunos
cálculos, 28 millones de euros. En ese caso, tendríamos una inversión
cuyo valor actual del mercado es inferior al costo invertido en su
construcción.
El 20 de noviembre de 2015, el equipo de gobierno formado por Sí Se Puede Cádiz y Ganar Cádiz en Común presentó una moción |7|, que no fue aprobada, en este sentido. ¿Qué opina de esa moción?
De
algún modo, la moción constituye un modelo a seguir. El gobierno
municipal hace un análisis previo de evidencia de ilegitimidad para
cuestionar la deuda y hace pública la intención de iniciar un proceso de
auditoría con participación ciudadana que permita llegar a conclusiones
y elaborar una estrategia para obtener una solución satisfactoria.
¿Cuál es la situación financiera a la que el Plan de Proveedores y las obras faraónicas han llevado al Ayuntamiento de Cádiz y qué perspectiva enfrenta en caso de no hacer nada?
Cádiz se enfrenta a una
situación en la que no podrá pedir más dinero a los bancos por
imposición del Gobierno, que considera que hay un techo de endeudamiento
|8|
y se le prohíbe pedir más créditos. En el año en curso, 2016, Cádiz
tiene que empezar a pagar la amortización de capital. A partir de ese
año, el municipio tendrá que pagar los 90 millones del FFPP en ocho
anualidades. Son alrededor de 11 millones anuales del 2016 al 2023.
Ésta
debe de ser la situación de varios municipios del cambio electos en
2015, cuando no había empezado la amortización de capital con un año de
gracia. Y ahora, con el primer presupuesto anual, tienen que empezar a
amortizar capital y pagar intereses.
En el caso de Cádiz, como no puede
financiarse con nuevos préstamos de los bancos y tiene que reducir el
déficit, tiene que reducir el gasto. Pero siendo como es un gobierno del
cambio, lo que debería realizar es inversiones para mejorar las
condiciones de vida de la gente.
¿Y qué soluciones hay?
Cádiz
tiene que hacer un frente de municipios con la idea siguiente: El
Gobierno tiene la obligación y la posibilidad de imponer a los bancos la
retroacción de los intereses cobrados de manera abusiva. Esto demuestra
que: uno, es el Gobierno quien organizó este plan y dos, es el Gobierno
quien hasta en dos ocasiones impuso a los bancos la reducción del
interés del 5,95% en 2012 al 3,34% en 2013 y al 1,31% a partir de 2016.
Es decir, que el Gobierno tiene la capacidad de imponer a los bancos
cambios de tasas de interés. Y además, impuso un año de gracia en 2015.
No puede decir que no puede hacer nada, que se trata de un contrato
entre bancos y municipios. Porque sí influyó ya en varias ocasiones.
Con
argumentos fuertes de los municipios, con el apoyo de la ciudadanía y
de los partidos afines, unidos contra la deuda ilegítima, es posible
exigir al Gobierno una actuación para obligar a los bancos a devolver el
dinero cobrado de manera abusiva. (...)" (Entrevista a Eric Toussaint ,Fátima Martín , CADTM, en Rebelión,29/02/16)
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