"(...) Si nos alejamos de esta manera zafia de analizar los diversos casos
de corrupción recientes, todo parece indicar que existen otros elementos
comunes que no son manías sino una historia común entre sus implicados: el haberse enriquecido durante el boom económico y codearse, cual capitalistas, con las grandes fortunas de España, utilizando colectivamente
el amparo institucional del partido y, consiguientemente, aprovechando
un conjunto de posiciones en diferentes ramas del Estado (ministerios,
autonomías, diputaciones, municipios, etc…) para beneficio colectivo.
Aspectos que aluden a la estrategia de los miembros de un partido en
concreto, el Partido Popular, en el cual --a diferencia del Partido
Socialista-- se ha utilizado el partido como forma principal para
construir una nueva clase capitalista, asaltando colectivamente el Estado y sus recursos. Es la nueva beautiful people del boom económico.
Estos elementos apuntan a diferentes fines y objetivos de los
respectivos proyectos del Partido Popular y del PSOE a lo largo de sus
periodos de gobierno.
El primero, cuya ambición desde el primer periodo
de Aznar era constituirse como clase económicamente dominante, usando la
administración del Estado y las cajas de ahorro como sostén económico y
el partido como paraguas que les proteja y coordine colectivamente
(utilizando los resortes y canales indirectos que proporciona el ser
miembro de un partido político).
Frente a un PSOE de Felipe González,
con un proyecto de inclusión de España en la cadena de producción
global, que significó un salto importante para empresas y grandes
fortunas que se beneficiaron de la terciarización de la economía, la
concentración del sector bancario y la privatización de empresas en
sectores estratégicos.
La diversidad en estrategias y proyectos puede darnos pistas sobre
las diferencias en los medios de enriquecimiento ilícito utilizados por
miembros de los dos partidos mayoritarios. Por ejemplo, durante el
periodo de gobierno del PSOE, particularmente en los años de bonanza
económica, aparecieron casos sonados como el de Ibercorp, que ligaron el
enriquecimiento de determinados miembros de la tecnocracia del gobierno
(Mariano Rubio o Luis Ángel Rojo) con prácticas irregulares en el
mercado bursátil, o el caso Filesa, la trama de financiación irregular
liderada por Navarro, Sala y Galeote, que recurría a la realización de
informes ficticios a empresas.
A diferencia de estos, en el caso de
miembros del Partido Popular, estos han quedado directamente ligados al
sector inmobiliario y de servicios, involucrando a cuadros del partido
que tenían posiciones en la administración local, autonómica y nacional,
como cargos electos y miembros del núcleo directivo del partido en sus ámbitos territoriales respectivos.
Para entender la particular estrategia del Partido Popular es
necesario remontarse a las dos legislaturas de gobierno de Aznar
(1996-2004). En la primera legislatura se inicia un movimiento de
privatización del conjunto de grandes empresas españolas, tras el cual
el líder del PP recurre al BBVA –bajo el control de su delfín Francisco
González, hasta entonces presidente de Argentaria-- como sostén
económico para su proyecto de conducción del aparato económico.
Esto
suponía que debían ayudarles en proyectos complejos, como por ejemplo
Terra, en cuyo desarrollo se cruza el BBVA en 2000, haciéndose con el 3%
de las acciones por recomendación de Aznar; o comprando una parte
importante del accionariado de la privatizada Telefónica hasta llegar al
6,5% en 2003 (siendo actualmente de un 6,89%). No obstante, a partir de
la mayoría absoluta del Partido Popular en el año 2000, se da un punto
de inflexión en su proyecto económico.
La estrategia inicial al llegar
al Gobierno consistía en posicionar a amigos en los consejos de
administración de grandes empresas para mantener su control (véase
González en BBVA tras la fusión del BBV con la banca pública Argentaria,
Juan Villalonga en Telefónica, o Pablo Isla Álvarez de Tejera, que se
mantuvo en Telefónica tras su privatización --siendo éste director
general de Patrimonio en el Ministerio de Hacienda de 1996 a 2000,
órgano encargado del control de las acciones de la empresa pública).
Control de las cajas
La mayoría absoluta en las elecciones de 2000 y la toma de muchas
comunidades y municipios marcan el inicio de una segunda etapa, que
consistía en tomar el control directo a través de las cajas de ahorros.
Esto suponía canalizar los recursos de un conjunto de cajas de ahorros a
determinadas empresas, bajo la dirección de miembros del partido:
participando estos últimos como consejeros de las cajas y, por ende,
como consejeros de las empresas participadas.
Esto constituye un giro intervencionista
que dará la vuelta a la antigua relación entre el partido y las grandes
empresas: de depender de la voluntad y favores de estas últimas, ahora
son directores, promotores y conductores de estas empresas. En este
momento empiezan sus andanzas, entre otros, José Luis Olivas en Bancaja
(2004-2010), Miguel Blesa en Caja Madrid (1996-2009) o José María
Arribas en Caja Burgos (2003-2011), todos ellos cargos electos por el
Partido Popular.
Desde este momento, se inicia un matrimonio entre partido, cajas de
ahorro y empresas, principalmente con grandes sociedades del Ibex35 y
constructoras.
Bajo este esquema, el partido elige a los miembros de los consejos de
administración de las cajas, los cuales son miembros de las empresas
participadas por estas cajas, arrancando así una cadena de dependencia
de la empresa hacia el partido. Inicia entonces a caminar una nueva
clase económica, una élite política surgida de la burbuja inmobiliaria, cuya diferencia principal con la clase bonita de Solchaga, la beautiful people
de los años 80 y 90, es el carácter patrimonialista de la segunda:
mientras en la primera eran tecnócratas que se enriquecían con
participaciones en el pujante mercado de valores o como miembros de los
consejos de administración, en el segundo caso son propietarios indirectos de grandes empresas.
Es decir, son dueños de
grandes empresas, gracias al marco jurídico de las cajas de ahorros,
que imposibilita la existencia de accionistas que participen en el
accionariado de éstas y permite su control por parte de partidos
políticos.
¿Esto qué significa en la práctica? Por ejemplo, que actualmente, en
el supuesto de que un líder del PSOE necesite de la ayuda de una gran
empresa española, éste tenga que recurrir a viejos favores personales
entre cuadros del partido y exmiembros del Estado que se colocaron en
la gran empresa (por ejemplo, entre Solchaga y numerosos consejeros del
Ibex).
En cambio, en el caso del PP, el proceso es diferente: el marco
de la conexión entre una empresa y el político de turno no es
individual, sino grupal, es decir, no son favores personales lo que unen a miembros del partido y empresarios, sino una relación de dependencia, pues ambos forman un mismo grupo económicamente dependiente.
José Luis Olivas, Francisco Camps, Ricardo Costa, o Carlos Fabra por
la Comunidad Valenciana; Francisco Granados o Jesús Sepúlveda por
Madrid; Jaime Matas por Baleares; Miguel Blesa, Rodrigo Rato y Luis
Bárcenas por el PP nacional y una infinitud de cargos del Partido
Popular no son, por tanto, sujetos independientes que mantuvieron una
relación de concupiscencia con el poder económico.
Eran miembros de una
clase organizada que, con el ánimo de enriquecerse y constituirse en la
nueva jet set, asaltó el Estado en el momento del salto de España a la economía global.
La cárcel para muchos de ellos opacará la otra parte de la misma
moneda: las grandes empresas y sus respectivos propietarios,
beneficiados por recursos del Estado y de las cajas de ahorro.
Pues,
gracias a miembros del Partido Popular y su papel director en las cajas
de ahorros y la administración pública, muchas de las empresas de
construcción hoy sobreviven: Sacyr, propiedad de Demetrio Carceller,
Juan Abelló, Manuel Manrique y Luis Del Rivero, la cual tuvo un 12,3% en
manos de Novacaixagalicia, Unicaja, Caja Murcia y Caja Ávila; ACS, de
Florentino Pérez y la familia March, cuyo mayor acreedor, Caja Madrid,
le facilitó créditos sucesivos, de 5.000 millones en 2006 para la toma
de control de Iberdrola, de 1.500 millones en 2009 para refinanciar su
deuda, y de 2.058 millones en 2012; o FCC, cuyo principal propietario,
Esther Koplowitz, ha llegado a un acuerdo con Bankia y BBVA, principales
acreedores, para comenzar a pagar el crédito pendiente de cerca de
1.000 millones a partir de 2020.
La historia de la nueva beautiful people está plagada
de pelotazos urbanísticos y asientos en grandes empresas del Ibex35.
Capital y poder en forma de propiedades inmobiliarias, créditos y
ayudas, que, tras la intervención de las cajas de ahorro, quedan hoy en
manos del Estado --del FROB y SAREB, propietarios de sus activos
financieros e inmobiliarios--, se ha permitido salvar de la hecatombe a
parte de la nueva beautiful people y a viejas familias
capitalistas (véase los Koplowitz, la familia March, los Carceller, los
Daurella y otros).
Todo ello nos deja ante la segunda parte del asalto
al Estado, pues habrá que ver qué se hace con los ingentes recursos que
quedan en manos del Estado y que son, por una cuestión de herencia,
propiedad del grupo económico del Partido Popular. De ahí la
animadversión, de muchos empresarios y miembros del PP, a dejar en manos
de personas ajenas, véase Podemos, lo que fue siempre considerado de su propiedad." (Rubén Juste de Ancos, CTXT, 10/02/16)
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