“20 años, sano, deportista, no bebo alcohol. Vendo mi riñón.”

"En Letonia un riñón vale 6.000 euros. Los efectos de las crisis económica en el país báltico fueron mucho más dramáticos que en el sur de Europa. Tras pedir un rescate de 7.500 millones e ingresar en la Eurozona, la devaluación interna disparó la compraventa de órganos de personas jóvenes  (...) 

“20 años, sano, deportista, no bebo alcohol. Vendo mi riñón.” Éste es el texto de uno de los anuncios en Internet consultados por periodistas del diario letón Diena para un reportaje publicado el pasado 17 de febrero. No es el único de este tipo. 

Los anuncios vienen acompañados de una dirección de correo electrónico o un número de teléfono. Los periodistas de Diena decidieron contestar a varios de estos anuncios haciéndose pasar por un potencial comprador, una mujer de 25 años llamada Sarah, cuya madre hospitalizada requería urgentemente un trasplante de riñón.

Según el relato del periódico, en menos de un día recibieron la primera respuesta: una adolescente de 19 años dispuesta a donar su órgano a cambio de una suma de entre 15.000 y 20.000 euros. Los periodistas, haciéndose pasar por Sarah, le contestaron que, después de trabajar varios años en Noruega, disponía de la cantidad y estaba dispuesta a pagarla. 

En el intercambio de correos la joven ofrece más información sobre su vida privada: está casada, reside en las afueras de Riga, le preocupa el procedimiento y si la operación la llevarán a cabo en Letonia. Los periodistas, haciéndose pasar por Sarah, la tranquilizan: el trasplante lo realizarán médicos profesionales en el hospital universitario Pauls Stradiņš (PSCUH). La mujer se compromete a un encuentro personal para acudir juntos a los análisis previos la operación.

Otro potencial vendedor, un joven de 20 años que también vive en las afueras de la capital, es el siguiente en contestar. Tras un rápido intercambio de correos, acepta el mismo precio y envía su número de teléfono para concretar una cita. El tercero en responder es un adulto que actualmente reside en el extranjero y que se contenta con una cantidad inferior de dinero: unos 6.000 euros.

Los periodistas de Diena organizan un encuentro con el joven de veinte años en un café próximo a la estación central de trenes. Nervioso y visiblemente agitado, confiesa que utiliza el nombre de otra persona por motivos de seguridad y afirma que no tiene miedo a la operación. Tras un breve diálogo, los periodistas deciden finalmente poner fin a la reunión y al reportaje e informar a la Policía para que investigue los hechos.

 A diferencia de otros países, el código penal de Letonia, explican los periodistas de Diena, no contempla castigos para quienes tienen la intención de vender de sus órganos, aunque sí para los médicos que se presten a la operación –con penas de hasta siete años de prisión y la prohibición de trabajar por un período de cinco años– y para los intermediarios en la venta.

El reportaje termina con las declaraciones del jefe del departamento de trasplantes de riñón del PSCUH, Jānis Bicāns. “Muchos vienen aquí al departamento. Si en los medios aparece la noticia de que faltan donantes de órganos, aparecen quienes los quieren vender. Por supuesto, los rechazamos.” 

Bicāns sólo puede hablar de lo que ocurre en el hospital. Fuera de él, añade, es imposible saber si este tipo de transacciones se llevan finalmente a cabo. Los motivos alegados por los donantes contactados por Diena iban desde cubrir deudas hasta conseguir el capital necesario para poner en marcha un negocio propio. (...)

En un texto para la revista Forbes, el analista Mark Adomanis recordaba hace unos meses que las repúblicas bálticas han perdido en conjunto un 22% de su población desde 1990. En el caso de Letonia, ese porcentaje asciende hasta el 25,5%, principalmente debido a la emigración y la baja natalidad, lo que en el futuro podría hacer tambalear su sistema de pensiones.

 La entrada del país en la Unión Europea no frenó esta hemorragia demográfica, de la que apenas existen equivalentes en el mundo: en 2013 hasta un 10% de la población había abandonado el país desde 2004, el año en que Letonia entró en la UE.

Hudson y Sommers describen gráficamente este proceso como una “eutanasia” y concluyen que el modelo letón sólo puede “funcionar” si se aplica “a un país pequeño dispuesto a llevarlo a cabo y capaz de permitir que emigre al menos un 10% de su población, comenzando por los titulados, los más aptos y los que tienen un mayor conocimiento de idiomas”. 

Las tres condiciones restantes son “una demografía segura para gantizar el desplome de las tasas de formación de familias, matrimonios y nacimientos”, “una población dividida étnicamente que permite a los políticos jugar la carta étnica para distraer a la población de los problemas económicos” y “una población despolitizada dispuesta a ceder la protesta después de un breve período de tiempo”. (...)"          (Àngel Ferrero  , Sin Permiso, 21/02/2016)