"(...) El presidente Richard Nixon (1969-1974) sentó las bases de la actual
política persecutoria después que el nivel de consumo en los
estadounidenses se elevó exponencialmente en los años 60.
Lo que nunca se ha reconocido es que el número de adictos a las
drogas ilegales creció por el apoyo de la Casa Blanca a los productores
de opiáceos, como la entonces Vietnam del Sur, ni tampoco la promoción
directa del consumo que hizo entre sus soldados para resistir el
infierno de la guerra que perdieron.
Tampoco se habla del beneficio económico que deja el combate al
narcotráfico para los fabricantes de armas, ni del presupuesto
millonario asignado a la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos.
Después de recorrer 8.000 kilómetros desde América Central, la
Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia llegó a esta ciudad, que
alberga la Casa Blanca, sede de la Presidencia, y el Parque Lincoln,
testigo de muchas manifestaciones por los derechos civiles y donde
Marthin Luther King dio su emblemático discurso por el trabajo y la
libertad en 1963.
Los activistas promueven el cambio de enfoque en la política de
drogas. Las posturas son diversas, pero todos coinciden en la
importancia de abrir la discusión.
Aquí, tres posturas que apuestan a un cambio de paradigma para las comunidades que sufren las consecuencias de esta política.
1) Con reservas, la legalización para la población blanca de clase media
En Estados Unidos, las víctimas invisibles de la guerra contra las
drogas son los afroamericanos y los latinos, dice el activista Marco
Castillo.
Entonces comienza a lanzar una serie de cifras que lo explican: 37
por ciento de las personas presas en cárceles federales son latinos por
delitos no violentos vinculados a las drogas; 20 por ciento de los
presos en prisiones generales son latinos, siendo ellos el grupo étnico
migrante más bajo, con 17 por ciento.
“Discriminación, marginación económica, social y política, eso es lo
que vemos. El tráfico de drogas, de armas, de personas, encuentra en las
comunidades latinoamericanas condiciones para arraigarse porque la
gente busca desesperadamente trabajo, tiene intereses de desarrollo y
las opciones que el Estado provee no son suficientes”, dice Castillo.
“Por ahí es por donde se ha ido desarrollando esta industria, en las
comunidades más pobres de Estados Unidos y América Latina, entonces se
fortalece el estereotipo de que los latinos son traficantes, ‘gangueros’
o miembros de bandas delictivas y una vez más, se desarrollan políticas
públicas de criminalización y persecución”, añade.
El activista mexicano, director de Asociación de Apoyo a las Familias
Migrantes (Apofam) celebra las recientes legalizaciones del consumo de
drogas que se han dado en distintos estados de Estados Unidos, como
Colorado, Oregón, Washington y Alaska.
Sin embargo, advierte que de quedarse ahí, esas políticas serán
benéficas solo para las clases medias, altas, blancas, privilegiadas,
sin romper con las dinámicas de desigualdad que han generado violencia y
marginación en las comunidades pobres.
“Lo que hay ahora (en Estados Unidos) son soluciones que tienen que
ver con el derecho de clases medias y altas al consumo. En ese sentido
el panorama no es el mejor”, argumenta Castillo.
“Las soluciones de regularización y legalización regionales no van a
tener impacto en la vida de las comunidades, solo tenemos ciertos focos
donde ciertas clases van a acceder al consumo y donde el resto de las
poblaciones van a seguir sufriendo el impacto”, explica.
Por ello, aduce, “se necesita cambiar el enfoque, a uno de salud
pública, libertades individuales y atacar las causas estructurales de
desigualdad. Mientras haya comunidades pobres va a haber industria que
saque ventaja de ello”.
2) Por una regularización con usos médicos
El obispo Martín Barahona subió a la Caravana por la Paz en su país
natal, El Salvador, un país que inició 2016 con 23 homicidios diarios.
Lo hizo convencido de que la guerra contra las drogas es una excusa
para justificar el armamentismo y militarización de los países de la
región centroamericana.
Y también de que las principales víctimas son los jóvenes que viven
la violencia de pertenecer o no a una pandilla, la violencia de la
policía que persigue y la violencia de no tener acceso a sus derechos.
Para este obispo emérito de la Iglesia Anglicana, una propuesta es la regularización de las drogas para fines de salud.
“Venimos con la propuesta de una regularización de las sustancias
psicoactivas, pero no con una visión punitiva sino de salud pública.
Regularización en condiciones de que las drogas puedan ser usadas para
tratamientos de medicina, con fines de salud, terapéutico, que esté a la
mano de quien lo necesita, no de quien lo puede comprar”, explica.
3) Necesario, el combate a la impunidad
Vitalino Similoux Salazar, secretario general del consejo ecuménico
cristiano de Guatemala, plantea la urgencia de fortalecer el estado de
derecho y el sistema de justicia en los países latinoamericanos, a la
par de la discusión del combate contra las drogas.
“Se empieza a hablar sobre la despenalización, la legalización, pero
esto debe hacerse desde un tratamiento integral al tema, pero sobre todo
políticas públicas que atiendan a las comunidades históricamente
castigadas, como en Guatemala que han sido los migrantes”, dice.
Vitalino, quien ha escrito varios libros sobre los pueblos indígenas
de su país, dice que la política prohibicionista de las drogas del
gobierno de Estados Unidos, ha impactado en el ataque al derecho de los
pueblos a migrar.
“El impacto es la militarización de la sociedad, la violación a los
derechos humanos, lo que hemos visto en Guatemala es un impacto
gravísimo en las familias migrantes, a ellas les ha tocado contener la
violencia de la guerra contra las drogas, son atascados, agredidos y se
les impide su derecho a migrar con el pretexto de detener el flujo de
armas y drogas”, aduce.
“En lo personal, no creo en la legalización, para nosotros es un tema
integral: educativo, informativo, fortalecimiento del estado de derecho
y justicia. Sin eso, no podemos esperar resultados de otras políticas
regulatorias o legalizatorias”, concluye. (...)" (Daniela Rea y Mónica González, Other news en español, 24/04/16)
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