"La Comisión Europea ha decidido finalmente imponer una multa simbólica
de 0 euros a España y Portugal por no haber tomado medidas efectivas
para respetar el tope de déficit público impuesto.
Es la primera vez que
se hace efectiva una sanción por un incumplimiento del límite de
déficit público, a pesar de que a lo largo de toda la historia de la
Unión Europea ha habido nada más y nada menos que 165 incumplimientos.
Lo cierto es que ya muchos advertíamos de que no iba a haber multa
económica ya que la misma lo único que lograría sería elevar el déficit
público y lo que quiere Bruselas es precisamente que se reduzca.
No
existiría nada tan absurdo como imponer una sanción que agravaría la
situación que se pretende corregir. En cualquier caso, a cambio de
descartar la multa económica Bruselas ha impuesto unas metas fiscales
para el Estado español mucho más duras que las anteriores, a saber:
objetivo de déficit público de 4,6% sobre el PIB para 2016, 3,1% para
2017, y 2,2% para 2018.
Todo ello implicaría que el Estado español
tendría que recortar el déficit en más de 30.000 millones de euros desde
2015 a 2018, que es aproximadamente la misma cantidad de gasto público total que se ha recortado desde el año 2009 hasta 2015. (...)
Estamos hablando de unas medidas fiscales absolutamente salvajes que
no sólo resultarían gravemente perjudiciales para la mayoría social,
sino que también serían completamente nocivas para la actividad
económica, amén de que lo más probable es que ni siquiera sirviesen para
cumplir con los objetivos de déficit público (como ha ocurrido en todos
los años anteriores).
A decir verdad, el recorte de 30.000 millones de
euros sería sobre el déficit público, por lo que no necesariamente
habría de pasar por tijeretazos en el gasto público, sino que también se
podría recurrir a incrementos de ingresos.
Algunos de estos ingresos
aumentarán probablemente por el efecto de la actividad económica, como
viene ocurriendo últimamente con el IVA o con los impuestos especiales
(sobre hidrocarburos, tabaco, bebidas alcohólicas, etc)[1],
que son, por cierto, los más injustos ya que los paga tanto la persona
sin recursos como la persona más rica del país.
Algunos otros ingresos
podrían mejorar por el afloramiento de fraude fiscal o por nuevos
incrementos de impuestos, pero en cualquier caso es evidente que estos
objetivos fiscales están emplazando al futuro gobierno a recortar
muchísimo en gasto público, aunque no sea en 30.000 millones de euros.
Pero lo que hay que tener claro aquí es que estas medidas fiscales
están profundamente equivocadas si lo que se pretende conseguir es
reducir el déficit público y mejorar la economía. Ahora bien, si –como
más bien parece– lo que se pretende conseguir es que se reduzca todavía
más el Estado del Bienestar español, entonces estas medidas son las más
adecuadas.
Lo he explicado hasta la saciedad: el déficit público y la deuda pública no son el problema;
son la manifestación del problema. En un contexto de recesión y
estancamiento económico el déficit público se dispara inevitablemente
porque hay automáticamente menos ingresos y más gastos públicos (en
desempleo y otras prestaciones sociales, fundamentalmente).
No es algo
siquiera que puedan controlar los gobernantes. En cambio, cuando hay
crecimiento económico, el déficit público se reduce (e incluso puede
convertirse en superávit, como ocurrió en el Estado español en 2006 y
2007) porque hay automáticamente más ingresos y menos gastos. En
consecuencia, la mejor forma para reducir el déficit es impulsando la
actividad económica.
Y si para ello hay que incrementar la inversión y
gasto público (y hay que hacerlo), entonces no importará que a corto
plazo se incremente algo el déficit público, porque activará un proceso
que logrará que en el futuro el déficit se reduzca. (...)" (Eduardo Garzón, 27/07/16)
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