"La magnitud del problema del déficit de la Seguridad Social, que crece
por primera vez en la historia cuando también lo hace el empleo, puede
hacer pensar a los españoles que el propio modelo de reparto ha entrado
en crisis.
Como en su día conseguimos frenar el déficit en un contexto
de intensa destrucción de empleo (desde 2008 a 2011), me interesa
exponer al menos cuáles podrían ser otras razones de este desequilibrio
creciente desde 2012. (...)
El problema está en las cotizaciones, porque el Estado ya abona a su
cargo todas las prestaciones no contributivas. En 2015 las cuotas han
recaudado 4.800 millones menos que en 2011 (100.493 millones frente a
105.312). ¿Por qué razón? Porque las cotizaciones de desempleados y las
bonificaciones compensadas por el Estado, que hace cinco años superaron
los 10.350 millones, ahora han supuesto sólo 6.600.
Los desempleados
cotizan menos años (desde los 55, antes los 52), por menores bases (el
SMI ahora, antes más) y con mayores incompatibilidades. Todas las
bonificaciones las abona ahora a su cargo la Seguridad Social (3.700
millones), y antes el Estado corría con una parte sustancial.
Los
desempleados cotizantes bajan en la misma proporción que pierden
prestaciones, y mientras el sistema de pensiones paga su déficit con el
Fondo de Reserva, el resultado positivo del Servicio Público de Empleo
revierte a Hacienda. (...)
Las nuevas cuotas son inferiores, porque ahora los sueldos son
exiguos. Cierto, pero también que la congelación del salario mínimo se
ha trasladado miméticamente a todas las bases mínimas de cotización, que
podían haber crecido.
Y desde luego sería necesario un control más
detallado de los contratos menores de siete días, que con frecuencia
escapan a los recargos legales preceptivos por festivos y vacaciones. Ni
la Tesorería General ni la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han
conseguido en los últimos años frenar la infracotización.
Luego están las horas extraordinarias, que se han trasladado a
sectores enteros de la economía sin control. Las prácticas en centros de
trabajo de becarios y estudiantes, que no cotizan en ningún caso. Las
cuidadoras familiares de personas dependientes o discapacitadas, que
después de entregar su vida a sus familias han sido privadas de
cotización. (...)
La tarifa por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
tenía más de 400 epígrafes en 2004, y acabó en 2011 con 17 tipos de
cotización sin merma de ingresos. En otros países europeos hay tarifas
únicas, tres o cuatro tipos… Los sectores exportadores y más
competitivos suelen pagar un tipo más alto del medio.
¿Por qué no seguir
con la convergencia? Como en otros tipos de cotización, antes
bonificados, y que ahora deberían incrementar paulatinamente sus cuotas:
empleadas de hogar, sistemas especiales…
Estas medidas supondrán mayor esfuerzo fiscal a empleadores y a
empleados. O trasvasar superávits de otros sectores públicos que
minorarían el déficit de la Seguridad Social. No resolverían el
problema, pero probablemente lo redujeran a la mitad. Y en todo caso, no
hay soluciones mágicas: deberemos pagar más.
Podemos elegir si un
recargo que se aplique a la parte del salario que excede la base máxima
de cotización, a los beneficios empresariales sin incidencia del trabajo
y a las actividades que ahora no cotizan es una forma adecuada de
financiar la Seguridad Social, si preferimos reducir o retrasar las
prestaciones, o pagar en la misma forma que ahora más impuestos para
financiar algunas pensiones.
Todas las alternativas pueden exponer argumentos razonables. Pero
tengamos en cuenta que el peso del factor trabajo en el PIB sigue
disminuyendo, y que otros países con sistemas de pensiones de reparto ya
aplican medidas como las señaladas.
Porque la crisis no es de modelo,
ni siquiera ideológica: todos los Gobiernos anteriores, también el de
Aznar, respetaron la Seguridad Social. No estamos ante el apocalipsis,
sino ante un problema de incompetencia en la gestión." (Octavio Granados, El País, 22/07/16)
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