Agentes judiciales de Granollers desahucian a una anciana de 88 años por no pagar un recibo de basura

 

 Ana Vilanova, de 88 años, desahuciada

"Agentes judiciales del Juzgado de Granollers han hecho efectiva la orden de desahucio dictada hace unos meses por el Tribunal Supremo, en relación a la decisión de declarar rescindido el contrato de un arrendamiento de una vivienda de la calle Joan Pere Fontanella ocupado desde el 1963 por Anna Vilanova, de 88 años. 

La decisión del Tribunal Supremo ratificaba otra sentencia anterior dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona.

 La mujer, de 88 años, ha tenido que abandonar el piso en el que ha vivido los últimos 53 años de su vida. Una vez que fue cambiada la cerradura de la puerta de entrada del piso, Anna Vilanova no ha podido volver a ingresar ya a su domicilio. 

Desesperada y acompañada de unos familiares y ya en la calle, reclamaba “justicia” y se mostraba “indefensa y sola”. Si bien el desalojo fue llevado a cabo hace ya tres días la noticia ha llegado hoy a nuestra redacción, ya que hasta el momento solo había sido difundida por medios locales de Granollers. 

Mientras tanto, operarios de una agencia de mudanzas desmontaban y cargaban a toda velocidad el mobiliario en un camión que había aparcado a pocos metros de la puerta de acceso al bloque de pisos. De la ropa y los objetos personales, cuidaban sus familiares. (...)

Según recogía la primera sentencia del caso, la propietaria del piso decidió rescindir el contrato que había entre ambas partes por el impago de un recibo de basura por parte de la arrendataria a la propietaria, que sí había hecho el pago en el Ayuntamiento.Vilanova consideró que la sentencia era «una injusticia» y aseguró que buscaría unasolución. Finalmente, los agentes judiciales ejecutaron la orden de desahucio yvaciaron los muebles del piso.

Dada la dimensión social que el caso adquirió, el pleno municipal aprobó una moción, presentada por ERC-AG, que manifestaba “la incomprensión del Ayuntamiento” ante la decisión judicial. La moción fue aprobada a finales de enero para todos los grupos municipales, excepto la CUP, que se abstuvo en estar en desacuerdo con una enmienda que retiraba de la propuesta inicial las alusiones al cumplimiento de la ley 24/2015. 

La ley establece que en caso de que no se pueda parar un desahucio, la administración debe procurar el realojamiento. "                  (Kaos en la red, 21/10/16)