16.1.17

La subasta de fármacos andaluza permitirá ahorrar 1.500 millones al conjunto del Estado

"En 2012, en pleno epicentro de la crisis y con las administraciones forzadas a aplicar duros recortes en el gasto público, el Gobierno de Andalucía aprobó la polémica subasta de fármacos, una medida que buscaba un ahorro considerable para la sanidad pública en la adquisición de los medicamentos con principio activo más demandado.

El beneficiario sería el contribuyente, pero la medida, claro, irá en detrimento de las grandes farmacéuticas dispensadoras de medicinas, que se vieron obligadas a rebajar el coste de sus productos si querían vendérselos al Sistema Andaluz de Sanidad (SAS). Desde el principio la Junta planteó esta estrategia con ciertas dosis de demagogia, como un pulso entre los grandes lobbies farmacéuticos y los pacientes de la sanidad pública.

Pero no había duda de que se estaba zarandeado un negocio de un volumen considerable, de hecho, sólo cuatro de los 11 laboratorios que se presentaron a la primera puja y ganaron el concurso rubricaron finalmente el acuerdo con la Consejería de Salud. Fue un intento de las grandes firmas (Bayer, Sanofi, Abbott, Ranbaxy, UCB Pharma, Nycomed Pharma y Janssen Cilag) de boicotear la subasta, pero ésta se mantuvo en pie gracias al interés de los pequeños laboratorios. 

Aun así, el Gobierno central de Mariano Rajoy recurrió la subasta de fármacos andaluza ante el Tribunal Constitucional, acusando a la Junta de invadir las competencias del Estado y de romper el principio de igualdad de los españoles al acceso de medicamentos. El Constitucional paralizó cautelarmente la norma, pero al poco tiempo levantó la suspensión hasta que hubiera un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Éste llegó hace unos días: los jueces fallaron a favor de Andalucía, poniendo fin a cuatro años de litigio entre el Estado y el Gobierno andaluz.

Esta sentencia abre la puerta a que otras comunidades autónomas implanten el mismo sistema de compra de medicamentos, lo cual supondría un ahorro global de más de 1.500 millones de euros para el Sistema Nacional de Salud, según un informe del Colegio de Médicos de España, en el que ahora se escuda el gabinete de Susana Díaz. No está claro que el Gobierno de Rajoy vaya a extender la subasta de fármacos, porque incluso tras la sentencia del Constitucional mantiene un pulso político con la Junta, rechazando abiertamente el modelo.

“Si se atreviera a dar ese paso”, explican desde la Consejería de Salud, “abriría un frente de confrontación con la poderosa industria farmacéutica, que factura cada año millones de euros en todo el país”. El sector (fabricantes y comercializadores de genéricos) ha perdido un 20% de ventas de unidades entre 2013 y 2016 en Andalucía, según fuentes del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, el modelo no tardará en ser exportado, puesto que ya hay cuatro comunidades gobernadas por el PSOE que se han interesado por la subasta de fármacos, y prevén implantarlo a partir del próximo año.

El fallo del Constitucional ha sido un varapalo para las grandes farmacéuticas, pero también para el Gobierno central, que ha echado por tierra las críticas vertidas por el PP durante los últimos cuatro años. “La selección por el Sistema Andaluz de Salud (SAS) a través de la correspondiente convocatoria pública de los medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia no establece diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud, catálogo y precios”, concluye el fallo. La sentencia niega, como denunció Rajoy y el PP, que la subasta de fármacos de Andalucía rompiese la igualdad de acceso de todos los españoles a las medicinas. (...)"                   (Público, 02/01/17)