"Se han analizado hasta la saciedad las consecuencias de la crisis que
venimos arrastrando para los ciudadanos, los dramas de familias abocadas
a ser desahuciadas por no poder hacer frente a sus cuotas hipotecarias,
los impagos de créditos personales, los embargos de salarios ya en
ocasiones precarios, aún siendo el ingreso único de una familia, por
haber quedado en paro la otra mitad de la pareja. (...)
En cuanto a la legislación sobre deudas, todas las situaciones estaban
perfectamente tasadas: el ciudadano que adeudaba alguna cantidad
económica debía ser, y de hecho era, sentenciado a devolver el importe
que debía, al que le eran sumados intereses y costas judiciales. (...)
Pero como casi todo en la vida, existe una segunda cara de la moneda:
innumerables casos de personas que, teniendo unos ingresos mensuales
modestos, 1.300 euros, por poner uno más de los ejemplos reales
conocidos, su entidad bancaria les ofrecía una tarjeta de crédito con un
límite mensual de 1.500 euros, con posible ampliación de límites, y a
pagar en cómodas cuotas cada 30 días.
Además, empresas privadas de créditos "rápidos" de
forma paralela ofrecían otras tarjetas de crédito o préstamos por
importe variable, igualmente a devolver en cómodas cuotas mensuales.
Llegado el momento, la bola de nieve de cuotas no pagadas iba haciéndose
más y más grande, el uso de la tarjeta de crédito aumentaba para
compensar el pago de esas cuotas (el viejo refrán de desvestir a un
santo para vestir a otro), hasta que la vía de agua de la deuda
terminaba ahogando al deudor.
Aplicada la ley, el resultado era un embargo salarial
del 33% por espacio de varios años, con lo cual su día a día se veía
reducido a trabajar (el que podía) y malvivir con más dificultades que
al principio.
¿De verdad creen que nadie cayó en la cuenta de que
el propio banco, o entidad de crédito, era (o debería ser) muy
consciente de que los ingresos del cliente al que le facilitaban acceso a
ese dinero extra harían prácticamente imposible su recobro?
¿Ningún directivo, experto financiero, supo o quiso
ver que esos créditos serían a medio plazo irrecuperables? ¿Cuál fue el
motivo real de amparar operaciones que supusieron pérdidas para las
entidades?
¿Existe una ética en proporcionar un recurso
económico "ficticio", artificial y temporal, bajo supuesta facilidad de
devolución, a este tipo de personas? ¿O era realmente un regalo
envenenado, a sabiendas de su prácticamente imposible recobro?
Tal vez es mejor que saquen ustedes sus propias conclusiones..." (Raphael Nagel, Crónica global, 23/02/17)
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