"La Audiencia de Barcelona ha ordenado que se investigue si la muerte de diez pacientes del servicio de cardiología del hospital de Vall d’Hebron están relacionadas con los recortes económicos en el centro sanitario y con su incidencia en las listas de espera. De ser así, dice el tribunal, podríamos estar ante “diversos delitos de homicidio por omisión o por imprudencia”.
Esta decisión es consecuencia de la denuncia presentada en
su día por el que fue jefe del servicio de cirugía cardiovascular del
hospital, Manuel Galiñanes, quien lleva año y medio batallando
para que se conozca el impacto de los recortes en la sanidad, en
especial en las listas de espera. En primer lugar, el facultativo lo
puso en conocimiento de la Fiscalía, quien archivó las diligencias tras
recibir un informe del Institut Català de la Salut (ICS) negando
irregularidades.
Una
vez descartada esta vía, el doctor presentó una denuncia en los
juzgados. El magistrado del juzgado de instrucción 27 sobreseyó
libremente el tema, argumentando que decidir si la crisis económica debe
incidir o no sobre el sistema médico “no ha de ser objeto de control
judicial”, como tampoco si “la decisión de ajustes económicos en la
sanidad ha determinado un empeoramiento de las condiciones del sistema
médico público”.
Entonces, el abogado de Galiñanes, José Sánchez Moreno,
presentó un recurso ante la Audiencia de Barcelona. En un auto, el
tribunal ordena al juez que abra una investigación y que indague si las
diez muertes están relacionadas con los recortes y la manipulación de
las listas de espera en este servicio concreto.
En su escrito, el tribunal señala que no comparte “que las
decisiones políticas, de cualquier naturaleza, no pueden tener
consecuencias jurídico penales en ningún caso. (...) Se deberá realizar
el juicio de relevancia penal de la conducta y del hecho, lo que obliga a
examinar la conducta del autor, acción u omisión, (...) y la
posibilidad de responsabilizar penalmente” a quien decidió.
En su denuncia, Galiñanes decía que existían
pacientes con enfermedades graves que necesitaban ser operados
urgentemente y que no se hizo. La causa: los recortes, que se plasmaron
en que en lugar de quince intervenciones semanales, tan sólo se hacían
tres. Para camuflarlo se modificaron, siempre según la denuncia, las
listas de espera del servicio.
En total, cita diez casos ocurridos entre agosto del 2015 y
mayo del 2016. Al respecto, se aporta el dato de que la Sociedad
Española de Cardiología y la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular
indican que un paciente de este tipo no pueda aguardar la intervención
más de 90 días, y todos los denunciados superan esta barrera, llegando
incluso a los 140 días.
Y se explica también que uno de ellos debía
pasar por quirófano el 30 de julio del 2015, pero ese día sólo se llevó a
cabo una operación, que no fue la suya. Murió el 1 de agosto. Otro
ingresó por un infarto el 5 de marzo del 2016; tendría que haber sido
operado en 72 horas; se le dio cita para el 11 de marzo y falleció el 9.
Galiñanes informó a la dirección del hospital de estas
incidencias y se quejó de la situación mediante varios correos
electrónicos aportados a la denuncia por su letrado, y la Audiencia lo
considera indicios relevantes cara a abrir una investigación.
Además, el
tribunal ordena que el asunto sea revisado por un médico forense
especialista en corazón, que sea “funcionario y al servicio de la
administración de justicia”, y no por el ICS, como recabó la Fiscalía.
El juez ya ha abierto una causa y ahora busca este perito, que será
esencial cara a delimitar si hubo responsabilidades. (...)" (La Vanguardia, 05/04/17)
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