"Hemos tenido que esperar 4 años para que el informe encargado por Enagás
al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de
Harvard confirmara la relación directa entre la operación de inyección de gas colchón del almacén Castor y los seísmos producidos en la zona
.
El conocido principio de la Navaja de Ockham, es decir, la
explicación más sencilla es la más probable, apuntaba a que los que
estaban manipulando el subsuelo son los que hicieron que éste temblara.
Pero claro, si un informe científico lo ratifica, mejor. Si además viene
de los Estados Unidos, aún mejor.
Por desgracia, el estudio también
ha confirmado que la falla de Amposta ha quedado desestabilizada y que
hay peligro de mayores seísmos, -incluso de 6,8 en la escala Richter-,
si se realizan las tareas de desmantelamiento del almacén. Es decir, las
plataformas terrestre y marítima del Castor están destinadas a formar
parte del paisaje de las tierras del Sénia por unos cuantos años.
Y esto
no es gratis, el mantenimiento anual sale a razón de 16 millones de
euros que se incorporan a los peajes de nuestras facturas del gas ,
junto a la conocida indemnización de 1.350 millones de euros (con
intereses, 2.420 millones en 30 años).
En realidad, si se quiere conocer
el importe de todo lo que pagaremos por el Castor, hay que sacar la
calculadora y sumar numerosos “pequeños gastos”, todos ellos con cifras
de seis ceros, que son el ejemplo más crudo de lo que significan las garantías públicas para los proyectos privados de gran envergadura .
Pero no nos perdamos en cifras. Lo más importante aquí es entender la
lógica que apuntalaba el negocio del Castor. Imaginemos por un momento
que queremos emprender un negocio en un sector en el que no tenemos
experiencia. Situación de riesgo, ¿verdad? No tanto.
El Estado nos dice
que nos pagará todos los gastos hasta que lo pongamos en marcha y que,
si en algún momento no lo vemos claro o cometemos un error grave y
decidimos abandonar, nos indemnizará con todo lo invertido. Además,
cuando el negocio esté en marcha nos pagará una cantidad anual para que
podamos seguir adelante, aunque éste no funcione.
Esas son las garantías públicas concedidas al proyecto Castor
. Por un lado, la empresa ACS de Florentino Pérez no tenía experiencia
en almacenes de gas, aunque las grandes empresas como ACS pueden comprar
la capacidad técnica de otras empresas, y lo hizo asociándose con la
canadiense Dundee Energy.
Florentino consiguió firmar un contrato con la
administración de José Luís Rodríguez Zapatero que blindaba el proyecto garantizando una indemnización incluso en el caso de renuncia
. La indemnización se hizo efectiva 27 días después de que ACS
abandonara el proyecto. Por otro, el almacén estaba dentro de la
planificación gasística y, por tanto, recibiría en el futuro unas
retribuciones anuales, aunque no se usara al ritmo esperado, como está
pasando con las plantas de importación de gas y las centrales de ciclo
combinado.
¿Riesgo? ¿Qué riesgo? Las grandes empresas como la
ACS de Florentino Pérez se erigen como todopoderosas y tienen mecanismos
muy bien engrasados para transferir el riesgo hacia la esfera pública.
El Castor es, por encima de todo, un proyecto-estafa, un negocio
garantizado por las espaldas de la ciudadanía, una suerte de barra libre
de dinero público en un Estado bajo medidas de austeridad , una representación cuasi pornográfica del poder de las élites extractivas.
¿Responsables? ¿Qué responsables? Ni el gobierno de Zapatero , que firmó un contrato totalmente abusivo, ni el gobierno de Rajoy, que ejecutó sin pestañear el pago de la indemnización, son responsables.
Tampoco el Banco Europeo de Inversiones (BEI),
la institución pública que facilitó la inversión para el Castor. Y por
supuesto, nada tiene que ver con ACS ni con Florentino Pérez; era un
proyecto difícil que no salió del todo bien. Existe la confianza
suficiente entre el gobierno y Florentino para saber que la próxima
saldrá mejor.
¿No les recorre por el cuerpo una sensación de
indignación? ¿y si añadimos las autopistas radiales, el túnel de Le
Perthus, la indemnización a Avertis, la línea 9 del metro de Barcelona, y
los conocidos AVEs sin pasajeros y aeropuertos sin aviones? El Estado
español tiene un currículum demasiado extenso de transferencia de dinero
público a las grandes empresas.
En el caso del proyecto Castor
en particular, cabe preguntarse: ACS, ¿continúa recibiendo licitaciones
públicas? ¿qué ha cambiado de su operativa que permita asegurar que un
nuevo Castor no pueda suceder? Si la respuesta es “sí” y “nada”, tenemos
un problema.(...)" (Alfons Pérez
(Observatorio de la Deuda en la Globalización - ODG), Rebelión, 19/05/17)
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