"(...) “Hace tres años llegué a la PAH porque estuve alquilando y se hizo
muy difícil llegar a pagarlo”, comienza a narrar Vera, una de las más de
30 compañeras vallecanas desahuciadas por Bankia entre abril y mayo.
Entonces pasó a vivir en un piso de una habitación con su pareja y sus
tres hijos, mientras estaba embarazada de su cuarta hija. Como tantos
otros, tuvieron que elegir entre pagar el alquiler de aquellos escasos
metros cuadrados o comer.
Desde el primer momento se movilizaron para buscar recursos, pero la
respuesta institucional no les sirvió de mucho. “Si lo que te ofrecen
los servicios sociales es quitarte los hijos,
no te están ayudando, te están jodiendo más”, critica Vera. Fue en la
asamblea de PAH Vallekas, a la que llegaron en pleno auge de la campaña
de la Obra Social de la PAH,
donde encontraron la solución.
En poco tiempo la pareja se asentó en un
piso recuperado a SAREB. No obstante, Vera tuvo que irse de la vivienda
poco más de un año después de separarse del padre de sus dos hijas
pequeñas. Se trasladó a otro piso recuperado, esta vez de las manos de
Bankia.
En el nuevo piso, Vera –que ahora se ocupa sola del cuidado de sus
hijas de 3, 4 y 12 años y su hijo de 10– se preparó para negociar un
alquiler social para su familia. Sin embargo se enfrentó a las
adversidades que trae la figura judicial cada vez más habitual del “ignorado ocupante”.
Ésta permite desahuciar a cualquier persona habitante de un inmueble
sin necesidad de identificarla, por lo que obstruye también el acceso de
los habitantes a su propia defensa jurídica.
Es lo que le pasó a ella:
al llegar la primera orden de lanzamiento de desahucio, le denegaron
repetidamente su derecho a la justicia gratuita, necesario para recurrir
la orden del Juzgado. Fue tan solo después de insistir repetidamente en
que la identificaran como ocupante del inmueble cuando le permitieron,
con una comparecencia en el Juzgado mediante, ser parte de su propio
procedimiento de desahucio.
Vera solicitó la justicia gratuita. Estaba aún a la espera de que le
asignasen el abogado de oficio cuando llegó el día marcado en la orden
de lanzamiento. Sus compañeros de la PAH le habían dicho que estuviese
tranquila, ya que durante el trámite de justicia gratuita se paraliza el
resto del procedimiento.
Así que aquel día Vera fue a trabajar, dejando
en casa a su hija de 12 años que padece de cardiopatía congénita grave y
llevaba meses esperando una operación que alivie su estado. Nadie
esperaba lo que pasó unas horas más tarde: la comisión judicial
–acompañada de un cerrajero y la policía municipal– se presentó en la
casa. Los vecinos más cercanos se acercaron corriendo.
En la puerta de Vera estaba una procuradora de Bankia cuyo enfoque
humanista remitía al Ayuntamiento de Madrid: lo sentía mucho todo, pero
ya no iba a ser con la PAH con la que Bankia iba a negociar los
alquileres sociales porque, según ella, el Ayuntamiento se hacía
cargo de todo. Los mismos cimientos de la casa se alborotaron al oír
semejante broma.
Los activistas de la PAH recordaron que la alcaldesa de
Madrid había, al fin y al cabo, conseguido pisos cedidos de Bankia en
números redondos: cero. Pero con esa noticia la procuradora barría de la
casa de Vera a los integrantes de la PAH mientras el secretario del
Juzgado mostraba sus ganas de ejecutar el desalojo.
Vera llegó corriendo del trabajo. Enseñando los certificados médicos
de la niña consiguió un aplazamiento de dos meses. Como peaje, Vera tuvo
que dejar aquel trabajo del que salió con fuego en los talones para
proteger a su hija y a su casa.
Es auxiliar de geriatría pero todo lo
que encuentra es temporal, así que sobrevive con los 400–500 euros que
le aportan al mes los trabajos precarios. “Te revientan, pero es lo que
hay”, afirma. Y, ahora sin trabajo, se enfrentaba al segundo intento de
desahucio con menos recursos aún que en el primero.
Pero Vera no paraba de buscar una solución. Lo que le ofrecieron
desde las instituciones a la madre sola de cuatro hijos, no llegabas ni a
ser un parche.
“Los servicios sociales me decían que ayudaban a pagar
la fianza y una cuota de alquiler. Pero luego ¿cómo pago yo un
alquiler?” se pregunta Vera. En la víspera del segundo intento acudió a
la desesperada a las oficinas de la Área de Equidad, Derechos Sociales y
Empleo del Ayuntamiento para hablar con la concejala Marta Higueras.
Le
pusieron en contacto por teléfono con Dolores Sancho, su asesora.
“Sabían de mi desahucio”, afirma Vera. “Lo que pasa es que la jefa de
servicios sociales de San Diego [Vallecas] le había dicho a Dolores
Sancho que yo había rechazado una vivienda de emergencia social, por lo
que entendían que no estaba necesitada”. Vera asegura que es una
mentira, porque nunca me la han ofrecido una alternativa. “Igual que
Bankia, intentan pasar la pelota de una a otra”, resume.
El viernes 19 de mayo Vera madrugó, junto a varios compañeros de la
PAH, para ver un circo policial de hasta 15 furgones de la unidad
policial –popularmente conocida como los antidisturbios– en los
alrededores de la casa. No cabía ni mencionar una prórroga.
La comisión
judicial ni siquiera se acercó a la puerta; solo había diez hombres
armados con un ariete y cara de pocos amigos. Una semana después le
pregunto a Vera cómo vivió aquello. “Aunque yo estuve allí súper entera,
tengo unas secuelas…” dice y rompe a llorar. “Me dejó muy tocada, llevo
tres años en la PAH y no he visto nunca tanta policía en el desahucio
como en el mío.”
Vera fue realojada inmediatamente después en Sierra de Llerena,
uno de los edificios recuperados dentro de la campaña de Obra Social de
la PAH. Allí su lucha por vivienda digna, iniciada tres años atrás,
sigue junto a otras familias. Dice que se siente acompañada, pero no se
va a olvidar de cómo la han tratado Bankia y el Ayuntamiento. “Me está
saliendo todo ahora, toda la rabia, sobre todo por como jugaron con
nosotros. ‘Ahora sí lo paramos, luego no, ahora sí’…” cuenta. “Eso te
destruye por dentro.”
Ha solicitado un piso de la Empresa Municipal de Vivienda hace años y
sigue a la espera. Tiene claro que el sistema actual de adjudicación de
vivienda es insuficiente. Destaca que las promesas y esperas sucesivas
de entrar en la convocatoria le hacen sentir que lo que recibe es
caridad e insiste en que no es como debería ser: “No es que me vayan a
ayudar en la EMVS, sino porque a mí me corresponde. Estoy en atención
primaria porque soy madre soltera y reúno unas condiciones, no porque
ellos me van a echar una mano”, concluye Vera." (Lotta Meri Pirita Tenhunen, miembro de PAH Vallekas, Saltamos.net, 31/05/17)
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