"(...) Esta intervención soft del Gobierno del PP en
el Ayuntamiento de Madrid hay que verla desde dos perspectivas.
Primero, el ministro Montoro aplica la ley de forma totalmente arbitraria, pues hay más de 600 ayuntamientos en nuestro país que incumplen la regla de gasto. Este factor introduce un sesgo político e ideológico a la hora de examinar las decisiones del Ministerio de Hacienda, lo cual es muy preocupante para la salud de nuestra democracia. (...)
No puede ser que los madrileños, por haber votado a una alcaldesa progresista, vean reducidos sus niveles de gasto público municipal, más cuando el comportamiento presupuestario del Ayuntamiento de Madrid durante estos dos años ha sido todo menos manirroto, sin desatender además crecientes necesidades sociales como en el caso de las escuelas infantiles. (...)
En segundo lugar, la intervención desafía además la ilógica lógica económica de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esta norma, hay que recordarlo, es un desarrollo legislativo de la reforma constitucional pactada en agosto de 2010 por el PSOE y el PP al cambiar el artículo 135 de la CE.
Aunque la ley fue finalmente aprobada en 2012 solo con los votos a favor del PP, CiU, UPyD y UPN, la Ley de Estabilidad Presupuestaria da continuidad a la absurda senda ideológica del “déficit cero” de las administraciones públicas que se inició con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) adoptado por el Consejo de la Unión Europea hace ya veinte años. (...)
La regla de gasto de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria establece que “los gastos no podrán superar la tasa de
referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía
española”. En España es habitual que en épocas de crecimiento los
impuestos crezcan más que el PIB, por lo que la aplicación de esta ley
llevará a que el gasto público crezca siempre por debajo del incremento
de los ingresos, con lo que se pretende, de hecho, reducir
paulatinamente el tamaño del sector público.
La ley en su conjunto, y la regla de gasto
en concreto, tienen como principal objetivo impedir el crecimiento del
Estado del Bienestar sin que la opinión de los ciudadanos resulte
relevante a tales efectos.
Ya surgirán tecnócratas que, inspirándose en
los sacerdotes preconciliares que hablaban en latín para que no les
entendiese el vulgo, se dirigirán a la población para explicarles
aquellas fórmulas matemáticas que impiden que se abran nuevos colegios
para sus hijas e hijos, mejores residencias de ancianos para sus madres y
padres, nuevos hospitales públicos, plantas de energía solar... El
Leviatán neoliberal nunca descansa. " (CTXT, Editorial, 08/11/17)
"El Samur o las escuelas infantiles, el gasto de Madrid que Montoro considera inaceptable.
El mayor argumento que el Ministerio de
Hacienda esgrime para intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Madrid
es haber puesto 428 millones de euros para servicios que debería cubrir
la Comunidad Autónoma o el Estado.
"Competencias impropias" es el término técnico. ¿A qué refiere el equipo
de Cristóbal Montoro? Servicios sociales, educación infantil, atención a
las adicciones y, también, el Servicio Municipal de Urgencias: el
famoso Samur.
Según la conclusión de la resolución del
Ministerio, el Gobierno de Manuela Carmena debería haber prescindido de
este servicio al que dedicó 52 millones en 2016 si quería cumplir. O al
menos a la mitad, según los cálculos del Ayuntamiento.
La asistencia sanitaria de urgencia que presta el Ayuntamiento cuenta
con un acuerdo entre el Gobierno local y el autonómico que cuentan con
sendos servicios similares: el Samur y el Summa, respectivamente. De
hecho en 2012, cuando ambas administraciones estaban dirigidas por el
Partido Popular, se explicó que el Samur se encargaría en exclusiva de
todos los casos en la capital. (...)
Lo cierto es que ningún dirigente ha querido
renunciar al Samur y su imagen. Este servicio, nacido como tal en 1992,
ha sido una fuente inagotable de reputación para los sucesivos alcaldes
madrileños.
Por ejemplo, Alberto Ruiz-Gallardón nunca permitió que el Samur y su gasto fueran cuestionados. (...)
La resolución firmada por la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Belén Navarro Heras,
ha afeado que Madrid, además del Samur, se haga cargo de cosas como los
100 millones dedicados a la inclusión social y atención de emergencia,
los 12 para programas de igualdad de las mujeres, los 16 de atención a
las adicciones, los 10 millones gastado en 2016 en servicios
complementarios de educación (20 millones este año).
Vigilancia de la
contaminación, fomento del empleo, promoción y gestión de vivienda,
medio ambiente…Y así, programa tras programa, hasta sumar esos 400
millones. (...)" (eldiario.es, 08/11/17)
"El Gobierno de Manuela Carmena ha reducido la deuda de
Madrid en 2.070 millones de euros desde su llegada al Ayuntamiento de la
capital.
A pesar de ello, Hacienda intervendrá sus cuentas, en una
decisión sin precedentes, y le pide recortes para los próximos 14 meses
de más de 600 millones. ¿Cómo es esto posible? Porque Hacienda aduce que
Madrid está actuando fuera de la ley, la de la contención
presupuestaria que opera en España desde 2012.
La Ley
de Estabilidad Presupuestaria, aprobada con los votos de PP, CiU, UPyD y
UPN, impide a las administraciones aumentar el gasto público más allá
de una tasa de referencia basada en el crecimiento de la economía
española, lo que se conoce como "regla de gasto". Esto impide a los
ayuntamientos y diputaciones incrementar la inversión a pesar de que
cierren sus cuentas con superávit: el remanente de tesorería debe
emplearse en amortizar deudas e impide a estos gobiernos apostar por
unos presupuestos expansivos.
El Ayuntamiento de
Madrid ha reducido la deuda por encima de lo presupuestado por el
anterior equipo de Gobierno de Ana Botella, y acabará la legislatura
dejándola a la mitad, según sus cálculos. Aún así Hacienda aprieta a una
de las corporaciones locales más saneadas que amortiza deuda y cierra
las cuentas con superávit.
Olimpiadas y M-30
En junio de 2015, cuando Manuela Carmena llega a la alcaldía, Madrid tenía una deuda de 5.583 millones euros. Según los últimos datos del Banco de España, esta cifra se situó en el segundo semestre de este año en 3.546 millones, lo que suponen más de dos mil millones menos en dos años.
Fueron los gobiernos del Partido Popular, en
concreto, los de Alberto Ruiz Gallardón los que dispararon la deuda de
la capital. Gallardón se proclamó alcalde de Madrid en 2003. Entonces,
la deuda sumaba 1.137 millones de euros. Cuando el también expresidente
de la Comunidad de Madrid dejó la alcaldía que había ganado por mayoría
absoluta en 2011 para ser ministro de Justicia con Mariano Rajoy, dejó
las cuentas de la capital con 6.348 millones de deuda: un crecimiento de
más de cinco mil millones de euros en solo ocho años.
Fueron dos mandatos en los que Gallardón disparó la deuda de Madrid
gracias a obras faraónicas como la M-30, el actual edificio del
Ayuntamiento en Cibeles o las costosas infraestructuras olímpicas -hoy
en su mayoría abandonadas- para las candidaturas de los Juegos de 2012 y
2016.
Su sucesora en el cargo, que dejó el propio
Gallardón para irse al Gobierno de Rajoy, Ana Botella, incrementó en un
año esa deuda en otros más de 1.100 millones de euros. De nuevo, para
destinarlo a otra candidatura olímpica, la de 2020, que terminó con un
tercer fracaso y el famoso discurso del "relaxing cup of café con leche
in Plaza Mayor" de Botella.
En los dos últimos dos
años de Ana Botella, tras el fiasco olímpico, la deuda se redujo en unos
1.500 millones de euros, debido a la entrada en vigor de esa ley de
estabilidad: los hombres de negro llamaron a la puerta del
despilfarrador Ayuntamiento de la capital.
Pero ha
sido con Manuela Carmena como alcaldesa cuando la deuda ha decrecido de
forma más notable. Para 2018, el actual equipo municipal espera dejarla
en 2.624 millones, 3.000 millones menos que cuando llegaron. A lo que
hay que sumarle que el superávit anual es de más de 1.000 millones. No
ha sido suficiente como para evitar la intervención de sus cuentas que
Cristóbal Montoro acaba de ejecutar. " (eldiario.es, 07/11/17)
"Madrid está realizando una gestión económica ejemplarizante que genera envidias en el PP".
El Ministerio de Hacienda ha intervenido las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, en una decisión sin precedentes (...)
A pesar de que usted dice que cumplen con la ley, el ministro cree que Madrid la incumple y le señala a usted directamente.
(...) tenemos una responsabilidad institucional enorme
y cuando gobernamos no solo en el Ayuntamiento de Madrid, sino en otras
localidades y municipios, lo que hacemos es cumplir con la legalidad
vigente, al mismo tiempo que la discutimos e intentamos cambiarla.
Lo que pretenden desde el Ministerio de Hacienda es confundir a la
gente diciendo que queremos un trato diferenciado, y lo que queremos es
exactamente lo contrario, que se nos aplique lo mismo que a otras
administraciones públicas.
Si se aplicase el mismo criterio saldríamos ganando porque la ciudad de Madrid comparada con otras administraciones puede demostrar una ejecutoría brillantísima en gestión económica. Desde que gobierna Manuela Carmena hemos reducido la deuda en 2.070 millones de euros. La Comunidad de Madrid para que la gente se haga una idea, en ese mismo periodo de tiempo, ha incrementado la deuda en 5.600 millones de euros.
Si se aplicase el mismo criterio saldríamos ganando porque la ciudad de Madrid comparada con otras administraciones puede demostrar una ejecutoría brillantísima en gestión económica. Desde que gobierna Manuela Carmena hemos reducido la deuda en 2.070 millones de euros. La Comunidad de Madrid para que la gente se haga una idea, en ese mismo periodo de tiempo, ha incrementado la deuda en 5.600 millones de euros.
¿Por qué insiste en que se incumple?
Falta a la verdad. No podemos estar incumpliendo la ley en el momento
que presentamos los planes económicos en arreglo a lo que dice la ley.
Pero, no lo digo yo sino la propia AIReF, se utilizan criterios
diferentes según quién los presentes.
Te pongo un ejemplo. El texto que ha se ha utilizado por el actual equipo de Gobierno es el mismo que utilizó el Gobierno del Partido Popular cuando presentó su plan económico en el periodo 2012-2015, el mismo. El PEF presentado por Alberto Ruiz Gallardón fue aprobado sin ningún tipo de cuestionamiento y ese mismo texto nos lo cuestionan a nosotros, ¿casualidad?
Te pongo un ejemplo. El texto que ha se ha utilizado por el actual equipo de Gobierno es el mismo que utilizó el Gobierno del Partido Popular cuando presentó su plan económico en el periodo 2012-2015, el mismo. El PEF presentado por Alberto Ruiz Gallardón fue aprobado sin ningún tipo de cuestionamiento y ese mismo texto nos lo cuestionan a nosotros, ¿casualidad?
Entonces, ¿se trata de una decisión política más que técnica?
En esta vida todo es política, aunque se pueda adornar con criterios técnicos. Pero la verdad deja muy bien al Ayuntamiento de Madrid y no tan bien a otras administraciones. Hemos cerrado las cuentas el anterior año con superávit de 1.000 millones, rebajado la deuda y aumentado el gasto social. Eso que no interesa, además de mejorar la vida de los madrileños y madrileñas, es la mejor política de empleo. (...)
El Ministerio de Hacienda
ha dicho que la medida impuesta se revertirá cuando el Ayuntamiento
presente un nuevo plan económico-financiero (PEF) que cumpla con la
regla de gasto. ¿Qué considera Hacienda que tienen que cambiar en ese
nuevo plan para cumplir con la ley?
El planteamiento que ha hecho Hacienda es una nueva interpretación de la aplicación de la regla de gasto, no es algo que venga en la ley. No encontrará nadie en nuestro plan económico-financiero y en nuestras actuaciones nada que contravenga la ley.
Y repito, no pueden decir lo mismo gobiernos anteriores del PP, en esta ciudad y en el conjunto del Estado. Sin embargo, le digo, nosotros somos rigurosos en la aplicación de la ley, lo que no depende de nosotros es que la varía el Partido Popular y el Gobierno. El tiempo dará y quitará razones. Hemos ido a los tribunales en el rechazado del primer PEF, el tiempo dirá.
La portavoz del Gobierno municipal anunció que podría recurrir la intervención en los tribunales. ¿Qué espera de la Justicia y qué va a hacer el Ayuntamiento mientras espera la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que suele demorarse?
Esa es una de las medidas que está sobre la mesa, igual que otras que se irán anunciando en cada momento. Mientras llega el pronunciamiento del TSJM haremos lo que hacemos siempre. Creo que tenemos el aval en nuestro tiempo en el Gobierno, de que cuando nos han impuesto medidas con las que no estamos de acuerdo, las acatamos.
Como cuando aprobamos los acuerdos de no disponibilidad de crédito en abril y eso no supondrá un deterioro de las políticas públicas. Seguiremos trabajando para mejorar la ciudad de Madrid. Eso se ha cumplido y de hecho es lo que parece que ha molestado más al ministerio de Hacienda.
El ministro Cristóbal Montoro dijo este martes que si querían gasto social, renunciasen a otros gastos. ¿A qué gastos cree que se refería?
Eso se lo tendría que preguntar a él. Aunque puedo pensar qué tipo de cosas haría el Gobierno central, como ya ha hecho en los actuales presupuestos de España en los que ha aumentado el gasto en Defensa. Sin embargo, la apuesta del equipo de Manuela Carmena es acabar con los desequilibrios territoriales tradicionales y endémicos de la ciudad de Madrid y actuar en el campo social.
¿Cree que esta decisión de Hacienda está vinculada a los requerimientos de Delegación de Gobierno de este verano que afectan a 577 obras públicas?
Es evidente que hay una actuación coordinada entre Hacienda y Delegación de Gobierno.
El Ministerio les abronca por asumir las competencias impropias de Estado y Comunidad, lo que suponen más de 400 millones de euros. ¿Se pueden desprender de esos gastos?
No, porque hay una ley de racionalización local, comúnmente llamada ley Montoro, que lo que dice es que hay competencias que podían no ser del ayuntamiento. Pero si la está prestando un ayuntamiento y el anterior secretario de Hacienda, el señor Beteta, envía una comunicación a todos los ayuntamientos, no solo a Madrid y que es conocida, en la que dice, estoy haciendo una abstracción, "absténgase ustedes de desprenderse de esas competencias aunque no se las financiemos por la situación económica", lo que no puede hacer Madrid es soltarlas.
Entre otras cosas porque estaríamos desobedeciendo a la secretaría de Hacienda, pero además no tenemos intención de soltarlas. Lo que pedimos, y está especificado en el PEF, es que esas competencias debieran recibir la oportuna financiación que establece la ley.
¿Esperaban esta decisión sin precedentes en un ayuntamiento?
Ni a mí, ni a mis compañeros de organización nos ha sorprendido viendo los antecedentes.
¿Cómo resumiría a los madrileños esta discrepancia con el Ministerio de Hacienda?
Son diferencias que tenemos y que tiene una motivación política clara. Madrid está realizando una gestión económica ejemplarizante que puede generar envidias, y lo digo en el buen sentido, en el PP, que no ha sido capaz de hacer esa buena gestión en la capital en las últimas dos décadas. Lo que consiguió es endeudar a Madrid que nos toca resolver al actual equipo de Gobierno. (...)" (eldiario.es, 08/11/17)
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