"(...) En lugar de proyecto colectivo, tenemos un cuerpo de técnicos que van salvando las semanas y pagando facturas,
un entramado corrupto que necesita seguir en el poder para cuidar de
los suyos y un coro de propagandistas dedicados a buscar más excusas que
soluciones.
(...) hoy el paisaje, tras los años más duros de la crisis, es el de la sustitución de los equilibrios y las garantías por el sálvese quien pueda y la incertidumbre. Y ningún país puede vivir así permanentemente. (...)
En España, hoy el contrato social está roto. La
corrupción, la cabalgante y lacerante desigualdad social, los efectos
perniciosos de una ley electoral tramposa, la falta de un acuerdo de
financiación autonómica y municipal o las amenazas a la separación de
poderes han ido erosionando y estrechando una parte de los contenidos
democráticos y sociales del pacto constitucional de 1978 y
sustituyéndolos por una suma amontonada de decisiones coyunturales y
altas dosis de resignación.
Constatar esto no es cargar contra la
institucionalidad sino precisamente llamar a recuperarla y defenderla. (...)
La discusión de cómo rehacer el acuerdo constitucional
hoy tiene que basarse en las necesidades, las dificultades y las
esperanzas de los españoles de hoy, no en los mitos de lo que fuimos
como país hace 40 años. (...)
Este nuevo acuerdo como país nos permitiría suturar las cuatro brechas que definen el presente
y auguran un futuro incierto: la brecha entre crecimiento y bienestar,
la brecha intergeneracional, la brecha territorial y la brecha entre
representantes y representados.
España lleva ya más de dos años de crecimiento económico, pero por primera vez el crecimiento no comporta un aumento del bienestar.
Mejoran las cifras de empleo, pero no crecen los salarios, ni se
reducen las tasas de pobreza, ni hay más jóvenes dispuestos a
emanciparse y formar una familia. Para volver a unir crecimiento y
bienestar, necesitamos una estrategia de desarrollo con dos objetivos
centrales: reducir las desigualdades y sustituir un proyecto de país
'low cost' por un Estado emprendedor capaz de liderar el proceso de
modernización económica, innovación y reformas que España necesita para
adaptarse al siglo XXI, el siglo de la información, la robotización y la
transición energética. (...)
Devolver a la juventud española la posibilidad de una vida estable y
unos ingresos suficientes es condición 'sine qua non' para el
mantenimiento de un Estado de bienestar que se ha demostrado mucho más
eficaz en el sostenimiento de sus mayores que en el de sus hijas y
nietas. El triste fin de la hucha de las pensiones debería hacernos
pensar en ello.
(...) un modelo de financiación autonómica que, lejos de contribuir a la
convergencia económica y social entre territorios, ha reproducido un
desequilibrio histórico con consecuencias sociales traumáticas. De ahí
que las tasas de riesgo de pobreza y exclusión en Andalucía y Canarias
se encuentren por encima del 40%, mientras en Navarra y la Rioja no
alcanzan el 18%. O que el gasto educativo por alumno en Madrid sea la
mitad que en el País Vasco.
(...) Una reforma de la Constitución en sentido federal ha de
tener como primer objetivo la reconstrucción de la solidaridad cívica
través de la garantía de los servicios públicos. Para ello, necesitamos un nuevo modelo de financiación autonómica basado en el principio de suficiencia
(...) revisión a fondo del Senado, de modo que deje de ser
una cámara de veto y se convierta en una verdadera cámara de
representación territorial a semejanza del Bundesrat alemán en la que
poder ajustar, año a año, el reparto de los recursos necesarios.
(...) Del mismo modo, la solidaridad económica entre territorios no debería
estar reñida con el reconocimiento de las diferencias nacionales y los
acuerdos bilaterales, al contrario. A menudo infravaloramos la relativa
autonomía que lo económico y lo cultural tienen en el problema
territorial español. Si el federalismo puede ser una herramienta contra
la desigualdad, la plurinacionalidad puede ser el camino para la
convivencia.
Una reforma territorial que piense lo social no puede dejar de lado el otro pilar de la descentralización: el municipalismo. (...)
Garantizar constitucionalmente la autonomía municipal es un imperativo
de futuro, en tanto que las políticas públicas que España necesita
tienen en las administraciones locales uno de sus mejores instrumentos,
como prueba el hecho de que sean municipales las experiencias punteras
en prevención de las violencias machistas, movilidad sostenible,
transición energética, atención a la pobreza infantil o participación
ciudadana. (...)
Para volver a ganarse la confianza de la ciudadanía, las instituciones
no solo deben ganar en transparencia, participación e independencia de
los diferentes poderes, sino que además se necesita una reforma en profundidad de nuestro régimen electoral con el fin de recuperar la proporcionalidad que
la propia Constitución de 1978 establecía como objetivo.
De lo
contrario, nuestra democracia continuará siendo rehén de quienes se
garantizan, con un tercio de los votos, la mayoría absoluta del Senado
para bloquear cualquier propuesta de cambio. (...)
Si todos los actores políticos fían su suerte al desgaste o a los
errores de sus adversarios, arrastraremos el bloqueo hasta que sea
demasiado tarde, y España volverá a llegar tarde a las transformaciones
pendientes.
De la situación de bloqueo solo saldremos si somos capaces
de abrir una conversación española, una conversación que se dará
necesariamente entre diferentes, en la que imaginar primero y acordar
después un proyecto compartido, seductor y con garantías. (...)" (Íñigo Errejón , El Confidencial, 06/12/17)
Comentario
La
brecha territorial que existe entre territorios pobres y ricos, es la
misma que se da entre jóvenes y viejos, o entre políticos con puerta
giratoria y representados… una brecha de privilegios económicos y
sociales.
¿Acabar con esa brecha social cambiando la Constitución? Pues dotando de contenido a unos pocos artículos, bastaría:
Garantizando
y desarrollando ‘los medios que faciliten el acceso de los trabajadores
a la propiedad de los medios de producción’ ( art. 129)
Garantizando el ‘derecho al trabajo’ (art. 35) con políticas de ‘trabajo garantizado’.
Garantizando
que los gobiernos ‘realizarán una política orientada al pleno empleo’ (art. 40)
imponiendo las medidas necesarias de política económica.
Garantizando ‘la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural’ (art. 48)
Garantizando
que ‘todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda
digna y adecuada’ (art. 47), con una financiación prioritaria.
En todos los territorios, ricos y pobres.
Los trabajadores, viejos y jóvenes, catalanes o españoles, apoyarían estas reformas." (El confidencial, Comentario 68, 06/12/17)
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