"Unas 96 viviendas de protección oficial de Guadalajara fueron cedidas en los años 60 del pasado siglo a la Sociedad de San Vicente de Paúl,
una asociación católica, para que las administrara hasta que las
familias a las que habían sido adjudicadas terminaran de pagarlas.
Una
vez abonados los créditos a 30 años otorgados por el entonces Instituto
del Crédito para la Reconstrucción Nacional (hoy desaparecido; el BBVA
tomó el relevo), la entidad católica debería haber transferido la propiedad a los adjudicatarios. Sin embargo, esto nunca llegó a pasar, y desde hace años esta sociedad busca la manera de desahuciar a las familias que aún viven allí.
Diego, activista de la Plataforma
Antidesahucios de Guadalajara, es uno de los afectados. Los abuelos de
Diego adquirieron uno de los pisos y lo financiaron durante años, pero
nunca llegaron a tener la vivienda en propiedad.
Desde la plataforma han
denunciado que esta situación pone en riesgo a muchas familias: algunas
ya se han ido de las viviendas —a pesar de haberlas pagado— engañadas
por la asociación y tras sufrir lo que denominan "mobbing inmobiliario" —cortes de las luces comunitarias o visitas intimidatorias—.
Las viviendas están en el barrio de Alamín, uno de los más degradados de Guadalajara. Diego cuenta a Público
que entre los años 1992 y 1996 las familias a las que habían adjudicado
las viviendas pagaron las últimas letras de los pisos. Sin embargo, la entidad católica siguió cobrando el "arrendamiento" a los inquilinos y según iban falleciendo, se quedaba con la plena propiedad de esas viviendas.
Algo que, a tenor de la documentación a la que ha tenido acceso Público,
parece fuera de ley. En los informes periciales que solicitaron los
vecinos y los documentos de las reuniones en las que se acuerdan las
condiciones de los contratos de las viviendas se asegura que la
finalidad de éstas es la "enajenación".
De hecho, también se puede
comprobar que se establece un modelo de contrato de adjudicación y amortización de las viviendas
y, en documentos del Ministerio de Fomento, se confirma la cédula de
calificación definitiva como vivienda de protección oficial así como que
la entidad católica no debe retener la propiedad de las viviendas. (...)
Pobreza y 'mobbing' inmobiliario
Otro caso similar al de Diego es el de Mercedes. Los originales
adjudicatarios de su vivienda actual fallecieron, y sus hijos cedieron
la casa a personas que no tenían recursos, explica la vecina a Público.
"Cuando me dieron la casa no había puertas, ni luz ni agua. No había
calentador, he tenido plaga de cucarachas, el suelo es el original de
los años 60, la puerta de la terraza se caía… y no me han hecho nada más
que ponerme las puertas, cambiar el suelo de la cocina, poner la luz,
un calentador y pintar. Es un desastre total".
Mercedes cuenta que la entidad le
dijo que tenía que pagar hasta 3.000 euros por la reforma, pero ella se
niega porque la casa ni siquiera está bien reformada. "Otras casas sí
las han arreglado enteras, pero a mí ni siquiera lo han hecho bien, por
esto me niego a pagar la cuota o la reforma hasta que al menos esté en
condiciones".
A partir de tomar esta decisión, Mercedes comenzó a
recibir amenazas constantes de juicios y de desahucios
hasta con gritos en plena calle. Lo mismo ocurre con el resto de
vecinos, a pesar de que la propiedad no debería ser de la sociedad.
Diego también ha sufrido el 'mobbing'
inmobiliario en su propia piel: "La semana pasada intentaron entrar en
mi casa forzándola. Colocan a personas conflictivas en las viviendas, gente que puede hacerte la vida imposible. Además de las comunicaciones escritas instando a los pagos que ellos exigen y las constantes amenazas de desahucio", señala.
¿Por qué hay interés en estos pisos?
No es sólo esto lo que pone en cuestión la plataforma antidesahucios y los vecinos de Guadalajara: también que San Vicente de Paúl administra un "fondo buitre"
que es el realmente interesado en estas viviendas.
Según el Boletín
Oficial del Registro Mercantil (BORME), la entidad benéfica es la administradora única de la Sociedad fundada en 2010, Bailallier Servicios Generales SL,
una empresa con un capital social de 600.000 euros, dedicada según
Registro Mercantil a la "adquisición, tenencia, administración,
arrendamiento —incluido leasing inmobiliario— y explotación de bienes
inmuebles, así como la adquisición, por cuenta propia, de valores
mobiliarios".
Además, el apoderado y vicepresidente de la Sociedad San Vicente de Paúl es Juan Manuel Buergo Gómez, empresario que también dirige una de las empresas asociadas a la trama Púnica, TECNIGES S.A., y que también se dedica a la promoción inmobiliaria, según ha podido saber la PAH de Guadalajara con la ayuda de Filtrala.org.
"Con esto nace la sospecha de que haya detrás un pelotazo inmobiliario.
Cuando las viviendas se construyeron era un barrio alejado de la
ciudad, pero ahora está más cerca del centro y es un terreno que vale
mucho más.
De ahí viene la hostilidad hacia aquellos que estamos
exigiendo que se nos respete el derecho a la adjudicación. Traer a estas
viviendas familias que carezcan de derecho alguno sobre las
adjudicaciones es hacer mucho más viable ese posible proyecto
urbanístico", cuenta Diego.
El desahucio de Diego en manos de los tribunales
Diego ha denunciado esta situación.
La entidad quiere desahuciarle, y parece que de momento va ganando en
los tribunales. La semana pasada la Audiencia Provincial de Guadalajara
emitió una sentencia favorable a la asociación católica:
"El martes
pasado recibí la sentencia y confirma el desahucio. La Audiencia no
entra a valorar las cuestiones de fondo que yo invoco sobre estas
viviendas, se basa en cuestiones procesales", explica el activista. Aún
así, todavía queda otro recurso )por presentar antes de que pueda ser
desahuciado. (...)" (Beatriz Asuar Gallego, Público 15/01/18)
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