"Fue el desgraciado caso del doctor Montes,
fallecido este jueves, el que probablemente despertó en mi conciencia
una sensación que el tiempo iría haciendo más precisa: la furia y la
mentira en Internet concederían más alegrías económicas a los dueños de
las empresas que monopolizan este invento que la solidaridad. (...)
El caso del doctor Montes fue paradigmático. Tanto, que serviría de
ejemplo de cómo la derecha española comenzó a actuar a la manera de la alt right
[derecha alternativa] estadounidense: escogieron a un tipo en concreto,
Luis Montes, para desacreditar un modelo, el de la sanidad pública, y
golpeándolo desde dentro y desde fuera de las instituciones, sin tregua
ni piedad, trataron de que la injuria calara en la ciudadanía y que en
el usuario se asentara la idea de que no era seguro ponerse en manos de
tipos sin escrúpulos que matan ancianitas moribundas, para dejar camas
libres o para barrer del mundo a las personas improductivas.
Así de bárbaros eran los cuentos que se narraban de este médico que
desde entonces se convirtió para mí, e imagino que para mucha gente, en
un héroe civil. Yo lo leía en blogs, en foros, y asistía estupefacta al
linchamiento, porque reconocía a algunas de las personas que lo
difamaban y estaba convencida, por tratarse de profesionales informados,
de que mentían a caso hecho, sin escrúpulos, porque habían decidido
alimentar la injuria contra un individuo con el objetivo de cargarse la
estructura en la que trabajaba.
Calcularon mal los acusadores su fuerza
porque, aunque al doctor Montes y a sus compañeros les costó muchas
horas ante los tribunales probar que su actuación en los servicios de
urgencia del hospital Severo Ochoa había sido adecuada, si hay algo a lo
que los españoles no quieren renunciar es a la sanidad pública, y de
todos era sabido que uno de los planes del gobierno madrileño de
entonces, que con tanto desparpajo capitaneaba Esperanza Aguirre, era
socavar los recursos sanitarios públicos y ceder servicios a empresas
privadas.
Sabíamos eso. Lo sabía el personal sanitario. También se dio la
circunstancia, mala suerte para quienes lo difamaban, que el doctor
Montes era querido por muchos de sus pacientes, que su historial como
defensor de la sanidad para los necesitados era conocido, y que formaba
parte de un movimiento progresista que pretendía humanizar el traumático
paso de la vida a la muerte.
Ganó la razón, que tuvo que concedérsela la justicia, porque ni los
políticos que protagonizaron tan sucia maniobra ni los periodistas que
jalearon las denuncias anónimas pidieron jamás perdón.
El político
popular Miguel Ángel Rodriguez tuvo que apoquinar 30.000 euros por
haberse paseado por radios y televisiones calificando a Montes de
desarrapado, en el mejor de los casos, y en el peor, de nazi. Pero fue
el único que pagó su cuenta en lo que constituyera una campaña en la que
participaron muchos. Pintaban a Montes como un Verdoux de nuestro
tiempo.
Henchidos de pronto de piedad acusaban al doctor Muerte de
quitarse de en medio a los más vulnerables. Tenían conocimiento, porque
lo tenían, de que Luis Montes era ese tipo de médico que está, a la
manera chejoviana, siempre al lado del desasistido, del desamparado. Eso
es lo más sórdido de este asunto, que lo hicieron a conciencia para
desprestigiar a quien representaba un modelo de ejercer la profesión.
De alguna manera, al extender en equipo el bulo y alimentar la
mentira, hay que reconocerles el mérito maligno de haber sido pioneros
en la propagación de información falsa. Aún esta semana, cuando ya toda
la injuria que pesó sobre él debería haber sido borrada, por haber sido
eximido de cualquier mala práctica, ha habido titulares tendenciosos al
informar de su fallecimiento, y se leen aquí y allá comentarios de ese
tipo de gente propensa a priorizar siempre la conspiración a la verdad,
porque la verdad resulta menos atractiva y demasiado simple.
¿Podría un partido político defender su ideario sin valerse de la
mentira? Desde luego que sí, pero las redes han descubierto el camino
más corto, y hay una parte de la clase política que está dispuesta a
hacer uso de ese tipo de foros que enmierdan el ambiente. Aceptan su
trabajo sucio." (Elvira Lindo, El País, 21/04/18)
" El doctor Luis Montes, excoordinador
de urgencias del Hospital Severo Ochoa y defensor de la muerte digna,
ha muerto este jueves a los 69 años, tras sufrir un infarto cuando se
dirigía en vehículo a Molina de Segura (Murcia).
El presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente fue acusado en 2005 por el Gobierno del PP de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, valiéndose de una denuncia anónima, de 400 presuntas "sedaciones terminales irregulares".
Tras ser relevado y después de tres
años de linchamiento moral y laboral hacia él y muchos de sus
compañeros en las Urgencias del Severo Ochoa en
Leganés, la Audiencia Provincial de Madrid sobreseyó el caso en 2008 al
señalar que Montes y el resto de su equipo no actuó mal.
Antes de ello, en 2007, un juez
archivó el caso un mes después de las elecciones municipales y
autonómicas de aquel año. Previamente, la Fiscalía ya había afirmado que
no veía indicios de delito.
Sin embargo, el auto señalaba que
varios pacientes habían fallecido “tras mala práctica médica a la hora
de sedarles”. Montes quiso limpiar su nombre y recurrió a la Audiencia
Provincial, que finalmente le dio la razón y ordenó eliminar las
alusiones que ponían en duda su trabajo.
Sin embargo, la campaña de linchamiento moral y profesional hacia él por parte de la derecha política y mediática
ya había caído con toda su fuerza durante muchos años. “Fue una campaña
en nuestra contra orquestada por la autoridad sanitaria”, aseguró
Montes hace dos años en una entrevista con Público.
El
excoordinador de urgencias del Severo Ochoa, que nunca recuperaría el
puesto, creía que el caso fue una “cortina de humo” para tapar la
privatización de la sanidad madrileña, que había comenzado en 2003 con
Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid.
"Que la máxima autoridad regional
sanitaria anuncie en rueda de prensa que en un hospital público ha
habido más de 400 homicidios es un torpedo a la línea de flotación de la
relación médico-paciente. Fue un escándalo de unas proporciones
inmensas", denunció en otra entrevista con Público meses después." (Público, 19/04/18)
"Tuvo un gran impacto, todo el
hospital se movilizó y hubo un gran apoyo vecinal y de toda la sociedad.
Pero fue muy doloroso porque de todo el equipo de Urgencias, el único
que se quedó fui yo porque tenía plaza en propiedad. El resto, unos 20
compañeros, tuvieron que buscar otro trabajo, muchos fuera de la
Comunidad, fueron cesados siete jefes de servicio y supervisores por
apoyo al conflicto… Fue muy doloroso", agregó.
"(...) Montes,
cuya especialización era la de anestesista aunque en Leganés ejercía de
jefe del servicio de urgencias, acabó siendo la cabeza visible de
un grupo de facultativos del que también formaban parte el ginecólogo
Javier Martínez Salmeán, el internista Frutos del Nogal y el otorrino
Carlos Barra, entre otros.
Todos ellos coparon cargos de responsabilidad
en el Severo Ochoa y el Hospital de Móstoles tras una larga trayectoria
en el sur de la Comunidad de Madrid, donde lucharon por imprimir a la
práctica de la medicina un marcado carácter progresista y de servicio
público.
Un ejemplo es su firme oposición a intentos privatizadores de la
sanidad de los Gobiernos del PP. Otro, que se remonta a los años 80, fue
su apuesta porque fueran los hospitales públicos los que asumieran la
realización de abortos, práctica entonces no siempre accesible para
quien la necesitaba y siempre relegada a clínicas privadas.
Desde los
pasillos de urgencias de Leganés, Montes decidió en sus últimos años en
ejercicio poner fin a lo que, en sus propias palabras, era una de “las
grandes cuentas pendientes de la sanidad pública: la muerte digna”. “La
gente sufría y agonizaba durante horas y días sin otra razón que los
prejuicios y la ineptitud de muchos facultativos”, solía afirmar.
Esta actitud disgustó a algunos médicos del Severo Ochoa y a los
sectores más conservadores del PP madrileño, lo que acabó provocando uno
de los mayores escándalos ocurridos en la sanidad pública española
durante las últimas décadas.
Tras recibir una denuncia anónima, y sin
contar con informe o prueba alguna que sustentara la gravedad de las
acusaciones, el entonces consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela (PP),
purgó a Montes y sus aliados en el Severo Ochoa y puso en marcha una
auténtica cacería de brujas contra los facultativos, a los que llegó a
acusar implícitamente de decenas de muertes por sedaciones ilegales.
Lamela, en todo momento apoyado por la presidenta regional Esperanza
Aguirre, hizo todo lo posible para sustentar las acusaciones. Creó
comisiones para que elaboraran informes ad hoc, juego al que se
prestaron algunas de las más destacadas figuras médicas de la Comunidad
de Madrid. Y adoptó cuanta decisión administrativa fue necesaria para
lograr que ni Montes, ni su equipo ni quienes salieron en su defensa
volvieran a ocupar cargo de responsabilidad alguno.
Pero si Lamela logró en su embestida el apoyo de algunos de los
sectores médicos más conservadores —y el silencio cómplice de la
entonces presidenta del Colegio de Médicos, Juliana Fariña—, el
consejero fracasó rotundamente cuando fue la justicia la que examinó el
caso. En junio de 2007, el juez instructor archivó el caso con una
decisión que tenía algo de salomónica. Por una parte, libraba a Montes y
su equipo de toda responsabilidad penal, pero admitía que en cuatro
sedaciones se habían producido irregularidades.
Esto dejó insatisfecho a Montes, que recurrió el caso hasta que el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid desmontó punto por punto las
acusaciones de Lamela y eximió a Montes de cualquier mala práctica.
Empezó entonces otro largo proceso judicial, esta vez sin éxito para
Montes y 39 de sus colaboradores, para exigir que fueran resarcidos por
los daños morales y económicos sufridos. Pero para Montes, según sus
palabras, lo peor que hizo Lamela fue hacer que "la gente muera peor".
Desde 2009 el doctor era presidente federal de DMD, desde donde
defendía la despenalización de la eutanasia, el acceso universal a los
cuidados paliativos y a la sedación. (...)" (Oriol Güell, El País, 19/04/18)
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