"¡Som gent de pau! ¡Som gent de pau!” eran los gritos
de los vecinos que intentaban evitar que Bankia echara de su casa a una
pareja y tres niños menores de edad en la localidad valenciana de Oliva
el viernes 13 de julio.
El grupo iba ‘armado’, además de con las
camisetas verdes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de
la comarca de La Safor, con una notificación que ordenaba la
paralización del desahucio.
Pero esta no la firmaba un trabajador social, los
vecinos de la escalera, el turno de oficio o la propia PAH. La firmaba
desde Ginebra el comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(Desc) de Naciones Unidas, y su decisión es vinculante para los
tribunales españoles. Al menos sobre la letra.
Aún así, los vecinos y
miembros de PAH Safor se las tuvieron que ver con al menos una quincena
de agentes de la Guardia Civil que habían cortado la calle. El desahucio
se pararía in extremis con varias identificaciones, incluido el cámara
de la televisión autonómica valenciana À Punt que se había desplazado para cubrir la noticia.
El de Oliva es uno de los 167 desahucios registrados
de media diariamente en los juzgados españoles, uno de los que ha
provocado que, desde el año pasado,
la oficina del Comité Desc en Ginebra esté ordenando a algunos juzgados
españoles que detengan determinados procedimientos de desahucio cuando
quede acreditada la situación de necesidad de los afectados y la falta
de alternativas por parte de la administración.
En el caso de la pareja
de Oliva, habían tenido que entrar en una casa vacía de Bankia después
de perder su vivienda anterior por un incendio, según explica a El Salto
Joan Cogollos, de PAH La Safor.
La paralización definitiva del desahucio de otra
pareja y sus hijos en el barrio madrileño de San Cristóbal en el mes de
abril fue la que motivó las esperanzas de los afectados organizados en
la PAH. Y con ella, los faxes con las peticiones de paralización, a
menudo entregados a última hora.
Dicho comité tiene sobre la mesa
actualmente 25 casos contra España, de los cuales 22 se han presentado
este año y 18 incluyen medidas cautelares. La cifra no incluye los
procedimientos que se han rechazado por defectos de forma o de otro
tipo, según precisa a El Salto el equipo de comunicación del Comité.
“El 50%, que yo tenga conocimiento, de las medidas
cautelares [del comité desc] por desalojos, son seguidas por los
tribunales españoles”, señala Javier Rubio, abogado de PAH Madrid y del
Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES).
“Pero está costando un
poco más que se recoja explícitamente que la paralización es por el
recurso [al Comité Desc]”. El letrado calcula en unos 15 desahucios los
que ha podido paralizar la PAH a través de este recurso sólo en el
último año. (...)
El año pasado, el mismo Desc emitía un dictamen de carácter general
-pero basado en un caso particular- en el que certificaba que en el
Estado español se producen desahucios sin que las administraciones den
una alternativa digna a las familias. (...)
“Con el recurso al comité Desc
tenemos un arma jurídica muy potente”, resume Rubio, que elevó el
requerimiento por el que este organismo de la ONU emitiría el dictamen
de 2017 que sentó las bases para estas medidas cautelares. El problema,
señala, es que la judicatura —desde el turno de oficio hasta los propios jueces todavía lo desconoce—:
“hay un gran desconocimiento por parte de la judicatura del sistema
internacional de derechos humanos.
Esto de momento hace que esta
posibilidad la esté activando sólo el movimiento [por el derecho a la
vivienda]”, se lamenta.
En el caso de Pilar Morales, miembro de la PAH de la localidad madrileña
de Arganda que también consiguió que la ONU dictara la orden de
paralización cautelar, puede ser extremo.
“El juez dijo que si yo quería
una casa en La Moraleja y que qué hacíamos con las camisetas verdes si
ya estaban los nuestros en los ayuntamientos”, explica la propia Morales
a El Salto. Esta vecina y activista, víctima de violencia machista y
madre sola, consiguió finalmente que la AVS le otorgara una vivienda.
En el caso del desahucio de Oliva, el activista de PAH Safor valora
que para la suspensión pudo tener peso el hecho de que el desahucio
fuera mediático —gracias a la resolución del Desc—, pero destaca que el
juzgado no hizo referencia en ningún sentido al documento del comité,
que estaba en su poder dos días antes del desalojo.
“El defensor del pueblo que hasta ahora no tenía un discurso de
derechos humanos a raíz del dictamen ha asumido su faceta de institución
nacional de derechos humanos”, señala Rubio como otro de los efectos
positivos de esta vía. En todo caso, concluye, “hay por delante una
batalla en el plano normativo y judicial” para que la vía abierta en
Ginebra sea tenida en cuenta por los jueces." (Diego Sanz, El Salto, 18/07/18)
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