"Las plantas de Alcoa de Avilés y Coruña se ven abocadas al cierre,
según anunció la empresa el pasado 17 de octubre. Cerca de 700
trabajadores directos perderían sus empleos ante el despido colectivo
presentado.
Lo que en un principio iba a ser un mes de negociación, el
plazo acaba de ser alargado por un lado por la inasistencia de los
trabajadores gallegos, dejando en solitario a los asturianos alegando
que este ERE es ilegal; por otro, por el cambio de parecer en las
últimas horas de la multinacional, que ahora abre la puerta a posibles
compradores.
Un futuro quizás algo menos negro del inicial, cuando no se
daba ningún tipo de opción que no pasara por el cierre. Lo que se le
pide al Gobierno de España es la intervención pública en la empresa para
evitar su condena a muerte, lo que estaría para algunos sectores más
que justificada.
Las declaraciones de la ministra de Trabajo,
Magdalena Valerio, sobre la no intervención estatal en la empresa
aluminera Alcoa han desconcertado a propios y extraños, sobre todo por
su referencia a regímenes comunistas.
Las voces en contra de
este comentario, incluso desde la propia Federación Socialista Asturiana
a través de su secretario general, Adrián Barbón, se han dejado oír.
Las respuestas se pueden resumir en una: los estados capitalistas
también tienen esa capacidad para intervenir, o nacionalizar, que son
cosas diferentes, empresas o sectores considerados estratégicos.
Es
más, como asegura el concejal de Somos Avilés Primi Abella, es algo
contemplado por John Maynard Keynes, uno de los economistas más
influyentes del siglo XX: “La intervención estatal es la manera de
moderar las dinámicas capitalistas. Y esto es algo que reconocen hasta
los de derechas”. (...)
El reconocimiento de sectores estratégicos por parte del Estado sería
básico para garantizar una política industrial y una estabilidad no
solo económica, sino también social, a más largo plazo. Como ejemplo el
hecho de países donde el sector energético es público, como Noruega, o
EDF en Francia, “países nada comunistas, sobre todo Noruega, gobernado
por la derecha después de 100 años de socialdemocracia”, apunta Primi
Abella, partidario de la nacionalización y para quien las plantas
amenazadas son “peones que generan beneficios para la matriz. Un Estado
tiene que tener cierto control sobre la columna vertebral de la
industria”.
Para él, la nacionalización o intervención de determinados
sectores daría una estabilidad a largo plazo por lo que supone de
“defensa de los territorios, de trabajo y de futuro estable”, algo de lo
que Asturias anda bastante escasa.
“La nacionalización sería
discutible, pero por lo menos sí intervenir”, apunta David Rivas. La
diferencia pasa por una gestión directa por parte del Gobierno o
participada en un porcentaje determinado. “¿No intervino Aznar el
mercado de la energía? ¿Qué hizo González con Rumasa? ¿Y qué ocurre con
las expropiaciones?”, señala el profesor universitario.
“Los estados
tienen herramientas para crear economía y economía social que aporte
tranquilidad. Y también para que, si usan nuestros recursos, si se van
que los tengan que devolver”, apunta José Manuel Gómez de la Uz,
presidente del Comité de Empresa de Alcoa-Avilés, en referencia a los
veinte años de subvenciones tras la privatización de la empresa estatal
Inespal. (...)
Para el cierre, la empresa no esgrime argumentos económicos, como
afirma De la Uz, sino “organizativas, estructurales, por el mercado, por
las plantas viejas… No les dejamos hablar en la reunión de negociación
del martes 13, porque siempre dicen que no son viables, pero la empresa
tiene beneficios. Estas plantas no son viejas y tienen la misma
tecnología que otras de Europa”.
La tecnología empleada en
Avilés se conoce como Soderberg, “aunque dentro del aluminio hay otras
más modernas, pero esta es de las más eficientes. Uno de los problemas
de la planta en los últimos años es la falta de materias primas de buena
calidad. Hablamos de desinversión”. Una desinversión que comenzó tras
la inundación de 2010 que dio lugar a un parón de tres meses de la
factoría.
“Todo parecía apuntar al repunte de la alúmina. Cuando se
arrancó y se vio que no levantaba precio, comenzó la desinversión”,
explica De la Uz. Entre 2005 y 2006 la empresa llevó a cabo grandes
inversiones sobre todo medioambientales y tecnológicas, que también
garantizaban menos emisiones. Fueron las últimas. (...)
Las industrias electrointensivas como Alcoa son grandes consumidores
de energía. De hecho, esta multinacional consume el 5% de todo el Estado
español, lo que supone un 40% de su factura. “Pagar todo el coste de la
luz haría inviable la producción. Por eso en el norte de Europa
funcionan con saltos hidroeléctricos o en Arabia con el petróleo. La luz
aquí es mucho más cara.
Pero todos quieren que la industria suponga el
20% del PIB y para eso hay que dar herramientas, tienes que ayudar de
alguna manera”, añade De la Uz. Por ahora, el Gobierno contempla una
subasta eléctrica de medio año. Este plazo provoca también inestabilidad
y el interés de este tipo de empresas sería asegurarse un precio por un
período bastante más largo.
El presidente del comité de empresa
también advierte de que “Alcoa cierra y las demás empresas de consumo
energético van detrás. Es un efecto sociológico, efecto rebote”. (...)
Porque aquí no va a pasar lo mismo que con el carbón, no va a haber
subvenciones millonarias venidas de Europa y despilfarradas en falsas
reindustrializaciones de unas comarcas mineras desiertas, en eso tiene
experiencia esta región. (...)" (Elena Plaza, El Salto, 15/11/18)
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