"(...) Coger el problema de la vivienda por los cuernos es parte de la
terapia democrática que necesitamos. Según las opiniones publicadas,
parece haber consenso en torno a dos aspectos: hay que movilizar las
viviendas principales cerradas por sus propietarios y el Estado tiene
que tomarse en serio la puesta en el mercado de arrendamientos de, al
menos dos millones de viviendas sociales, cifra que nos igualaría a los
países europeos que hicieron su trabajo cuando tocaba.
La
experiencia de la Inspección de Hacienda contra el fraude en las ayudas
juveniles al alquiler, nos indica que existen suficientes mecanismos
informáticos para detectar la ocupación fiscalmente opaca de viviendas
en alquiler; por lo tanto, se puede llegar a la creación de un mapa
fiable de viviendas vacías y alquilables.
Existen mecanismo fiscales
para incentivar su salida al mercado y, caso de que los propietarios
prefieran pagar un sobrecoste fiscal, financiar la construcción de
viviendas sociales. Mecanismo existen, siempre que no se relajen los
controles públicas sobre las finanzas institucionales y que acabemos con
años de demagogia anti-impuestos,.
Esto último nos introduce al otro elemento que define el panorama
actual de la vivienda: un déficit enorme de viviendas sociales, dos
millones según la “Asociación de promotores”. El coste de cubrir el
déficit, según la citada asociación (El País, 16-12-18) sería
de 300.000 millones en 12 años.
Un coste excesivo, porque está
calculado como un mercado cautivo para ellos que serían los
beneficiarios de la movilización del suelo y gestores del parque con
cargo a las finanzas públicas. Sin embargo, el coste sería como mínimo,
si se hiciera como empresa pública municipalizada, de 8.000 millones
anuales durante 12 años, de inversiones en nuevos inmuebles,
rehabilitación de viviendas en mal estado y acondicionamiento para una
población joven de los centros degradados de algunas ciudades.
Una
inversión que se recuperaría con los alquileres, pero que implicaría un
cambio profundo en la composición del endeudamiento público; una
negociación con Bruselas, basada en garantías solventes; un gran
programa de empleo juvenil y sobre todo, un cambio en la cultura de los
españoles en relación con el hábitat y la propiedad. Mientras se avanza
en un Plan serio de futuro para la vivienda de las nuevas generaciones,
es necesario atajar las urgencias actuales.
Detener los abusos de los
arrendadores, con una norma que de garantías a los arrendatarios de
continuidad en la ocupación de la vivienda y seguridad en el precio del
alquiler, durante un tiempo que compense los avatares de los traslados y
cambios de residencia y permita organizar la vida familiar.
Una
propuesta como ésta, implicaría una movilización de suelo público, como
no se hace en España desde hace muchos años, aunque que sí se hizo en
los años sesenta, construyendo en los arrabales de viviendas sin barrio
ni transportes, donde se alojaron millones de familias, y en los
primeros años de la democracia, consolidando servicios de barrio y
transporte; parches sobre un urbanismo feroz.
Pero, a la vista de la
nueva cultura urbanita de los jóvenes, la oferta de vivienda social
debería ir acompañada de un replanteamiento del centro y los barrios
tradicionales populares de las ciudades, lugar donde tiene sentido la
vivienda mínima o el piso compartido, de cara a un nuevo tiempo, donde
el automóvil perderá protagonismo, tanto por el precio de la energía, y
del mantenimiento del vehículo, como por la necesidad de combatir la
polución urbana y el cambio climático.
Tampoco sería viable la propuesta
sin una nueva Ley del Suelo “ad-hoc”, que utilizara por fin la
obligación enunciada en el artículo 47 de la Constitución, de proteger
el derecho del ciudadano a la vivienda en conflicto con los propietarios
de suelo. La viabilidad de la propuesta implica que los ayuntamientos
actúen como agentes urbanizadores al servicio de la vivienda social.
Esta sería la propuesta española a la Unión Europea de contención del
populismo.
Mi opinión, a la vista de las experiencias históricas que la
avalan; a favor y en contra, tanto en nuestro país como en Europa, es
que la proposición de que nuestro país asuma la vivienda social pública
en alquiler merece la pena de ser estudiada." (José Candela, Economistas frente a la crisis)
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