"Las últimas décadas han presenciado un aumento continuado en todos los
continentes del número de Estados que se rigen con procedimientos
democráticos, de tal forma que hoy la “democracia electoral” es ya la
forma de gobierno más frecuente en el mundo.
Sin embargo, junto a este
proceso de extensión de la democracia se ha producido otro de deterioro
de democracias antiguas o de aparición de democracias “iliberales” o
defectuosas en algún sentido, de tal modo que las clasificaciones que
dividían a los países entre democracias o dictaduras han sido
sustituidas por otras que miden hasta qué punto un Estado cumple las
condiciones que permiten definirlo como democracia. (...)
El Democracy Index es elaborado desde 2006 por la Economist Intelligence Unit (EIU) de The Economist.
El criterio del EIU es mucho más restrictivo que el de otros índices y
toma en consideración algunos aspectos diferentes, relacionados no sólo
con las normas y procedimientos sino también con los resultados de los
procesos políticos o su aceptación social.
En concreto, mide cinco
elementos en 161 países: el pluralismo y la calidad de los procesos
electorales; la eficacia gubernamental; la participación política; la
cultura política; y las libertades políticas y “civiles”. El índice se
elabora a partir de informaciones que aportan expertos y de los
resultados de encuestas a la población general. En este ranking en su
edición del 2018 sólo 20 países del mundo aparecen clasificados como
“democracias plenas” (full democracies) y
España está entre ellas, ocupando el puesto 19, el mismo que el año
anterior.
Los países nórdicos encabezan el ranking, como suelen hacerlo
en todos los rankings que miden de una u otra forma la calidad de la
vida política. Francia, Bélgica, Italia, Portugal y EEUU aparecen como
democracias “defectuosas” (flawed democracies).
Los resultados regionales colocan a España en el puesto 14 de los países
europeos. Su posición se beneficia mucho de la alta participación
electoral y, sobre todo, de la cultura política de su
población, un aspecto en el que destaca claramente (todos los países
europeos que se encuentran por debajo en la puntuación general lo están
también en este elemento, el de la cultura política).
Otro prestigioso índice que ha presentado recientemente sus resultados es el Rule of Law Index 2017-2018, elaborado por el World Justice Project.
Pese a su nombre, este índice bianual no sólo mide el respeto a las normas en cada Estado: como el Democracy Index, el Rule of Law Index
realiza una evaluación de la calidad de la democracia. Su análisis
incluye 113 Estados y territorios y toma en consideración ocho factores:
(1) limitaciones a los poderes gubernamentales; (2) ausencia de
corrupción; (3) gobierno abierto (información a los ciudadanos,
capacidad de éstos para influir…); (4) derechos fundamentales; (5) orden
y seguridad; (6) aplicación de las normas; (7) justicia civil; y (8)
justicia penal.
A su vez, cada uno de estos factores se compone de
varios elementos. Sus fuentes son una encuesta propia de 1.000
entrevistas por país, además de 3.000 entrevistas a expertos en el
conjunto de países y territorios.
En este Índice España ocupa el puesto 23 sobre 113 por la
calidad de su Estado de Derecho, un puesto por encima de los resultados
del informe anterior (2016) y cinco puestos por encima del previo (2014,
posición 28). La calificación global de España es de 0,7 en una escala
que va de 0 a 1.
También en este caso los países nórdicos encabezan el
índice, tanto en la valoración general como en la de los ocho factores
que la componen. España destaca en el factor “Derechos fundamentales”, donde ocupa el puesto 19 mundial y que incluye los derechos de asociación, expresión, tratamiento justo ante la ley…
La posición española en el ranking podría haber sido aún mejor si no fuera por sus bajos resultados en el elemento violent redress que mide la propensión de la población a resolver los conflictos personales o políticos mediante intimidación o violencia.
En este apartado, que no mide la actuación estatal sino un
comportamiento de la población, España obtiene una valoración
relativamente baja (de 0,53 en la escala de 0 a 1). Además, éste es el
elemento al que los diseñadores del índice han dado mayor peso en el
cálculo de la posición general del factor “orden y seguridad”, y como
resultado España ocupa la posición 37 de 113 en este factor.
Otro aspecto que hace caer la posición de España en el ranking es el de la corrupción.
A este respecto hay que señalar que la encuesta, en la que se basan los
datos (junto con las entrevistas a expertos) separa diferentes niveles
estatales en los que podría encontrarse corrupción, pero no menciona a
los partidos políticos o a los Ayuntamientos (los niveles donde se
concentran los escándalos de corrupción aparecidos en España en los
últimos años).
Por este motivo, los entrevistados eligen la opción “en
el Parlamento” pese a que en España no existe ningún caso de corrupción
notorio relacionado con las Cortes. Probablemente los entrevistados
españoles eligen esta respuesta por ser la más cercana a lo que los
españoles piensan, según muestran las encuestas del CIS, esto es, que la
corrupción está extendida entre “los políticos” en general.
En
contraste con esto, tanto el sistema judicial como el policial obtienen
una muy buena calificación en lo que respecta a su honradez (0,85 y 0,86
en la escala 0 a 1). Un tercer elemento debilita la posición de España:
la carencia de medios y personal en el sistema judicial, lo que conduce
a retrasos excesivos en el procesamiento de las causas y en
consecuencia a la ineficacia y menor prestigio del sistema.
En la presentación de sus datos, el Rule of Law Index
ofrece la valoración de cada país, para cada uno de los ocho factores,
en la escala de 0 a 1, donde 1 es la puntuación máxima, además de la
puntuación general (Overall score).
También se presenta la
posición del país en relación con el conjunto de países que forman
marcos de comparación específicos. En concreto, España se compara con
los demás miembros de la UE, EFTA y Norteamérica, 24 países en total (Regional rank), con el grupo de 35 países que tienen el más alto nivel de ingresos (Income rank), y con el conjunto de los 113 países evaluados (Global rank).
El Score change y el Rank change
indican el cambio en la valoración y en la posición del país respecto
al año anterior. En el caso de España, su valoración ha pasado de 0,69 a
0,70 (ha subido 0,01 puntos) y su posición en el ranking ha subido un
puesto. El cambio es muy pequeño y por ese motivo la columna Factor trend, que indica cambios relevantes, aparece vacía.
En definitiva, si la democracia puede medirse en grados, la española se
encuentra en el pelotón de cabeza, en el grupo de países que obtienen
las mejores calificaciones cuando se observan sus normas y sus
comportamientos y se comparan con los ideales democráticos.
Esto no
implica que no quede camino por avanzar. Todavía queda recorrido y
reformas posibles para llegar al nivel de los Estados nórdicos, el
modelo más perfeccionado, aunque no sea fácil trasladar ese modelo a
sociedades con características e historias muy diferentes a las del
Norte.
España tiene algo importante en común con los países nórdicos: es
una monarquía constitucional, como lo son tres de los cuatro países
nórdicos y siete de los 20 Estados que reúnen las condiciones de
“democracias plenas”. De hecho, todas las monarquías constitucionales
europeas –menos la belga– están en ese grupo de elite de las mejores
democracias del mundo."
(Carmen González Enríquez, Investigadora principal, Real Instituto Elcano, 24/01/19)
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