"Tatiana Sarmiento se acuesta cada día desde este lunes
sin saber si por la mañana llamarán a su puerta los Mossos d'Esquadra y
la comitiva judicial para desahuciarla. Su familia es una de las que
entró en su día a ocupar uno de los diez pisos que tiene este bloque de
viviendas de la calle Hospital número 99, en el corazón del Raval, vacío
durante los años de la crisis y desde 2018 en manos del fondo buitre
Blackstone.
Ella y los demás ocupantes se enfrentan a una orden de
desalojo con fecha abierta desde el 1 al 15 de julio que les ha puesto
en pie de guerra con el apoyo del Sindicato de Inquilinos de Barcelona y
otras entidades del barrio.
Al grito de "un desalojo,
doble ocupación", los activistas del Sindicato de la Vivienda del Raval
se congregaron este lunes a las puertas del inmueble para advertir a la
propiedad que no permitirán que se desalojen los diez pisos ocupados
que hay en la finca.
Los vecinos quieren convertir este bloque en un
símbolo de su lucha contra la especulación en el barrio y aseguran que
solo aceptarán que se les garantice a todos un piso de alquiler social
en la misma finca o en la zona, ya sea Blackstone o el Ayuntamiento, a
quien reclaman que expropie el edificio.
La tarde del domingo, pocas horas antes de que empezara
el plazo en el que pueden ser desalojadas, las familias recibieron una
oferta consensuada in extremis entre Blackstone y
el Ayuntamiento, pero que no satisface de entrada sus demandas. La
propuesta pasa por que tres de las cuatro familias con hijos que hay en
la finca se puedan quedar a vivir con un contrato de alquiler a precio
reducido, mientras que los otros siete pisos serían desalojados, algunos
de ellos para destinarse a alquiler asequible y otros, para alquiler o
venta a precio de mercado.
Lucía Martín, concejala de
Vivienda del Ayuntamiento, defendió que este acuerdo es fruto de la
"presión ciudadana" y recalcó que el consistorio se haría cargo, a
través de los servicios sociales, de reubicar a las familias que se
queden sin alternativa. Lo que no se plantean por ahora en el gobierno
municipal es adquirir la finca. Tuvieron oportunidad de hacerlo
ejerciendo el derecho de tanteo y retracto en 2016, ya ocupada y por
entonces propiedad de Banco Popular, pero argumentó problemas
burocráticos derivados de un registro incorrecto de los pisos.
El
consistorio lleva negociando con Blackstone una salida a los vecinos
desde principios de año, cuando se puso una primera fecha de desahucio,
pero la empresa se ha negado a retirar la denuncia para paralizar el
proceso judicial. Desde Blackstone, a estas alturas el mayor casero de España con 30.000 viviendas,
aseguran por su parte que se han "esforzado" para encontrar una
solución para las familias que "ocupan ilegalmente" el edificio, pero
que estas no han "cooperado" para resolver la situación. "El desalojo es
el último recurso", aseguran.
"Era imposible alquilar un piso en el barrio"
La
familia de Tatiana Sarmiento vive junta en el Principal de este bloque
de viviendas desde 2016, aunque su pareja, Mustafá Asrih, ya llevaba un
tiempo antes en la vivienda. "Me vine porque estaba sin trabajo y me era
imposible seguir pagando el alquiler de un piso pequeñísimo que
teníamos en el Raval", explica esta mujer. Sus dos hijos van al colegio
Escola Pia del barrio y ella no está dispuesta a aceptar un realojo que
pase por que tengan que mudarse a otro distrito. (...)
Tatiana y sus compañeros de escalera se enfrentan a
quince días que esta mujer califica de "tortura psicológica". Los
desahucios con fecha abierta son el recurso que han encontrado algunos
jueces sobre todo en Barcelona para evitar que las entidades por el
derecho a la vivienda puedan paralizar los lanzamientos una y otra vez.
Se trata de una práctica avalada por el Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya (LEC) pero que choca con la Ley de Enjuiciamiento Civil
(LEC), que establece en su artículo 440 que hay que avisar de los
lanzamientos con una fecha "exactas".
Expropiaciones en "zonas tensionadas"
El
Sindicato de Inquilinos de Barcelona, que respalda las protestas de
Hospital 99, ha llevado la reivindicación de las familias un paso más
allá y ha pedido una modificación legislativa para que sea más fácil
para la Administración expropiar el uso de viviendas para destinarlas a
uso protegido o social. "Pedimos a la Generalitat que amplíe los
supuestos en los que se puede expropiar el uso de una vivienda para que
se incluya el acaparamiento en situaciones de emergencia habitacional o
en barrios tensionados", argumenta Jaime Palomera, portavoz del
Sindicato.
Por ahora, las Administraciones municipales tienen opción
de expropiar temporalmente el uso de viviendas cuando estas llevan más
de dos años vacías, son de grandes propietarios y están en zonas de alta
demanda. Es lo que hizo por primera vez el Ayuntamiento de Barcelona la semana pasada cuando asumió la gestión de un piso del BBVA.
Lo que quiere el Sindicato es que se cambie la ley que lo permite, la
4/2016 –aprobada a instancias de los colectivos por el derecho a la
vivienda–, para que no sea "tan restrictivo".
"No
permitiremos que sea un fondo de inversión el que decida quién puede
vivir en qué casas", proclamaba este lunes la portavoz del Sindicato de
Vivienda del Raval, Joana Sales. Por ahora, vecinos y activistas
rechazan la salida consensuada entre Blackstone y el consistorio, y
aseguran que ellos no han mantenido ninguna reunión formal ni con ambos
actores ni con la Generalitat." (Pau Rodríguez, eldiario.es, 01/07/019)
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