"Se ha consumado un golpe de Estado en Bolivia y, con esto, las derechas
de la región han sincerado finalmente su total descreimiento de la
democracia republicana como sistema político, el diseño institucional
que en los años ochenta, tras las dictaduras del “Plan Cóndor”, estos
mismos sectores edificaron-.
Fue un golpe de Estado contra Evo
Morales Ayma y sus fuerzas sociales y políticas que obtuvieron más del
47% de los votos el pasado 20 de octubre, con más de 10 puntos de
diferencia sobre su principal contrincante, Carlos Mesa. Esos son los
mismos guarismos con los que Alberto Fernández fue ungido presidente
electo en Argentina una semana después.
Desde el estallido de
la crisis económica en 2008, la oligarquía financiera global y su
articulación con las elites regionales dejaron de apostar a la
democracia justo al mismo tiempo que los Pueblos de la región lograban
consolidarla como herramienta de organización, con capacidad de otorgar
niveles de reparación económica y justicia social para las inmensas
mayorías de la región más desigual del planeta.
Este duro presente, caracterizado como el de una región en disputa, comenzó con :
● El golpe civil y militar contra Mel Zelaya en la Honduras de 2009.
● El intento de golpe de Estado también en Bolivia en 2009 y que la rápida intervención de los países de la región y de los organismos de integración bloquearon.
● El derrocamiento jurídico-mafioso de Fernando Lugo en el Paraguay de 2012.
● El golpe continuado en Venezuela desde el fallecimiento de Hugo Chávez en 2013, que escaló con las guarimbas y el inicio de las sanciones económicas estadounidenses de 2015, y la guerra de carácter no convencional desde la segunda asunción de Nicolás Maduro en este 2019 (sin olvidar, por supuesto, el golpe de abril de 2002 y el paro petrolero de 2003).
● El desgaste jurídico-mediático del gobierno de Cristina Fernández en 2015 y el posterior triunfo de Macri y su alianza Cambiemos (recordando también el golpe patronal agrario de 2008).
● El impeachment (juicio político) contra Dilma Rousseff en 2015, la criminalización de la militancia del Partido de los Trabajadores y la posterior detención por probados mecanismos del “law-fare” (guerra jurídica) de Lula Da Silva que, de estar en libertad, habría ganado las elecciones de 2018 en Brasil, donde finalmente se impuso el ultraderechista Jair Bolsonaro.
● Las traiciones por parte de Lenín Moreno en Ecuador y Nayib Bukele en El Salvador que, en ambos casos, expresan defecciones de los sectores burgueses a los programas de transformación en los que estaban inscritos.
● Los movimientos destituyentes contra el sandinismo en Nicaragua de 2018, a pocos meses de unas elecciones donde Daniel Ortega obtuvo más del 72% de los votos tras su reelección en 2017.
Mientras,
la enorme mayoría de la prensa regional “confunde” la renuncia de Evo
Morales y Álvaro García Linera con la inexistencia de un golpe de
Estado. Lo cierto es que en Bolivia se ha desplegado un movimiento
destituyente.
El mismo enlaza a sectores fascistas del oriente
del país –“Comités Cívicos” con su líder cruceño Luis Fernando Camacho-,
a las representaciones partidarias de la derecha tradicional del país
–como Carlos Mesa-, a las “nuevas” derechas articuladas global y
regionalmente –como Óscar Ortiz-, a las mafiosas fuerzas de seguridad
interior que en el pasado, entre otras cosas, obligaron a la renuncia de
ministros (vía liberación de presos), y a las cúpulas titubeantes y
traidoras de las fuerzas armadas bolivianas.
Funcionarios y
dirigentes del partido gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS), se
encuentran delicadamente escondidos e, incluso, asilados en la Embajada
de México y de otros países en la ciudad de La Paz. (...)
Una estrategia del caos sacude nuestra región. Mientras el golpe se
consuma en Bolivia, en Chile el gobierno de Sebastián Piñera es el
promotor de una acción represiva por parte de los instrumentos del
Estado que, por lo menos, se han cobrado la vida de 20 personas. Ni el
“Grupo de Lima” ni la OEA dijeron algo del drama humanitario que se vive
en Chile, como tampoco brindan seguridades y mecanismos de pacificación
y diálogo en el medio de este evidente golpe de Estado en Bolivia.
Ante nuestros ojos se edifica en Bolivia una dictadura cívico-militar
que ha aplicado una fuerte censura mediática y ha empezado a detener a
activistas sociales, dirigentes políticos y funcionarios del gobierno.
Frente a ello, se pone en movimiento el fuerte músculo político que el
Pacto de Unidad de los movimientos sociales tiene en el país y que,
rápidamente, puede constituirse como vanguardia organizativa de una
fuerza social que desarme esta restitución oligárquica, imperialista y
conservadora. (...)" (Matías Caciabue y Paula Giménez , Estrategia.La, 11/11/19)
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