"¿Es el alto nivel de desempleo la causa fundamental de la mayor desigualdad en España que en otros países? (...)
Poner el foco exclusivamente en el desempleo puede hacer olvidar el
fuerte componente estructural de la desigualdad. La predicción que
cabría hacer de su evolución si se aceptara esta hipótesis es que los
ciclos económicos expansivos deberían ser garantía inequívoca de su
reducción. Los datos que conocemos desde el final de la crisis parecen
desdecir, sin embargo, el automatismo de este hipotético proceso, al
reducirse la desigualdad más lentamente de lo que aumentó durante el
período recesivo.
Una de las constataciones más paradójicas del estudio de la desigualdad en España es, de hecho, la reducida sincronía entre su evolución y los cambios en las cifras de empleo.
La relación entre los cambios en el empleo y la desigualdad está
determinada, además, no solo por la evolución de los flujos sino por el
tipo de empleo. Uno de los principales problemas de los puestos de
trabajo creados desde el final de la crisis es su marcado carácter
temporal y el aumento de las ocupaciones a tiempo parcial.
Es difícil pensar, por tanto, que el ritmo de creación de empleo
actual vaya a reducir drásticamente el problema de la desigualdad. Cabe
añadir que, tal como muestra el informe Mercado de trabajo del
Observatorio Social de La Caixa, España es uno de los países con mayor
número de "subempleados" por insuficiencia de horas trabajadas. Muchos
trabajadores reciben una remuneración insuficiente no tanto porque lo
sea su salario/hora sino por el reducido número de horas trabajadas.
La alta incidencia del empleo de bajos salarios y de la desigualdad salarial no son ajenas a un marco institucional —salarios mínimos todavía bajos
y negociación colectiva dispersa— que las favorece. Como resultado, la
persistencia en el tiempo de un segmento de empleo precario, con bajas
remuneraciones y reducida movilidad ascendente, incorpora a la
estructura social un factor claramente determinante de las diferencias
de renta entre los hogares. Para que esa desigualdad en las rentas
primarias no se traduzca en una ampliación de la brecha en la renta
disponible resultaría necesario un gran efecto compensador de las
políticas redistributivas.
Y es aquí, precisamente, donde mayores son las diferencias respecto a
otros países europeos. Según datos de la OCDE, mientras que la
desigualdad antes de la intervención del sector público a través de
impuestos y transferencias no es significativamente diferente en España
de la que registran los países centroeuropeos, los anglosajones o
algunos países nórdicos, la que se observa cuando han entrado en juego
ambos instrumentos es considerablemente mayor.
Parece obligado, por tanto, conectar el alto nivel de desigualdad en
España con la limitada capacidad redistributiva de la intervención
pública y revisar las claves que explican ese déficit. Una primera es el
reducido impacto redistributivo de todas las prestaciones monetarias,
salvo las pensiones contributivas, debido a una inversión de recursos
inferior no solo al promedio de la UE-28 sino a la de algunos países con
una renta per capita inferior a la española.
La incidencia
redistributiva de las prestaciones económicas crece, fundamentalmente,
cuando aumenta su peso sobre las rentas de los hogares. Parece
imprescindible, por tanto, un aumento significativo de los recursos
dedicados al sistema para ir cerrando esta brecha. (...)
El aumento de recursos debería estar destinado a cubrir las lagunas
más importantes en el sistema de protección actual. Un ámbito
imprescindible es el de las prestaciones familiares, que ofrecen un
nivel de protección muy bajo en el contexto europeo. Los costes de tan
baja protección pueden ser grandes dados los altos niveles de pobreza en
los hogares con niños, que impondrán dificultades en su vida adulta
para generar ingresos, tener buena salud, oportunidades laborales o para
alcanzar niveles adecuados en muchas dimensiones del bienestar.
En segundo lugar, el desarrollo de una red de prestaciones monetarias
que ofrezca suficiente aseguramiento frente a los nuevos riesgos
sociales parece imprescindible si se quiere abandonar el furgón de cola
de los países de la Unión Europea en cuanto a los niveles de equidad en
el reparto de la renta. Deberían intensificarse los esfuerzos de
racionalización del conjunto de prestaciones no contributivas y aumentar
los recursos invertidos en la protección de los hogares con menores
recursos.
Ante las desigualdades en las cuantías de las prestaciones y
en la cobertura que ofrece cada comunidad autónoma, urge la definición
de un sistema menos fragmentado y con mayor cobertura. Por otro lado, el
hecho de haber dado gradualmente respuesta a los distintos riesgos a
través de prestaciones específicas por categorías socioeconómicas ha
dado lugar a un sistema poco articulado y con problemas de inequidad. (...)" (Luis Ayala, El País, 08/12/19)
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