"El Fondo Monetario Internacional
(FMI) dijo el miércoles, terminada la misión técnica que estuvo en
Buenos Aires desde el 12 hasta el 19 de febrero, lo que el gobierno
esperaba: la deuda
no es sostenible en la situación actual de las cuentas fiscales y
externas del país y con el cronograma de pagos, muy cargado para este
año y los que vienen. Por lo tanto, es necesario que la Argentina
renegocie sus pasivos, y que haya “una contribución apreciable de los
acreedores privados”.
Esto significa que estos deberían aceptar una
pérdida de valor de sus bonos, o sea una quita.
De esta forma, Alberto Fernández consiguió de la visita del FMI lo mejor
que podía esperar. Los tecnócratas del organismos no le pidieron
formalmente más ajuste (aunque mientras estaban en el país el gobierno metió la mano en el bolsillo de 2 millones de jubilados y anunció aumentos de tarifas “solidarios”, continuando con lo iniciado en diciembre con la ley de emergencia económica)
y le marcaron la cancha a los bonistas. De cara a una dura negociación
con los bonistas que se viene, y que según el cronograma de Economía
debería cerrarse con el 31 de marzo como fecha límite y en la cual el
Estado argentino llega en una posición de gran debilidad, el respaldo
del FMI es un contrapeso en la balanza, aunque difícilmente cambie en
algo la dureza que preanuncian los bonistas
.
¿Qué es lo que se está discutiendo en la negociación de la deuda?
La deuda pública total alcanza según los últimos datos informados por
la secretaría de Finanzas, los USD 324 mil millones. De toda esa deuda,
más de un tercio es intra sector público. O sea, es dinero que el
Tesoro le debe a Anses, el Banco Nación, el Banco Central,
y otros organismos públicos. Esa deuda no está en discusión, son
vencimientos que se patea para adelante de manera permanente (con
perjuicio para la operatoria de las entidades en muchos casos, ya que
pierden liquidez).
La deuda que se está renegociando es, por un lado, los USD 121 mil
millones que están en manos de bonistas privados, y por otro, los USD 44
mil millones desembolsados por el FMI. (...)
La renegociación de la deuda es en realidad tres negociaciones al mismo tiempo:
- la de la deuda con acreedores privados bajo legislación extranjera, es decir la que fue emitida en Nueva York u otras plazas. Se trata de una deuda que hay que pagar en dólares u otras monedas que no son el peso argentino, y que en caso de incumplimiento habilita a los acreedores a hacer juicio en cortes de otros países, como los buitres de Griesa. En la mayoría de los bonos de esta categoría rigen las Cláusulas de Acción Colectiva, por las cuales si el 75 % de los bonistas o más acepta, se considera lograda la renegociación, y el restante 25 % debe aceptarla. Pero si no se alcanza ese porcentaje, el acuerdo queda bloqueado. En los bonos emitidos en 2005 y 2010 cuando Néstor Kirchner y Cristina Fernández canjearon los bonos del default de 2001, las condiciones son aún más duras: 85 % de los acreedores debe aceptar. El monto de esta deuda es de USD 65 mil millones, y la mitad de la deuda o más está en manos de 10 grandes fondos: Pimco, Templeton, Fidelity, BlackRock y unos 6 más. Si se juntan y unifican posición tienen casi poder de veto;
- el segundo carril de negociación, es el de los bonos en manos privadas bajo legislación local. Acá hay deuda en pesos (por el equivalente a USD 18 mil millones) y en dólares (USD 44 mil millones), pero a diferencia de la anterior no habilita cortes extranjeras. Aunque la negociación local está subordinada a la de los bonos bajo ley extranjera (Guzmán prometió iguales condiciones para ambos tipos de deuda, aunque los acreedores opinan que la deuda local puede ser más castigada), en realidad la mayor parte de los vencimientos de lo que resta del año son de estos bonos;
- por último, está la deuda con el FMI, para devolverle los USD 44 mil millones que le prestó a Macri. Hasta el año que viene no hay pagos de capital al FMI, pero en 2022 y 2023 se concentran vencimientos siderales. Por eso, la intención de Guzmán es acordar la postergación de pagos hasta 2024. Es una negociación que no es urgente. Pero tener rubricado un acuerdo con el Fondo sería un gesto para sentarse a la mesa con los acreedores privados. El gobierno está haciendo los deberes por estos días para cumplir de antemano todo lo que podrían exigirle.
Este año los vencimientos totales de deuda bruta
(es decir, descontando lo que el Estado le debe al Estado) son de USD
48 mil millones. En dólares son USD 20 mil millones, el resto en pesos.
Los dólares del Banco Central disponibles hoy para usar son de USD 14
mil millones según las estimaciones más optimistas. Es decir que no hay
plata suficiente para pagar los vencimientos. Está la deuda en pesos,
que se podría pagar emitiendo, pero eso significa ponerle presión al
tipo de cambio, aumentando la brecha entre el dólar legal y el paralelo,
contado con liqui, dólar bolsa, etc.
Los tiempos apremian. Si no hay acuerdo para mayo, podría haber
default: hasta ese mes vencen 1 billón y medio de pesos de deuda en
moneda local (sumando capital a intereses), y casi USD 18 mil millones
de dólares. Es decir, USD 4 mil millones más de lo que tiene el BCRA
para usar, si estuviera dispuesto a quemar hasta el último dólar
disponible.
¿Esto qué significa? Que el gobierno está yendo a una negociación en condiciones muy débiles.
Ya de por sí, no haber entrado en default hace la negociación siempre
más trabajosa. Es cierto por un lado que le da al gobierno una arma, que
es la amenaza de patear el tablero y dejar de pagar, haciendo que
caigan los bonos y los acreedores pierdan todavía más plata, porque hay
muchos que compraron bonos cuando valían bastante más de lo que están
hoy.
Pero eso amenaza pierde credibilidad cuando se pone en evidencia
que no hay decisión de ir por ese camino, que es lo que confirmó
Kicillof en la provincia hace dos semanas. Entonces, querer renegociar
sin default ya es una dificultad. Mucho más lo es cuando no se tiene
ningún respaldo, que es lo que le está pasando a la Argentina. Y al
haber seguido pagando desde el día uno, usando dólares escasos, el
gobierno debilitó su posición para la negociación todavía más porque
cada vez que paga tiene menos reservas.
Entonces, la posición más fuerte está del otro lado de la mesa, donde se sientan los grandes fondos.
Hay cinco variables que van a determinar cómo resulta la
renegociación: 1) la magnitud de la quita de capital; 2) la quita de
cupones, es decir el porcentaje que va pagando de intereses el bono a lo
largo de su vida; 3) la extensión del plazo de pago de los bonos, 4) el
tiempo “de gracia”, es decir sin pagar ni capital ni intereses; y 5) la
tasa de retorno del bono reestructurado, lo que la yerga define como
“exit yield”. El gobierno define (o propone al menos) las primeras
cuatro condiciones, en la oferta que realice a los acreedores. La última
variable la definen los mercados: una vez terminada la negociación
según la valuación que tenga el bono respecto de su valor nominal, esta
“exit yield” va a ser más alta o más baja. Si la tasa es muy alta, la
negociación va a arrojar resultados muy precarios.
Los bonistas no miran una de estas variables por sobre la otra con
más jerarquía, lo que les importa es el valor presente del conjunto de
la oferta.
De todo esto, quita de capital, reducción de intereses, y años de
gracia sin pagar nada, son las claves de lo que hasta ahora se dispone a
pedir Guzmán. Las señales por el lado de los acreedores fueron más bien
hostiles. Se preparan para una dura batalla, que difícilmente concluya
antes del 31 de marzo.
(...) lo “mejor” que puede surgir si el gobierno tiene éxito en la
negociación con los bonistas: seguir con un ajuste, que en nada se
parece a la propuesta de “poner plata en el bolsillo” realizada durante
la campaña electoral. La alternativa, el fracaso y la entrada en
default, realizada de manera caótica, impondría por la vía del derrumbe
un ajuste todavía peor.
La amenaza de esta “catástrofe” como único escenario alternativo,
puede ser utilizada por el gobierno para decir que no se puede hacer
otra cosa que ceder a las exigencias de los acreedores. Pero es falso
que esa sea la única alternativa. También puede encararse un
desconocimiento soberano de la deuda odiosa,
acompañado de otra serie de medidas de emergencia como la
nacionalización de los bancos conformando una banca estatal única y el
monopolio estatal del comercio exterior, para que esta vez la crisis la
paguen quienes la generaron: los banqueros, especuladores, y grandes
empresarios." (Esteban Mercatante , La Izquierda Diario, 20/02/20)
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