"Blackstone es el mayor casero de España, con más de 20.000 viviendas en alquiler bajo su cartera.
Y su operativa no es, precisamente, del agrado de Naciones Unidas. Todo
lo contrario. Un grupo de expertos de la organización considera que el modo de actuar de este tipo de firmas de inversión, con Blackstone a la cabeza, puede considerarse "atroz" al especular con el precio de estas viviendas e impedir que las rentas más bajas puedan tener acceso a ellas.
Se trata de las conclusiones del grupo de trabajo encabezado por Leilani Farha, relatora de Naciones Unidas para el derecho a una vivienda digna; y por Surya Deva, responsable del estudio, que considera que la operativa de Blackstone puede ir en contra de la protección de derechos considerados fundamentales.
El modo de operar
"Su modelo de negocio, del que Blackstone se ha convertido en actor principal, se ha convertido en el estándar de la industria",
resume el grupo de trabajo. En concreto, señala cómo las firmas de
inversión apuestan por propiedades que consideran minusvaloradas, las
compran en masa, las renuevan y las vuelven a colocar en el mercado a
precios más elevados, que quedan fuera del alcance de quienes eran sus
inquilinos. "Son propietarios que se han convertido en corporaciones sin rostro, que causan estragos en los derechos de los inquilinos y que contribuyen a una crisis global del sector", indica el grupo de trabajo.
Los expertos de Naciones
Unidas consideran que "de la noche a la mañana, firmas como Blackstone
se han convertido en los mayores caseros del mundo", comprando miles de
inmuebles tanto en Europa, como Asia y América. Lo que supone convertir la vivienda "en un instrumento financiero y de inversión".
La consecuencia de esta operativa, según el grupo de trabajo de la ONU, es que las rentas se han disparado, en algunos casos, en un 30% y un 50%.
"Las firmas de inversión tienen la responsabilidad de respetar los
derechos humanos", insisten los expertos de la organización. ¿En qué se
traduce? En que deberían "identificar, prevenir y mitigar" el impacto negativo que este tipo de actuaciones pueden tener en el derecho a una vivienda digna.
Blackstone ha respondido a este informe
asegurando que "Leilani Farha, relatora especial de la ONU, retrata un
tema de política económica (acceso a la vivienda) y lo convierte en un
problema de derechos humanos. Esto no tiene nada que ver con la manera
en la que gestionamos la vivienda, sino que Farha utiliza nuestro nombre
únicamente para atraer la atención. Hemos actuado siempre de una manera correcta y, por ello, nos estamos defendiendo frente a sus múltiples acusaciones falsas".
Carta a España y otros cinco países
El grupo de trabajo también indica que ha enviado cartas a seis gobiernos, entre ellos, España, además de la República Checa, Dinamarca, Irlanda, Suecia y Estados Unidos. En ellas, indica que las legislaciones
nacionales han permitido el desembarco de este tipo de fondos,
otorgando ventajas fiscales y debilitando la protección de los
inquilinos. Lo que no desvela es si ha requerido medidas correctivas al respecto.
Los expertos de la ONU
recuerdan que los estados tienen la obligación de proteger y evitar que
se socave el derecho a una vivienda digna, además de que no pueden dejar
este derecho desprotegido en manos de intereses privados. "Lo que
convierte esta práctica en particularmente atroz es que se está llevando
a cabo sin ningún tipo de supervisión", indican en el comunicado de
presentación de conclusiones.
"Recordamos a los países que, a diferencia del oro que es una 'commodity' [una materia prima], la vivienda no lo es, es un derecho".
También señala que, aunque se hayan dirigido a seis estados, las
prácticas abusivas son globales. "Estamos dispuestos a establecer un
diálogo con los países y con los inversores sobre cómo afrontar este
problema", concluye el grupo de trabajo de la ONU.
¿Por qué señala a Blackstone en España?
Blackstone se ha
convertido en los últimos años en un actor clave del sector inmobiliario
español. La firma de inversión ha sido la palanca que ha permitido a BBVA y a Santander sacar de sus balances los activos inmobiliarios tóxicos y sólo a lo largo del pasado año 2018 invirtió en España más de 5.400 millones de euros.
También en un actor plenamente activo. Por ejemplo, en los últimos meses se ha reunido con todos los partidos políticos e, incluso, ha solicitado respaldo a la ministra de Economía Nadia Calviño para mitigar el impacto de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
La firma ha sido especialmente crítica con el nuevo decreto ley sobre alquiler, el mismo que el Gobierno de Pedro Sánchez confía en sacar adelante en las próximas semanas en la Diputación Permanente del Congreso,
donde cree que ya cuenta con los apoyos necesarios. "Se trata de una
normativa muy restrictiva en comparación con nuestros homólogos europeos
y que va a suponer más tensión al alza de precios en el mercado y una
reducción de la oferta", auguraba hace sólo unos días el 'senior advisor' de Blackstone en España, Claudio Boada. (...)" (Cristina G. Bolinches, LaInformación, 28/03/19)
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