"Rabia y dolor en la calle "La Felicidad". Una mujer víctima de violencia machista que vivía en esa zona de Barakaldo ha sido desahuciada este miércoles por orden de un juzgado y con la ayuda de la Ertzaintza. La vivienda donde ha residido hasta este mañana junto a dos menores a su cargo pertenece al programa de alquiler social del Gobierno Vasco.
Ha venido la
comitiva judicial junto a la Ertzaintza. Han sacado los enseres que
quedaban en la casa, han cerrado y a la calle. "Ella va a salir ahora de
la casa. Está muy nerviosa", decía sobre las 10.30 de la mañana Karmele Andrés, integrante del centro de asesor de la mujer Argitan.
Andrés estaba fuera
de la vivienda cuando llegaron los policías. Allí, en el exterior de la
casa, ha tenido lugar una protesta de la plataforma social Berri
Otxoak, que ha criticado el papel del Gobierno Vasco en este asunto. "El
desalojo se ha producido a instancias de la Sociedad Pública de Alquiler Alokabide, del Ejecutivo autonómico, que sólo en 2018 desahució a 184 familias vascas", lamentó.
El desahucio de este miércoles ha sido el fin de un auténtico calvario. Inicialmente se anunció para el verano de 2019,
pero los abogados de la víctima consiguieron aplazarlo. "La mujer ha
intentado repetidamente reunirse y obtener una propuesta institucional,
pero ni los servicios sociales del Ayuntamiento ni Alokabide han atendido durante meses a la familia", denunció Berri Otxoak.
En tal sentido, ha
advertido que "pese a sus repetidas peticiones y pese a ser víctima de
violencia machista, la familia ha vivido amenazada de desahucio más un año y medio
sin que las instituciones ofrecieran una salida definitiva y digna".
Los colectivos han subrayado así mismo "la angustia que viven, por esta
situación, tanto la mujer como sus hijos". "El futuro de esta
barakaldesa y de los menores es incierto", han advertido estos
colectivos.
En noviembre
pasado, el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco alegó que el
titular de la vivienda –ex pareja de la mujer desahuciada– acumulaba una deuda que rondaba los 11 mil euros. Aseguró además que "se le ofreció por su situación familiar que se subrogara el contrato".
Desde el Ejecutivo autonómico dijeron entonces que en los informes no constaba "ninguna denuncia de malos tratos", algo que fue rechazado por el entorno de la afectada. (...)" (Danilo Albin, Público, 26/02/20)
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