"Al menos 1.500 ancianas y ancianos fallecidos –el 37% del total de los
muertos por coronavirus en España.
Cadáveres abandonados durante horas o
días. Personal (religioso, sanitario y auxiliar) dándose a la fuga o
confinándose con los enfermos para cuidarlos. Trabajadoras muy
precarizadas –un 90% del total son mujeres–, sin medios ni formación
para abordar el problema.
Responsables empresariales y regionales
mirando hacia otro lado. El Gobierno, desbordado, y obligado a enviar al
Ejército para intentar averiguar el alcance del brote y contenerlo...
La situación que se vive desde hace semanas en los centros de mayores
por los contagios del Covid-19 es una tragedia cuyo balance final
tardaremos en conocer. Pero lo peor es que es un drama no del todo
imprevisto.
Hace ya un año, en esta revista,
Nuria Alabao contaba lo siguiente: "Respecto a las desigualdades entre
regiones, probablemente el caso de Madrid sea uno de los más extremos.
Las residencias de ancianos sufren falta crónica de personal –tanto las
públicas, como las privadas– y están infrafinanciadas. La lista de los
problemas que trascienden es de absoluto terror: comidas con cucarachas; ancianos que fallecen y nadie se da cuenta hasta el día siguiente o incluso muertes directamente relacionadas con la desatención –como la de una anciana cuya pierna quedó semiamputada por los barrotes de su cama una
noche en la que un solo enfermero tenía que atender a más 340
residentes–.
O como el caso de la Residencia de la Fundación Reina Sofía
Alzheimer –gestionada por Clece [propiedad de Florentino Pérez]–, donde
la empresa está despidiendo a las trabajadoras que recientemente denunciaron falta de material y de medios.
Un lugar donde no había pañales o sábanas para cambiar a los ancianos
que a veces tenían que pasar días sobre su propia orina. Mientras, esta
gran empresa es capaz de mantener salarios de cuidadoras de 600 euros al mes por jornadas completas mientras declara millones en beneficios".
Los testimonios y los datos recogidos ahora para este
reportaje indican que los problemas se empezaron a gestar hace 15 años, y
se agudizaron desde 2012 con los recortes y la fiebre privatizadora.
Muchas residencias para ancianos poco tienen que ver con el modelo
familiar y casi idílico que ofrecen sus anuncios. Son más bien factorías
de la atención, aparcamientos de abuelos gestionados con espíritu de
eficiencia mercantil, muchos de ellos por fondos de inversión no
especializados; y su principal característica es la precariedad.
“Muchos trabajamos en turno partido, pero tenemos que
tener disponibilidad total. Por esto hay muchas gerocultoras que
trabajan en hasta dos y tres centros. Médicos y enfermeros ganan mucho
menos que en el sector sanitario, por lo que tampoco se quedan, y el
seguimiento se resiente”, comenta Pilar Ceprián, afiliada a CC.OO. y
gerocultora desde hace más de 25 años. (...)
en 2019, el negocio de la atención a mayores mueve más de 4.500 millones de euros al año y no deja de aumentar. Según la consultora DBK Informa, el mercado de las residencias de la tercera edad lleva más de cuatro años creciendo a un ritmo superior al 4% interanual.
Y sin embargo, la realidad en los centros dista mucho de
ser boyante. “No tenemos EPIs [Equipos de Protección Individual] y no
hay manera de confinar a los residentes porque en muchas residencias
están hacinados”, cuenta María José Carcelén, portavoz de la
Coordinadora de Residencias 5+1, que agrupa a familiares de internados
en varias residencias catalanas.
“¿Cómo se van a diagnosticar los casos
si en muchos centros durante la noche hay solo una gerocultora por
planta, a cargo de 28 personas?”, añade Ceprián. “Se recorta por los
trabajadores, y el problema laboral se convierte en un problema
asistencial. Falta material desde mucho antes del Coronavirus, y no se
retiene a las plantillas porque están mal pagadas y sobrepasadas de
trabajo”, explica la sindicalista.
“Se está mandando a plantillas enteras a casa por contagio, y luego se
sustituyen sin filtro, con personal que a veces abandona el mismo día
por el estrés”, dice Raúl Camargo, dirigente de Anticapitalistas y
exdiputado de la Asamblea de Madrid, quien en la legislatura pasada
impulsó una proposición de ley para regular estos centros. La propuesta
no salió adelante porque PP y Ciudadanos la rechazaron. (...)
Muchas Comunidades han ido derivando o subcontratando plazas –los casos
de Madrid y Galicia son paradigmáticos: el 80% de las residencias son
privadas–, a grupos multinacionales. Aunque hay excepciones. En
Canarias, el sector privado domina un 46% del total de plazas (un 50,5%
en la provincia de Tenerife y el 39,8% en Las Palmas), pero la oferta
pública no está cubriendo las plazas necesarias y va cediendo terreno al
negocio privado. (...)
María, que prefiere utilizar un nombre ficticio, es un
ejemplo: lleva cinco años trabajando en distintos centros madrileños.
Ahora es enfermera en una residencia del sur de la capital, uno de los
420 centros privados que, según los datos del IMSERSO, existen en la
Comunidad de Madrid, por solo 72 públicos. También es una de esas
residencias donde la CAM, a través de los fondos regionales, financia
plazas públicas. Es decir, compra plazas, o las concierta, en centros de
gestión privada. “Al final es un negocio y la gente quiere hacer
dinero. Ahí la salud y el bienestar de la gente es secundario”, dice
María.
Desde su experiencia, subraya que los problemas más graves
son la falta de control y unos servicios ineficaces. “He trabajado en
centros carísimos situados en buenas zonas y el servicio es pésimo.
Realmente la gente recibe un 30% de lo que se ofrece al principio. Si en
alguno de esos sitios entra el virus, no me quiero imaginar el horror”. (...)
Según María, desde que sucedió el terrible incidente de Monte Hermoso
–fallecieron 20 personas–, los responsables públicos se han puesto “algo
más serios”, pero la sensación general es de “abandono”. (...)
La crisis de las residencias ha provocado una grave fractura política en la CM.
La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha arrebatado las competencias a
Políticas Sociales, consejería en manos de Ciudadanos, para dárselas a
Sanidad, controlada por el PP. La decisión se tomó después de que, el 26
de marzo, la consejería de Asuntos Sociales informase de que un total
de 1.065 ancianos habían muerto en las residencias madrileñas en lo que
iba de mes. Esto supone que han fallecido alrededor de un 2% de las
52.031 personas mayores que viven en las 475 residencias de la región.
El dato implica que el 50% del total de fallecidos registrados en Madrid
–2.090 el 26 de marzo– procedían de residencias. (...)
El negocio de la asistencia a mayores está cada vez en
menos manos. Del modelo cuasi familiar se ha pasado en menos de una
década a la concentración de fondos nacionales y europeos, que ya controlan el 23% del mercado,
según el observatorio sectorial DBK. La gestión de residencias es una
perita en dulce: entre 2015 y 2017 atrajo más de 2.000 millones de euros
en inversiones, según la consultora CBRE.
Seguir el entramado de fusiones y adquisiciones de los
grupos que operan en el mercado español no es sencillo. Muchos tienen su
origen en Francia y han ido consolidando una agresiva estrategia de
compras de grupos españoles mediante fondos de capital riesgo, que han
visto en el sector de la dependencia un refugio. La burbuja es tan
grande que, según un informe de la consultora Angomed,
los precios de los activos en residencias privadas se incrementaron un
50% de media en 2019, lo que pone aún mayor presión en el recorte de
costes asistenciales para hacer cuadrar las cuentas de resultados.
“Se trata de una carnicería anunciada”, resume el
exmiembro de Unidas Podemos Raúl Camargo. “La mayor parte de estas
residencias pertenecen a fondos buitres (como Azora, cuya consejera
delegada, Concha Osácar, muy oportunamente es patrona del ICO), o a
empresas que han entrado en el sector durante los últimos siete u ocho
años sin tener ningún conocimiento sobre el mismo”.
“En Madrid, y sucede de un modo similar en el resto del
país”, continúa Camargo, “acceden al negocio mediante un contrato marco
que establece un precio por plaza y día tan bajo –en torno a los 54
euros– que algunas ni siquiera aceptan. De este precio, además, tienen
que sacar sus beneficios, así que imagínate por dónde deben
recortar…”.
Camargo considera que las cifras dejan claro que la privatización del
sector es la gran culpable de la masacre que hemos vivido estos días,
cuyo balance final todavía no se conoce. “En Madrid, la mitad de los
infectados están en residencias, y la mortalidad de las privadas casi
duplica a las de las públicas. Y esto es extrapolable a lo que pasa en
otros sitios”. (...)
En el negocio de las residencias hay también constructoras
(ACS, Sacyr, Eulen), aseguradoras (BUPA, Santa Lucía), y unas pocas
entidades del tercer sector, sobre todo religiosas, “que tampoco lo
hacen mejor”, según Camargo. Por ejemplo, la Fundación San Rosendo, muy
beneficiada por los gobiernos de Fraga en Galicia, y promovida por un
cura, don Benigno, que fue condenado a pena de cárcel por quedarse con
el dinero de una residente –pronto sería puesto en libertad por una
supuesta enfermedad.
No es que los problemas de estas residencias sean novedad.
En Canarias, por ejemplo, la Consejería de Políticas Sociales del
Gobierno autonómico ha clausurado en sólo dos años un total de ocho
residencias de mayores tras las denuncias presentadas por la Fiscalía de
Protección de Personas con Discapacidad que, tras realizar 114 visitas a
residencias y centros de día, detectó “irregularidades en alguno de
ellos con resolución administrativa de cierre definitivo y firme en vía
contenciosa”, según la memoria del Ministerio Público de 2018. “Las
residencias públicas cumplen los estándares bien”, pero “en las privadas
unas cumplen por encima y otras operan al margen de la ley”, señala el
informe.
¿Qué pasará ahora? ¿Se regularizará el sector? ¿Se investigarán a fondo los casos de ancianos fallecidos y abandonados?
Camargo propone soluciones claras. “El Estado debería
intervenir y poner un funcionario a controlar cada residencia, puesto
que las operadoras no son capaces de gestionarlas. Repartir los recursos
con el ámbito sanitario, utilizar los médicos militares para
atenderlas, y parar esta matanza. Y cuando esto pase, darnos cuenta de
que necesitamos que sea un sector totalmente público”.
Una reordenación en la que nos jugamos el futuro, y la
vida, de nuestros abuelos y abuelas. La disyuntiva es cruda, pero la
pueda entender cualquiera: ¿preferimos que sus cuidados dependan de los
fondos buitres o del Estado? (...)"
(Mar Calpena, Ana Sharife, José Luis Marín, Xosé Manuel Pereiro y Gorka Castillo, e información suplementaria de Alberto García Moyano. CTXT, 29/03/20)
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