"(...) Amnistía Internacional se ha sumado a un gran grupo de
organizaciones de una amplia gama de disciplinas y áreas de conocimiento
que apoyan o piden la despenalización del trabajo sexual con
consentimiento. Entre ellas figuran la Alianza Global contra la Trata de
Mujeres, la Comisión Global sobre VIH y Derecho, Human Rights Watch,
ONUSIDA, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud y la
Organización Mundial de la Salud.
El término “trabajo sexual” se utiliza solamente referido a intercambios consentidos entre personas adultas. (...)" (Amnistía Internacional, 26/05/16)
Informe en PDF: POLÍTICA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL SOBRE LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE RESPETAR, PROTEGER Y REALIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES SEXUALES - 26 de mayo de 2016
"Preguntas y respuestas: Política para proteger los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras sexuales
(...) ¿Qué significa despenalizar el trabajo sexual
No significa eliminar las leyes que penalizan la explotación, la trata de personas o la violencia contra las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Estas leyes tienen que mantenerse y pueden y deben reforzarse.
Significa eliminar las leyes y políticas que penalizan o sancionan el trabajo sexual.
Entre ellas figuran las leyes y reglamentos relativos a la venta, la compra o la organización de trabajo sexual, como ofrecer servicios sexuales, alquilar establecimientos, "regentar burdeles" y vivir de los beneficios de la "prostitución".
Por "trabajo sexual" entendemos exclusivamente el intercambio de servicios sexuales entre personas adultas y con consentimiento.
5. ¿Por qué es Amnistía Internacional partidaria de la despenalización?
Con este modelo, el alcance de la protección de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales es mayor, sea porque:
Nuestra política no trata de la protección de los "proxenetas". A toda persona que someta a abusos o explotación a las trabajadoras y los trabajadores sexuales se le debe aplicar todo el peso de la ley.
No obstante, señalamos un auténtico problema de las denominadas "leyes contra el proxenetismo", a saber: a menudo perjudican a las trabajadoras y los trabajadores sexuales mismos, en vez de a quienes los someten a abusos, porque son leyes demasiado generales y no lo suficientemente específicas.
Por ejemplo, en muchos países, si dos trabajadoras sexuales trabajan juntas por motivos de seguridad se considera que forman un "burdel", y su actividad es, por tanto, ilegal.
Amnistía Internacional cree que la ley debe utilizarse para impedir los actos de explotación, abuso y trata en el trabajo sexual, pero no creemos que los delitos de carácter muy general que hacen que la vida de las trabajadoras y los trabajadores sexuales resulte menos segura sean la forma más efectiva de impedirlo.
7. ¿Cree Amnistía Internacional que pagar por trabajo sexual es un derecho humano?
No. Nuestra política no trata de los derechos de quienes compran servicios sexuales. Está totalmente centrada en la protección de las trabajadoras y los trabajadores sexuales, que sufren diversas violaciones de derechos humanos relacionadas con la penalización.
Tampoco cree Amnistía Internacional que comprar servicios sexuales sea un derecho humano; lo que creemos es que las trabajadoras y los trabajadores sexuales tienen derechos humanos.
Veamos: los servicios sexuales deben siempre acordarse entre las personas interesadas. Nadie tiene derecho a exigirlos.
8. ¿En qué se diferencia la legalización del trabajo sexual de la despenalización?
Legalización y despenalización son cosas distintas, y la legalización no es el modelo que estamos proponiendo.
Más que la eliminación de las leyes que penalizan a las trabajadoras y los trabajadores sexuales, la legalización supone la introducción de leyes y políticas relativas específicamente al trabajo sexual con el fin de regularlo formalmente.
Amnistía Internacional no se opone a la legalización per se, pero los gobiernos deben asegurarse de que el sistema respeta los derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales.
Creemos que todavía hay margen para avanzar en materia de despenalización y contra los abusos de derechos humanos derivados de la legalización, dado que hay trabajadoras y trabajadores sexuales que están quedando al margen de la ley en sistemas en que el trabajo sexual está legalizado.
Un ejemplo particularmente equivocado de cómo la legalización puede fallar es Túnez. Las trabajadoras sexuales tunecinas que trabajan en burdeles autorizados tienen que pedir permiso a la policía y que demostrar que pueden ganarse la vida por medios "honrados" si quieren abandonar su trabajo. A las que desarrollan su actividad al margen de esta regulación se las sigue penalizando; no tienen protección de la ley.
9. ¿Acaso no fomenta la despenalización del trabajo sexual la trata de personas?
Veamos: despenalizar el trabajo sexual no significa eliminar las sanciones penales a la trata de personas. La trata es un abuso atroz contra los derechos humanos. Los Estados deben tener leyes que penalicen la trata y aplicarlas de manera efectiva para proteger a las víctimas y llevar a los traficantes ante la justicia.
No hay datos fiables que indiquen quela despenalización del trabajo sexual fomentaría la trata de personas.
En cambio, la penalización del trabajo sexual puede obstaculizar la lucha contra la trata –por ejemplo, las víctimas pueden ser reacias a denunciar si temen que la policía tome medidas contra ellas por vender servicios sexuales–. Cuando el trabajo sexual está penalizado, las trabajadoras y los trabajadores sexuales están también privados de medidas de protección en el trabajo que podrían servir para aumentar la vigilancia e identificar y prevenir la trata.
Varias organizaciones que luchan contra la trata, como Freedom Network USA, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres y La Strada International, creen que la despenalización del trabajo sexual sería una medida positiva en lo que respeta a combatir la trata.
10. ¿No perjudicará la despenalización del trabajo sexual los derechos de las mujeres y
generará mayor desigualdad de género en el mundo?
La desigualdad de género influye considerablemente en que las mujeres comiencen a dedicarse al trabajo sexual, pero la penalización no impide que lo hagan, sino que simplemente hace que su vida sea menos segura.
Lo mismo cabe decir de las personas trans y los hombres –muchos de ellos gays o bisexuales– dedicados al trabajo sexual, que sufren discriminación y desigualdad.
Los Estados deben combatir la discriminación y los estereotipos de género perjudiciales, empoderar a las mujeres y a los demás grupos marginados y garantizar que ninguna persona carece de alternativas viables para ganarse la vida.
11. ¿Por qué no apoya Amnistía Internacional el modelo nórdico?
Con independencia de su propósito, las leyes contra la compra de servicios sexuales y contra la organización del trabajo sexual pueden perjudicar a las trabajadoras y los trabajadores sexuales.
A menudo suponen que las trabajadoras y los trabajadores sexuales tengan que correr más riesgos a fin de proteger a los compradores para que la policía no los detecte.
Por ejemplo, algunas personas dedicadas al trabajo sexual nos han contado que se ven forzadas a ir a las casas de los clientes a fin de que éstos eludan a la policía, por lo que tienen menos control de la situación y pueden tener que poner en peligro su seguridad.
Con el modelo nórdico se sigue penalizando a las personas que ejercen el trabajo sexual por trabajar juntas u organizarse a fin de estar seguras.
Las trabajadoras y los trabajadores sexuales pueden tener también problemas para encontrar alojamiento, pues sus caseros pueden ser procesados por alquilarles los locales. Esta situación puede dar lugar a desalojos forzosos de trabajadores y trabajadores sexuales de sus hogares.
12. ¿No está entonces Amnistía Internacional promoviendo la industria del trabajo sexual?
Amnistía Internacional ni apoya ni condena el comercio sexual.
Pero sí condenamos enérgicamente los abusos contra los derechos humanos de las personas que venden servicios sexuales y la discriminación que sufren, y creemos que la despenalización es un paso importante para abordar esta cuestión. (...)" (Amnistía Internacional)
"En este momento existe un colectivo, uno de los más marginados del mundo, que sufre vulneraciones de derechos humanos cada día: violaciones, palizas, discriminación, desalojos forzosos... Teníamos que decidir cuál era la vía más efectiva de protegerlo".
El término “trabajo sexual” se utiliza solamente referido a intercambios consentidos entre personas adultas. (...)" (Amnistía Internacional, 26/05/16)
Informe en PDF: POLÍTICA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL SOBRE LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE RESPETAR, PROTEGER Y REALIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES SEXUALES - 26 de mayo de 2016
"Preguntas y respuestas: Política para proteger los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras sexuales
(...) ¿Qué significa despenalizar el trabajo sexual
No significa eliminar las leyes que penalizan la explotación, la trata de personas o la violencia contra las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Estas leyes tienen que mantenerse y pueden y deben reforzarse.
Significa eliminar las leyes y políticas que penalizan o sancionan el trabajo sexual.
Entre ellas figuran las leyes y reglamentos relativos a la venta, la compra o la organización de trabajo sexual, como ofrecer servicios sexuales, alquilar establecimientos, "regentar burdeles" y vivir de los beneficios de la "prostitución".
Por "trabajo sexual" entendemos exclusivamente el intercambio de servicios sexuales entre personas adultas y con consentimiento.
5. ¿Por qué es Amnistía Internacional partidaria de la despenalización?
Con este modelo, el alcance de la protección de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales es mayor, sea porque:
- tienen acceso a la atención de la salud,
- pueden denunciar los delitos ante las autoridades,
- pueden organizarse y trabajar juntos para mayor seguridad,
- o tienen la tranquilidad de saber que no se va a acusar a su familia por "vivir de los beneficios" del trabajo sexual.
Nuestra política no trata de la protección de los "proxenetas". A toda persona que someta a abusos o explotación a las trabajadoras y los trabajadores sexuales se le debe aplicar todo el peso de la ley.
No obstante, señalamos un auténtico problema de las denominadas "leyes contra el proxenetismo", a saber: a menudo perjudican a las trabajadoras y los trabajadores sexuales mismos, en vez de a quienes los someten a abusos, porque son leyes demasiado generales y no lo suficientemente específicas.
Por ejemplo, en muchos países, si dos trabajadoras sexuales trabajan juntas por motivos de seguridad se considera que forman un "burdel", y su actividad es, por tanto, ilegal.
Amnistía Internacional cree que la ley debe utilizarse para impedir los actos de explotación, abuso y trata en el trabajo sexual, pero no creemos que los delitos de carácter muy general que hacen que la vida de las trabajadoras y los trabajadores sexuales resulte menos segura sean la forma más efectiva de impedirlo.
7. ¿Cree Amnistía Internacional que pagar por trabajo sexual es un derecho humano?
No. Nuestra política no trata de los derechos de quienes compran servicios sexuales. Está totalmente centrada en la protección de las trabajadoras y los trabajadores sexuales, que sufren diversas violaciones de derechos humanos relacionadas con la penalización.
Tampoco cree Amnistía Internacional que comprar servicios sexuales sea un derecho humano; lo que creemos es que las trabajadoras y los trabajadores sexuales tienen derechos humanos.
Veamos: los servicios sexuales deben siempre acordarse entre las personas interesadas. Nadie tiene derecho a exigirlos.
8. ¿En qué se diferencia la legalización del trabajo sexual de la despenalización?
Legalización y despenalización son cosas distintas, y la legalización no es el modelo que estamos proponiendo.
Más que la eliminación de las leyes que penalizan a las trabajadoras y los trabajadores sexuales, la legalización supone la introducción de leyes y políticas relativas específicamente al trabajo sexual con el fin de regularlo formalmente.
Amnistía Internacional no se opone a la legalización per se, pero los gobiernos deben asegurarse de que el sistema respeta los derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales.
Creemos que todavía hay margen para avanzar en materia de despenalización y contra los abusos de derechos humanos derivados de la legalización, dado que hay trabajadoras y trabajadores sexuales que están quedando al margen de la ley en sistemas en que el trabajo sexual está legalizado.
Un ejemplo particularmente equivocado de cómo la legalización puede fallar es Túnez. Las trabajadoras sexuales tunecinas que trabajan en burdeles autorizados tienen que pedir permiso a la policía y que demostrar que pueden ganarse la vida por medios "honrados" si quieren abandonar su trabajo. A las que desarrollan su actividad al margen de esta regulación se las sigue penalizando; no tienen protección de la ley.
9. ¿Acaso no fomenta la despenalización del trabajo sexual la trata de personas?
Veamos: despenalizar el trabajo sexual no significa eliminar las sanciones penales a la trata de personas. La trata es un abuso atroz contra los derechos humanos. Los Estados deben tener leyes que penalicen la trata y aplicarlas de manera efectiva para proteger a las víctimas y llevar a los traficantes ante la justicia.
No hay datos fiables que indiquen quela despenalización del trabajo sexual fomentaría la trata de personas.
En cambio, la penalización del trabajo sexual puede obstaculizar la lucha contra la trata –por ejemplo, las víctimas pueden ser reacias a denunciar si temen que la policía tome medidas contra ellas por vender servicios sexuales–. Cuando el trabajo sexual está penalizado, las trabajadoras y los trabajadores sexuales están también privados de medidas de protección en el trabajo que podrían servir para aumentar la vigilancia e identificar y prevenir la trata.
Varias organizaciones que luchan contra la trata, como Freedom Network USA, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres y La Strada International, creen que la despenalización del trabajo sexual sería una medida positiva en lo que respeta a combatir la trata.
10. ¿No perjudicará la despenalización del trabajo sexual los derechos de las mujeres y
generará mayor desigualdad de género en el mundo?
La desigualdad de género influye considerablemente en que las mujeres comiencen a dedicarse al trabajo sexual, pero la penalización no impide que lo hagan, sino que simplemente hace que su vida sea menos segura.
Lo mismo cabe decir de las personas trans y los hombres –muchos de ellos gays o bisexuales– dedicados al trabajo sexual, que sufren discriminación y desigualdad.
Los Estados deben combatir la discriminación y los estereotipos de género perjudiciales, empoderar a las mujeres y a los demás grupos marginados y garantizar que ninguna persona carece de alternativas viables para ganarse la vida.
11. ¿Por qué no apoya Amnistía Internacional el modelo nórdico?
Con independencia de su propósito, las leyes contra la compra de servicios sexuales y contra la organización del trabajo sexual pueden perjudicar a las trabajadoras y los trabajadores sexuales.
A menudo suponen que las trabajadoras y los trabajadores sexuales tengan que correr más riesgos a fin de proteger a los compradores para que la policía no los detecte.
Por ejemplo, algunas personas dedicadas al trabajo sexual nos han contado que se ven forzadas a ir a las casas de los clientes a fin de que éstos eludan a la policía, por lo que tienen menos control de la situación y pueden tener que poner en peligro su seguridad.
Con el modelo nórdico se sigue penalizando a las personas que ejercen el trabajo sexual por trabajar juntas u organizarse a fin de estar seguras.
Las trabajadoras y los trabajadores sexuales pueden tener también problemas para encontrar alojamiento, pues sus caseros pueden ser procesados por alquilarles los locales. Esta situación puede dar lugar a desalojos forzosos de trabajadores y trabajadores sexuales de sus hogares.
12. ¿No está entonces Amnistía Internacional promoviendo la industria del trabajo sexual?
Amnistía Internacional ni apoya ni condena el comercio sexual.
Pero sí condenamos enérgicamente los abusos contra los derechos humanos de las personas que venden servicios sexuales y la discriminación que sufren, y creemos que la despenalización es un paso importante para abordar esta cuestión. (...)" (Amnistía Internacional)
"En este momento existe un colectivo, uno de los más marginados del mundo, que sufre vulneraciones de derechos humanos cada día: violaciones, palizas, discriminación, desalojos forzosos... Teníamos que decidir cuál era la vía más efectiva de protegerlo".
Ana
Rebollar, directora adjunta de Amnistía Internacional España, habla de
la prostitución y la reciente decisión de su organización al respecto: a
partir de ahora, exigirá su despenalización en el mundo. Esta nueva
meta ha desencadenado duras críticas por parte de aquellos que la
entienden como un ataque contra los derechos de las mujeres en sí misma y
que luchan por su abolición.
Según explican, Amnistía
Internacional dedicó dos años hasta tomar esta decisión basándose en un
proceso de consultas con organizaciones especializadas, pruebas de
organismos de la ONU y en las conclusiones de sus investigaciones en
Argentina, Hong Kong, Noruega y Papúa Nueva Guinea.
Desde que se hiciese
público el borrador donde mencionaban su debate interno acerca de una
nueva posición sobre el trabajo sexual, las reacciones de un lado y de
otro no tardaron en aparecer.
Cerca de 400 personas firmaron una carta impulsada por la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, a la que se han unido varias actrices de Hollywood, mostrando su oposición a la decisión de Amnistía de luchar contra las sanciones
a la prostitución.
Desde su punto de vista, su visión "convierte a los
proxenetas en hombres de negocios" que venden "a personas vulnerables
con historiales de pobreza, discriminación, falta de un hogar y abuso
sexual". Por su parte, más
de 800 personas han firmado un documento encabezado por el Comité por
los Derechos de las Trabajadoras del Sexo en Europa que apoya la postura
de la ONG por "proteger" a estas personas "de la discriminación".
Pero
tras este proceso, ¿cuáles van a ser exactamente las exigencias de la
organización? AI pedirá a los gobiernos la despenalización de todas las
partes involucradas en la prostitución "siempre que haya
consentimiento", es decir, cuando no existe explotación sexual. Esto
significa la descriminalización de "las trabajadoras sexuales pero
también los clientes y las terceras partes (proxenetas, burdeles, etc). No
defienden la legalización, pues entienden que puede llegar a ser
perjudicial para la mujer, al poder derivar, indican, en dos clases de
prostitución: la legal y la irregular. Se centran, afirman, en que los
Estados dejen de castigar a quienes ejercen la profesión y a los
implicados en este negocio.
"Hay
lugares en los que quizá no esta criminalizada la mujer pero sí el
cliente o terceras partes, lo que llaman 'potenciar el trabajo sexual',
añade la directora adjunta de la ONG. Las personas que ejercen la
prostitución no cometen un crimen, pero existen leyes alrededor a las
que se agarran las autoridades para violar los derechos humanos de estas
mujeres", subrayan desde Amnistía Internacional.
Para
explicar su postura, toma el ejemplo de Noruega, que representa el
modelo nórdico, donde las mujeres no están penalizadas pero sí otras
partes implicadas. "Allí es delito que dos trabajadoras sexuales
compartan piso pues es considerado burdel. Y el dueño del piso, promotor
del trabajo sexual. Entonces, hemos comprobado cómo amenazan al
propietario: si no las expulsa de su casa, está acusado de promover la
prostitución en su edificio. Es frecuente que las desalojen de forma
forzosa", explica Rebollar. Por este tipo de situaciones, indica,
consideramos más eficaz despenalizar también a las terceras partes:
burdeles, proxenetas, etc. "Esta es la parte más controvertida", reconoce.
La
iniciativa choca de bruces con la posición abolicionista. Desde este
enfoque, la prostitución no es voluntaria, siempre es fruto de la
desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, una forma de
discriminación en sí misma y, por tanto, luchan por su erradicación. "Es
un lástima que Amnistía Internacional, que se dedica a la defensa de
los derechos humanos haya adoptado una postura en contra de los derechos
de las mujeres", critica Sara Vicente, responsable del programa de
prostitución de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a
Mujeres (CIMTM).
Prostitución, ¿discriminación en sí misma?
Al
otro lado, desde el Colectivo Hetaira celebran la decisión de la ONG
pues considera que se trata de "un paso adelante en la defensa de los
derechos humanos". "Las políticas abolicionistas están provocando
atropellos a las trabajadoras pues las abocan a una situación de
clandestinidad donde, aunque ellas no sean castigadas y el cliente o
terceras partes sí, pierden capacidad de negociación y suelen acabar en
lugares más peligrosos", afirma Cristina Garanzabal, una de sus
fundadoras.
Desde
la posición contraria, insisten. "La prostitución significa que las
mujeres están al servicio de los varones en la sociedad. Es el
sometimiento de la mujer. Nos sorprende que Amnistía Internacional apoye
esta discriminación", afirma Vicente, quien anuncia a eldiario.es que a partir de septiembre la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres trabajará en una campaña de boicot contra AI, con la intención de presionar a través de una posible pérdida de socios.
Desde
la ONG destacan que uno de los puntos clave de su política siempre ha
sido la lucha contra la discriminación de género. En este sentido,
asumen que detrás de la prostitución "hay unas relaciones de poder
desiguales, fruto de una sociedad patriarcal", detalla Rebollar. Sin
embargo, afirma, "se trata de un principio de reducción de daño. Hay
unas personas cuyos derechos están siendo violados. ¿Qué podemos hacer
para que sean erradicadas estas vulneraciones?".
¿Libre elección?
"La
criminalización de las partes involucradas en la prostitución viola los
derechos de estas personas, esto no quita que luchemos contra la
discriminación de genero existente dentro del trabajo sexual. Pero
también hay personas que están en el trabajo sexual porque toman esta
decisión y eso hay que respetarlo", añade la directora adjunta de la ONG
en España.
Sara Vicente discrepa. "La posición de
Amnistía Internacional se basa en la diferenciación entre la
prostitución consentida y la que no lo es. Estamos en contra porque
consideramos que no hay ninguna mujer que pueda elegir libremente la
prostitución", argumenta la portavoz de la Comisión contra el Maltrato.
"Pueden
permanecer de modo voluntario pero bajo ninguna circunstancia esto
significa que sea defendible por una sociedad democrática, de izquierdas
que defiende la igualdad de clases". Desde su punto de vista, se puede
comparar con una relación donde existe violencia de género. "Hay mujeres
que continúan en ella, pero la sociedad en su conjunto se posiciona en
contra, con independencia de que esa mujer decida permanecer".
La explotación de personas
Uno
de los argumentos más empleados contra la despenalización de la
prostitución es la hipótesis de un posible aumento de la trata de
personas con fines de explotación sexual. Desde la posición opuesta
defienden que la despenalización de clientes y proxenetas da "cobertura
legal a las mafias" y, por tanto, "aumentaría la explotación sexual",
defienden. La organización internacional insiste en que a lo largo de su
investigación no ha encontrado indicios para sostenerla.
"Amnistía
condena toda la trata de seres humanos. Constituye un abuso contra los
derechos humanos y debe estar penalizada. No hay indicios que la
descriminalización de la prostitución impulse la trata o tenga un
impacto en ella", afirma Rebollar, cuya organización asegura haber
detectado lo contrario.
"Nuestras investigaciones concluyen que la despenalización puede tener
un efecto positivo en la lucha contra la trata: las trabajadoras
sexuales, si no son perseguidas, podrán denunciar lo que ven
libremente", explica. "En los países donde están criminalizadas no
pueden denunciar una violación porque las primeras a las que detienen
son a ellas". En este sentido, desde el colectivo Hetaira, coinciden con
esta posición. "En muchas ocasiones se mezcla la trata con la
prostitución, lo que deriva en una disminución de la conciencia social
acerca de la explotación sexual", considera su fundadora. " (Gabriela Sánchez, eldiario.es, 22/08/15)
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