"¿Ha pensado el lector que ocurriría si, en una situación como ésta,
no contásemos con un sector público con un tamaño como el actual? ¿Ha
pensado qué pasaría si el Estado no pagase pensiones a casi 10 millones
de pensionistas, sueldos a más de 3 millones de empleados públicos o
ayudas variadas a más de 5 millones?
La mayoría de los países europeos -si no todos- van a estar en
cuarentena varias semanas como medio para frenar el contagio del
Coronavirus y evitar así la saturación de sus sistemas sanitarios. (...)
Esto supondrá un duro golpe a la actividad económica: con la mayoría de
empresas cerradas y con los consumidores encerrados en sus casas es
imposible que la economía pueda funcionar. Y no hay ninguna receta
mágica que pueda solucionar este problema: el daño económico es
inevitable. (...)
De lo que sí podemos estar seguros es de que afectará, y
mucho, a las cuentas públicas. Téngase en cuenta que casi toda la
economía privada se va a detener por completo: los consumidores no van a
consumir prácticamente nada durante semanas por lo que muchísimas
empresas, autónomos y trabajadores estarán un tiempo sin ingresar nada o
prácticamente nada. Se pagará mucho menos por IVA, por beneficios, por
IRPF, por impuestos especiales, por tasas, por precios públicos, etc.
En
cambio, el Estado seguirá pagando los sueldos de los empleados
públicos, las pensiones de los pensionistas, el mantenimiento de muchos
servicios públicos… y además aumentará sus gastos en prestaciones por
desempleo, en reforzar el sistema sanitario y en ayudas de todo tipo.
La
caída de ingresos impositivos y el aumento de gastos públicos tendrán
un resultado directo: incremento notable del déficit público. Pero he
aquí el mensaje clave que tenemos que grabarnos a fuego aunque al
establishment le chirríe: eso no es preocupante y, de hecho, es
deseable.
¿Ha pensado el lector que ocurriría si, en
una situación como ésta, no contásemos con un sector público con un
tamaño como el actual? ¿Ha pensado qué pasaría si el Estado no pagase
pensiones a casi 10 millones de pensionistas, sueldos a más de 3
millones de empleados públicos o ayudas variadas a más de 5 millones?
Todo este dinero está asegurado a pesar de la pandemia, al contrario de
lo que ocurre con los ingresos del sector privado.
Es decir, que, le
pese a quien le pese, estas semanas o meses la economía (y el bienestar
de la mayoría) podrá aguantar gracias a la existencia del Estado. Esto
es absolutamente irrefutable. Recordemos que la Gran Depresión de los
años 30 del siglo pasado fue tan grave precisamente porque ninguna
economía contaba con un potente Estado que pudiese compensar el
hundimiento del sector privado originado en la crisis de 1929.
En economía existe una identidad contable tan útil y sencilla como
olvidada por los economistas convencionales: el ingreso es igual al
gasto. Si un agente económico ingresa 10 euros es porque otro ha gastado
10.
No puede ser de otra forma, es una identidad matemática y se cumple
siempre. Sugiero al lector que se detenga un poco a pensar sobre ello;
nadie puede ingresar dinero si no hay otra persona o entidad gastando en
el otro lado. Por eso, y tal y como va a ocurrir durante la cuarentena,
si empresas y consumidores gastan poco, otros agentes ingresarán poco.
Si el gasto total de la economía cae mucho, también lo harán los
ingresos totales. Es decir, que habrá mucho menos PIB. Si se quiere
evitar o contener esta evolución decreciente no queda más remedio que
incrementar otro tipo de gasto. Como el sector privado no puede aumentar
su gasto, debe hacerlo el sector público.
Ésta es la clave del asunto:
para evitar lo máximo el impacto económico negativo de la cuarentena el
gasto público debe ocupar el hueco que va a dejar el gasto privado. Si
el gasto privado cae en X euros, el Estado debería aumentar su gasto en
esa cantidad o en una que se le aproxime. Sólo así conseguiremos que las
cosas no cambien mucho.
Este aumento del déficit público no vulnera la legalidad
vigente. El artículo 135 de la Constitución Española permite suspender
las reglas de estabilidad presupuestaria en “casos de catástrofes
naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria
que escapen al control del Estado”.
Tampoco no hay
motivos para alarmarse por la obtención de la financiación o por el
incremento de la deuda pública. El Banco Central Europeo es la única
institución que puede crear los euros, por lo que si tiene voluntad
política (que es otra cuestión y daría para otro artículo), cualquier
Estado de la Eurozona podría financiar sus gastos sin ningún tipo de
problema.
Pero es que ni siquiera es necesario que las autoridades
europeas modifiquen sus tratados puesto que en la actualidad muchos de
los tipos de interés de los bonos públicos alcanzan terreno negativo. Es
decir, ¡que los Estados ganan dinero al endeudarse y los prestamistas
lo pierden por prestar dinero! Nunca antes hemos estado en mejor momento
para aumentar el gasto público.
Y que nadie venga con
historias histéricas sobre la inflación. Si el gasto público rellena el
vacío del gasto privado, el gasto total será igual, así que es
imposible que aumente la inflación. De hecho, el gasto público podría ir
más allá y tampoco aumentaría la inflación, pero dejemos este tema a un
lado de momento. Baste con señalar que en este caso se trata de
quedarnos como estábamos antes de iniciarse la pandemia (o lo más cerca
posible).
Además, y por si fuera poco, las limitaciones a la inflación
son evidentes en un contexto de compras únicamente limitadas a los
productos básicos (con holgada oferta y cuya acumulación no tiene apenas
sentido porque sólo tenemos un estómago que alimentar y un cuerpo que
cuidar).
En definitiva, si queremos evitar al máximo
los perjuicios económicos (y sociales) de la cuarentena debemos
incrementar el gasto público notablemente para que éste ocupe el hueco
que va a dejar el gasto privado.
Esto implica crear empleo público
(especialmente en el sector sanitario) y conceder ayudas a familias y
empresas que no recibirán apenas ingresos durante este periodo. Es
legal, técnica, y económicamente posible, además de una necesidad social
y un imperativo moral."
(Eduardo Garzón Espinosa
- Profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid, eldiario.es, 15/03/20)
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