"(...) El resultado final es la polarización creciente de la distribución de
la riqueza en los hogares españoles, que confirma la sexta EFF del
Banco de España y ha sido denunciada recientemente por Philip Alston,
relator especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos de
Naciones Unidas:
“Hay dos Españas muy distintas… junto a una España
próspera, otra que está al borde de sobrevivir, con unos niveles de
pobreza que reflejan una opción política que se ha diseñado en los
últimos años. Entre 2007 y 2017 los ingresos del 1% aumentaron el 24%
mientras los de quienes estaban por debajo del 90% crecieron un 2%… Es
estado español optó por recaudar un 5% menos en ingresos fiscales, mucho
menos que cualquier otro gobierno europeo, por lo que ha tenido menos
fondos para destinar a la protección social, y eso es una opción
política. Y también lo es el recorte del impuesto a las empresas y a las
fortunas más ricas, en contraste con el fracaso de los ingresos mínimos
y la escasa disponibilidad de planes de protección social” (Conferencia de prensa
del 7 de febrero de 2020).
A la vista de esta evolución, resulta
inevitable cuestionar el modelo social, económico y político que
mantiene y amplia tan grandes desigualdades.
En perspectiva histórica, nuestro país formaría parte del “régimen
desigualitario neopropietarista mundial”, en expresión de Piketty, cuya
principal característica es la fortísima concentración de la propiedad
privada: “el fuerte aumento de la riqueza privada en manos del 10 por
ciento más rico de la población implica que la parte correspondiente al
resto de la población se ha desmoronado, de manera gradual e
inquietante.
La distribución de la propiedad es una cuestión crucial en
el siglo XXI, susceptible de minar la confianza que las clases medias y
populares han depositado en el sistema económico, tanto en los países
ricos como en los pobres y en los emergentes”. [22]
Las decisiones de política económica –europeas y españolas- reman a
favor de las grandes empresas y mercados de deuda transnacionales, dando
lugar a la paradoja planteada por Alfonso Ortí de que las instituciones
democráticas se han convertido en “la forma suprema de legitimidad de
esas políticas (excluyentes)” (Carlos Pereda, Barómetro Social de España, 05/03/20)
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