"(...) De entrada convendría recordar que los pactos fueron dos y
complementarios. Uno, del que más se habla, tuvo como objetivo la
estabilización económica de un país castigado por una crisis económica
mundial, una reconversión industrial –especialmente del textil y otros
sectores manufactureros-, un desempleo galopante que llegó a alcanzar el
25%, una devaluación de la peseta del 25%, unos tipos de interés entre
el 10 y el 20% y una inflación del 26,5%.
Este pacto incidió
directamente en la negociación de salarios, que pasó de tener como
referencia la inflación pasada a las previsiones de inflación futura, lo
que comportó una pérdida nominal del poder adquisitivo de los salarios,
aunque no en todos los sectores porque, como siempre, fue determinante
el poder sindical en cada lugar.
Ese pacto no solo
contenía elementos de estabilización económica, también sentó las bases
del Estado social de la Constitución de 1978. Puso en marcha un sistema
de protección al desempleo: el INEM es de noviembre de 1978 y la Ley de
Empleo, que amplió la cobertura e intensidad de la protección de los
parados, de 1980.
Se dibujó el actual sistema de
Seguridad Social que vería la luz en abril de 1978 con el tránsito de un
modelo mutualista, desigual y balcanizado a otro de cobertura
universal, caja solidaria y voluntad armonizadora. En 1977 el gasto en
pensiones no llegaba al 4% del PIB frente al 12% actual.
Se
acordaron los cimientos de un sistema fiscal que hasta entonces era
prácticamente inexistente – un 12% del PIB sin computar cotizaciones
sociales ni tributos locales en un contexto en que la media europea era
del 40%. Se articularon nuevas figuras tributarias, como el IRPF – hasta
entonces el IRTP solo gravaba las rentas del trabajo personal.
Incluso
en urbanismo y vivienda se establecen unos principios que hoy
parecerían revolucionarios. Así, se afirma que las plusvalías obtenidas
del suelo urbano deben de ser mayoritariamente en favor de la
colectividad.
Por supuesto y como sucede con todos
los pactos, su desarrollo fue desigual y tuvo mucho que ver con la
correlación de fuerzas, que en los próximos años estaría muy
condicionada por el agravamiento de la crisis, el elevado desempleo y un
contexto global marcado por la revolución conservadora de Thatcher
(1979) y Reagan (1981).
El segundo Pacto, del que se
habla menos pero que fue determinante para consolidar la Transición,
reforzó la libertad de expresión y específicamente la de prensa, amplió
el derecho de reunión y manifestación y consolidó el de asociación
política. Recordemos que las elecciones de Junio de 1977 se celebraron
bajo el paraguas de la ley franquista de Reforma Política de 1976 y que
la Transición no estaba ni consolidada ni garantizada.
Desde
una perspectiva de género no deberíamos obviar que los Pactos de La
Moncloa acordaron despenalizar el adulterio de la mujer y el
amancebamiento -solo si era en casa propia- del varón, así como la
legalización de los anticonceptivos. Puede parecer muy lejano, pero fue
solo hace 40 años.
¿Que hay en común y qué de diferente entre 1977 y 2020?
En común aparecen unos retos inmensos que no se pueden abordar solo
desde la política institucional, que sobrepasan la capacidad de
cualquier mayoría parlamentaria y requieren de amplios acuerdos
políticos y sociales. También la confluencia de diversas crisis,
económica, social y política. (...)
Quizás la diferencia más relevante es que las crisis
actuales, económica, social y política tienen una dimensión global,
aunque tengan sus características locales, y una parte importante de los
instrumentos necesarios para afrontarlas son de dimensión supranacional
y especialmente europea.
Para decidir la oportunidad
o no de nuevos pactos lo que me parece más determinante es que hoy, al
igual que en 1977, la sociedad española tiene ante sí un conjunto de
retos que ya existían antes pero que el coronavirus ha agravado, y que
no tienen solución si no es en el marco de amplios acuerdos sociales y
políticos.
Un modelo productivo muy dependiente de sectores muy
frágiles; la necesidad de un modelo de competencia empresarial que no
gire sobre la precariedad; la imprescindible transición ecológica y
energética y el reparto de los costes de esta transición; la
sostenibilidad económica y social de la Seguridad Social; un sistema de
protección social que aborde viejas y nuevas desigualdades sociales; la
potenciación de un Sistema Nacional de Salud público que se ha
reivindicado y ganado el derecho a no ser maltratado; un pacto sobre el
sistema educativo al que el coronavirus ha realzado en su función de
equilibrador social.
Y en el fondo de todos ellos, un aumento brutal de
las desigualdades sociales y un Estado con una fiscalidad débil por
insuficiente y desigualitaria, que no puede continuar usando el
endeudamiento como alternativa a su debilidad.
Parece
evidente que son retos que nadie puede abordar en solitario y que no
tienen respuestas unívocas porque las discrepancias políticas e
ideológicas son muchas. Aunque no deberíamos menospreciar que esta
crisis ha reducido estas distancias y generado ciertos consensos
sociales que deberían plasmarse ahora en políticas. Que lo público ha de
jugar un mayor protagonismo lo destaca hasta el Financial Times y que
los bienes comunes no pueden dejarse a la mano "equilibradora e
invisible" del mercado nos lo ha demostrado la Covid-19. (,,,)
Necesitamos grandes acuerdos de Estado para afrontar
estos retos, pero dudo que presentarlos como unos nuevos Pactos de La
Moncloa ayude. Quizás lo primero sería despojar esta propuesta de toda
mística, huir de una visión omnicomprensiva y ponerse a trabajar.
Dadas
las evidentes dificultades de la política, la sociedad y las fuerzas
sociales pueden y deben jugar un papel importante, canalizando los
estados emocionales que hoy vemos en la sociedad a favor de determinados
valores, en ideas y propuestas concretas.
Es la mejor enseñanza que recibimos del coronavirus y, al mismo tiempo, la gran oportunidad que nos ofrece. " (Joan Coscubiela, eldiario.es, 06/04/20)
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