"Las ventas de productos de cannabis medicinal en Europa generaron entre 230 y 250 millones de euros en 2019, según un estudio de la publicación estadounidense Marijuana Business Daily,
que destaca que Alemania, Italia y Holanda son los países con el mayor
mercado del continente, cuyo volumen total aún no alcanza ni siquiera la
mitad del que representa el estado norteamericano de Arizona.
España,
sin embargo, no saca tajada de ese creciente negocio al no haber regularizado el cannabis con fines terapéuticos, aunque sí tiene empresas autorizadas por el Gobierno para exportarlo.
El informe de
Marijuana Business, empresa de comunicación especializada con base en
Colorado, estado con una de las mayores industrias del cannabis del
mundo, va dirigido fundamentalmente a los empresarios e inversores de
ese país interesados en ampliar su campo de negocio en Europa, que, por
población, renta per cápita y cobertura sanitaria, se prevé será un día
el mercado más grande del mundo para el cannabis medicinal, mayor incluso que el de Canadá y EEUU juntos, según este estudio.
Elaborado con la
aportación de datos de las agencias estatales que gestionan la
producción y distribución del cannabis medicinal en los países donde
está regulado su uso, así como con valoraciones de expertos locales, el
informe refleja la complejidad del mercado europeo para el
inversor foráneo debido a la gran variedad de sus legislaciones y marcos
normativos, idiomas y culturas. Pero sus autores subrayan, por el
contrario, su crecimiento y, más que nada, su enorme potencial.
Sobre todo, el de Alemania, líder absoluto de este mercado en Europa desde que en 2017 legalizó el uso medicinal del cannabis.
Según el informe, las ventas crecieron el año pasado en ese país más
que las de sus dos predecesores juntos, Italia y Holanda. Aumentó en más
del doble la importación de flores de cannabis -hasta alcanzar las 6,5 toneladas-
para dispensar a los pacientes en las farmacias, donde gestionaron
267.348 recetas, un 44% más que en 2018 y con un valor de 123 millones
de euros. Esas recetas forman parte de un programa nacional público para
la administración de estos productos, pero si se le añaden las compras
hechas sin prescripción, las ventas alcanzaron los 170 millones de euros, estiman los autores del estudio. (...)
España, sin embargo,
apenas ocupa unas líneas en un apartado que dedica este estudio a
"otros países", en los que se incluye a Grecia y Portugal, y de los que
se dice que "tienen una industria exclusivamente orientada a la
exportación". En esos tres países del sur de Europa aún no hay pacientes
de un cannabis medicinal regularizado, salvo a los que se administra
Sativex o Epidiolex, fabricados por una empresa angloestadounidense para
el tratamiento de diferentes patologías.
En nuestro país, hay cuatro empresas que disponen de una autorización
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para la
producción y fabricación de cannabis con fines médicos, facturación que
deben destinar al completo a la exportación porque su uso no está aún
regularizado en España.
Una de ellas es Linneo Health,
heredera de Alcaliber, la compañía española del magnate Juan Abelló
líder durante décadas del mercado farmacéutico mundial de morfina y
tebaína. Esta empresa fue adquirida por una nueva entidad integrada en
un 60% con capital del fondo británico GHO con base en las Islas Caimán y
en un 40% por Torreal, vehículo inversor del propio Abelló, que se
quedaron con la licencia del Estado de la que ya disfrutaba Alcaliber
para cultivo de cannabis con fines medicinales.
Y otra es la canadiense Canopy Growth,
la firma más importante del mundo en este sector, que se instaló el
pasado verano en el Parque Científico de Alicante tras adquirir la
empresa Cáñamos y Fibras Naturales SL, Cafina, que contaba con dos
autorizaciones de la AEMPS, una para cultivo con fines de investigación y
otra con fines médicos y científicos.
¿Qué dinero de ese
mercado del cannabis medicinal está revirtiendo en España? No se han
difundido datos de los ingresos que la exportación pudiera estar
generando en las empresas que tienen autorización en nuestro país, pero
sí se conocen algunas estimaciones de los beneficios que podría originar
una regularización del cannabis: la Confederación de Asociaciones Cannábicas (Confac) calculó hace un año que el Estado, en caso de una legalización integral, podría percibir entre 3.400 y 3.800 millones
de euros anuales por el cobro de impuestos directos como el que percibe
por el tabaco, y que se crearían en torno a 20.000 puestos de trabajo
en las labores de cultivo, transporte, venta, cata, publicidad y otras
actividades relacionadas con el consumo de este producto.
"Estamos perdiendo una grandísima oportunidad para estar en primera línea del mercado", subraya Eric Asensio,
portavoz de Confac. A su juicio, es un error que no se tomen las
medidas legales para que aflore todo un mercado que ahora está
sumergido, de personas que acuden a internet, asociaciones y otra
multitud de vías para adquirir cannabis con fines terapéuticos. "No
acabamos de entender –dice- por qué en Alemania o en la República Checa
sí se puede y aquí, no, si se trata de la misma evidencia científica".
El Observatorio
Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC), un grupo español de
expertos en este sector, también se lamenta de que los sucesivos
gobiernos de España no hayan dado los pasos legales necesarios para
haber convertido a nuestro país en "una potencia mundial" en el mercado
del CBD (componente del cannabis utilizado con fines terapéuticos) en
cuyas genéticas ha sido pionero, mientras que se ha autorizado "sin
ninguna transparencia" a algunas empresas para que puedan ganar dinero
con la exportación.
El OECCC, que ha editado durante la pandemia el documental Marihuana, primero las personas, considera, no obstante, que cualquier regulación que se afronte debe anteponer los intereses de la ciudadanía, es decir, su derecho a la salud
y a no verse privado de un acceso mínimamente garantizado al cannabis,
como ha ocurrido durante el estado de alarma a causa del cierre de los
clubes y asociaciones de usuarios de esta sustancia, señala su portavoz,
Hugo Madera. Y después, ese proceso –añade- debe abrirse a todos los
sectores, pequeños cultivadores y cooperativas, y no limitarse al de las
grandes empresas. (...)" (Santiago R. Reviejo, Público, 01/06/20)
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