"El fracaso de la coordinación europea en la gestión sanitaria de la
epidemia ha dejado solos a los gobiernos nacionales en la tarea de
coordinar a los actores públicos, privados y de la sociedad civil en la
lucha para contener la pandemia.
Según un estudio reciente,
los ciudadanos prefieren que sea así, pues se muestran más favorables a
que la gestión de la pandemia recaiga en los gobiernos nacionales que
en la Unión Europea. (...)
La revitalización del papel del
gobierno nacional durante esta crisis plantea distintos retos e
interrogantes en los países donde la fragmentación de competencias
obliga a una actuación política concertada entre distintos niveles de
gobierno. Los estados federales y descentralizados se sostienen sobre un
delicado equilibrio entre el poder central y el poder de las regiones y
por eso esta crisis plantea algunos desafíos y preguntas que reviso a
continuación respecto al caso español:
1. Coordinar significa imponer costes de manera desigual
El
primer reto es el de la coordinación de la actuación frente al virus
cuando las competencias sobre políticas sanitarias y de salud pública
están en manos de los gobiernos autonómicos.
Como ya revisé en otras páginas,
las dificultades en esta coordinación se deben tanto a elementos
coyunturales –como el alto grado de confrontación y polarización
política en el que emerge esta crisis– como a elementos estructurales,
como las divergencias en la forma de generar datos entre Comunidades
Autónomas o la ausencia de interlocución previa con la que se vuelve a
convocar la Conferencia de Presidentes. (...)
Lo complicado en esta situación
es sincronizar una desescalada común a pesar de que la crisis tiene un
impacto sanitario y económico desigual entre Comunidades Autónomas. La
ideal para cada gobierno autonómico sería diseñar un procedimiento de
desescalada del confinamiento "a medida", es decir, con un ritmo y
extensión de acuerdo con las condiciones sanitarias y económicas
específicas de su territorio.
Pero
para garantizar que la salida en cada Comunidad Autónoma no imponga
externalidades negativas en el resto es necesario armonizar esas
estrategias. Coordinar, en este contexto, significa imponer costes: los
que para cada territorio implica renunciar a su óptima estrategia de
salida.
2. ¿Revival centralista?
Un
interrogante sobre los efectos sobre la cuestión territorial de la
crisis del coronavirus es observar si las dificultades de una actuación
coordinada en el ámbito sanitario y los efectos económicos provocan un
aumento de las preferencias por una mayor centralización del Estado
Autonómico. En Alemania existe en la actualidad un debate sobre si sería
necesario recentralizar algunas competencias para mejorar la
coordinación federal en un momento de crisis. En el caso de España, el
debate sobre la cuestión territorial lleva abierto mucho tiempo, y la
crisis abre una oportunidad para transformarlo. La cuestión es en qué
dirección puede modificarse.
Durante
la anterior crisis económica de 2012 se produjo un repunte muy
significativo de las preferencias de los ciudadanos por un Estado
centralizado que fueron reduciéndose paulatinamente con la mejora de la
situación económica.
¿Preferirán
los ciudadanos un gobierno central más potente y con más capacidad para
afrontar una futura pandemia o los costes económicos que se deriven de
la actual? En la actualidad las percepciones sobre la cuestión
territorial en España están polarizadas ideológicamente. Si las
preferencias se recentralizan, es posible que la polarización ideológica
se reduzca. Pero esto es compatible con una mayor polarización de las
preferencias entre territorios.
3. ¿Cómo se repartirán las responsabilidades?
Finalmente,
está el interrogante de cómo se repartirán las responsabilidades sobre
la gestión sanitaria y económica de esta crisis. La respuesta frente a
la pandemia depende de múltiples factores, y uno de ellos tiene que ver
con el estado de los servicios sociales y sanitarios en cada Comunidad
Autónoma ante la llegada de la epidemia. Sin embargo, el gobierno
central ha adquirido durante esta crisis una visibilidad en la que las
responsabilidades autonómicas se diluyen.
Los
datos de opinión pública parecen apuntar a que la valoración de los
gobiernos resulta inversamente proporcional al grado de responsabilidad
que han adquirido en la gestión de la crisis: menos favorables a medida
que transitamos de la evaluación de los ayuntamientos a la del gobierno
central, pasando por la de los gobiernos autonómicos.
La
centrifugación de la autoridad en el gobierno central durante la crisis
puede alterar el normal funcionamiento del control democrático de los
gobiernos autonómicos. No es sólo una ocasión para estos para exonerarse
de la responsabilidad sobre los fracasos, también una oportunidad
perdida de reclamar el mérito de sus éxitos." (Sandra León Alfonso, eldiario.es, 21/04/20)
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