"(...) la crisis del Covid19 ha matizado las
pautas del nacionalismo neoconservador representada por las diferentes
versiones de “nosotros, primero” (EEUU, Reino Unido, Italia, Brasil…) al
otorgar al estado el papel de actor económico de última instancia, como
prestamista, proveedor y garante de actividad.
Esta crisis ha introducido un nuevo matiz en la lógica local/global que augura cierto consenso. La ruptura de las cadenas de suministro reclama un modo de producción con un centro de gravedad más próximo, es decir una economía más autocentrada,
y eso supone un cambio esencial en la globalización económica.
Significa, en primer lugar, que se asume y reconoce la existencia de sectores estratégicos
(alimentación, sanidad, energía…) como articuladores de un proyecto de
pais. No es admisible un futuro en el que el 80% de los principios
activos de todos los medicamentos que consumen los europeos se sigan
produciendo en China e India.
También significa que se favorecerá un proceso rápido de ‘relocalizaciones” de modo que una parte mucho mayor del abastecimiento de la cadena de suministro se atienda mediante proveedores cercanos. Los clusters
de cercanía ganan peso cuando se requieren lógicas de abastecimiento
más seguras y no solo más baratas.
Esas actuaciones estarán incentivadas
mediante políticas públicas. El ejemplo más reciente es el paso dado
por Japón, cuyo paquete de medidas de estímulo incluye una abultada
partida para subvencionar el retorno de compañías japonesas que fabrican
en China.
Empresas nacionalizadas: entre la socialización de pérdidas y el control público.
La idea de una economía autocentrada significa, por último, el fin del tabú respecto a la nacionalización de empresas,
que ahora defienden incluso gobiernos conservadores como el método
adecuado para garantizar la actividad y el empleo. Por un lado, anticipa
una nueva oleada de socialización de pérdidas; por otro, una
oportunidad para replantearse el control público de empresas
estratégicas.
Pero no nos engañemos. Incluso después de 20 años de fanatismo neoliberal muchos
grandes países han conservado el control de empresas estratégicas. En
las recientes relocalizaciones de plantas, en especial en el sector del
automóvil, pesan no solo el “efecto matriz” sino tambien la presencia de
los estados en su accionariado. En el grupo Volkswagen, el Estado de
Baja Sajonia retiene el 12% de las acciones con un 20% de derechos de
voto y en Renault, es el estado francés el que mantiene el 15% de
acciones con el 20% de derechos de voto. La negativa de Renault a
fusionarse con el grupo Fiat/Chrysler estuvo motivada por el miedo a la
excesiva dilución de capital público francés en el conglomerado
resultante.
Otro caso.La reciente
compra de la división de fabricación de trenes de la canadiense
Bombardier por la francesa Alstom fue posible porque la CDPQ (la Caja de
Depósitos de Quebec) una institución financiera pública canadiense que
era, con el 33%, la principal accionista de Bombardier, mantenía el 18%
del capital en la nueva Alstom, una posición relevante como primer
accionista, superando el 10% de Bouygues, principal grupo privado
francés, lo que le garantizaba un control sobre las políticas de
producto, alianzas y de asentamiento industrial.
De alguna forma, la lógica del estado emprendedor
de Mariana Mazucarto se ha instalado en las mentes de las clases
dirigentes a medida que el mercado se ha evidenciado incapaz de
organizar el reparto de recursos a largo plazo, algo lógico en un
contexto en el que convergen transiciones medioambientales, tecnológicas
y sociales que provocan rupturas imprevisibles y añaden un alto riesgo a
las decisiones estratégicas. En un momento así, se asume como un
imperativo que el sector público dirija la economía y apueste
decididamente por la presencia en determinados sectores.
Una España enmarañada en los tópicos neoliberales
Es el momento de fortalecer el modelo de empresa pública
que tenemos en España, excesivamente subsidiaria y débil en la defensa
de los intereses nacionales y excesivamente fácil de adaptar a los
intereses partidistas del gobierno de turno. La definición y apuesta por
sectores estratégicos exige saltarse tópicos y reforzar la conexión
entre impulsos públicos e interés general.
No podemos olvidar el vergonzoso caso de Endesa,
empresa pública nacional de energía, que, siendo un actor estratégico
de un sector crucial, fue primero privatizada para acabar luego siendo
una filial de la empresa pública de energía de otro país, Italia. La
consecuencia de ese prodigio de desnacionalización es conocida: lo primero que hizo ENEL fue vaciar las arcas de la tesorería de su filial Endesa.
La
presencia pública no tiene por qué ser solo una garantía de último
recurso sino guiar, en momentos importantes, actuaciones de interés
general. En España el caso de Bankia ofrece otro
contraste paradigmático. Si el Estado controla a través del FROB el 70%
del capital social no se entiende que no ejerce ese poder cuando, en
esta crisis, necesitaba un banco público con capacidad para garantizar
una gestión rápida de los programas de avales y subvenciones, y que se
haya “olvidado” de utilizarlo como palanca ante las evidentes
dificultades del ICO. (...)
No será posible ningún pacto social de reconstrucción si no se impulsa
un nuevo consenso sobre el papel del sector público dotándole de un blindaje institucional suficiente y adaptado a las normas comunitarias. (---)
Fortalecer el estatuto de lo público
Ello
pasa por definir una administración “ad hoc” a la que estarían sujetas
las empresas públicas para hacer de ellas organizaciones que combinen
“interés general” con administración autónoma. Una solución pasaría por
la definición de “contratos de empresa” en los que se
acotase el interés público buscado y el control de sus resultados, con
indicadores globales de creación de valor.
Otra solución podría
consistir en organizar el interés general desde la figura de Fundación
que tiene la facultad de blindar su misión presentada como la ‘voluntad
del fundador’, un recurso más armado que la mera descripción del objeto
social incluido en los estatutos. Conviene recordar que es una fórmula
empleada por muchos grupos relevantes, tanto en España (Mapfre, El Corte
Ingles, Caixabank…) como en otros países europeos.
Las empresas públicas,
(con participación de capital público de cualquier nivel municipal,
regional, estatal) deben estar obligadas a escalar en las máximas cotas
participativas y, al tiempo, ser vanguardia en modelos de gestión eficientes
y profesionales para otorgar la máxima estabilidad y coherencia a los
proyectos públicos. Ello requiere incorporar a las organizaciones del
sector público dosis masivas de talento si se quiere que ejerza
liderazgo en la recuperación. La colaboración pública-privada no puede
poner los servicios públicos al servicio de lógicas mercantiles
cortoplacistas.
Hay que impulsar una administración profesional que reinterprete “lo público” desvinculándola del planteamiento burocrático y centralizado desarrollada en el siglo pasado: la propiedad pública se debe identificar ahora con “participación social”
lo que significa una gestión democrática realizada por los principales
involucrados en su proyecto: principalmente sus trabajadores pero
también proveedores, consumidores y otros representantes de la
comunidad. Definiendo en cada caso la participación en el gobierno de
aquellos “stakeholders” que sean identificables y representativos. (...)
De alguna forma hay que aprovechar esta oportunidad para debatir sobre cuales son nuestras necesidades estratégicas y en los cambios del modo de propiedad como parte de las necesidades del momento. Ese es el reto hoy." (Ignacio Muro, Economistas frente a la crisis, 10/06/20)
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