La derecha exige privilegiar las subvenciones a los grupos de poder, para inducir una reactivación con alta concentración de capitales. Auspicia la quiebra de las empresas insolventes para facilitar su captura por los grandes conglomerados. Propicia una nueva versión de la «doctrina del shock», que utilizan los sectores dominantes en la crisis para imponer atropellos neoliberales.

"(...) Desde hace varios meses la economía sobrevive con socorros estatales. Ese protagonismo de la intervención pública -que repite lo ocurrido en todas las crisis anteriores- es silenciado por los neoliberales. Disimulan la total inviabilidad de sus doctrinas de reinado del mercado en las situaciones de emergencia.

La acción del estado nacional se asemeja a las iniciativas imperantes en todo el mundo, pero con subsidios muy inferiores a las economías centrales. La continuidad del sostén estatal luego de la pandemia está fuera de discusión, pero el monto y distribución de los recursos públicos suscita grandes controversias.

La derecha exige privilegiar las subvenciones a los grupos de poder, para inducir una reactivación con alta concentración de capitales. Auspicia la quiebra de las empresas insolventes para facilitar su captura por los grandes conglomerados. Propicia una nueva versión de la «doctrina del shock», que utilizan los sectores dominantes en la crisis para imponer atropellos neoliberales.

Ese modelo fue explicitado por la firma aérea LATAM, que condicionó su permanencia en el país al achatamiento de los salarios y a la destrucción de las normas laborales. El mismo esquema propician las empresas de servicios (Globo, Rappi) que redujeron sueldos y las compañías que exprimen a los asalariados con el teletrabajo.

Para imponer su ajuste recesivo los derechistas exigen un recorte de la emisión, reflotando los temores inflacionarios que suscita la expansión de la masa monetaria. Pero no toman en cuenta el efecto inverso que genera la depresión del consumo y omiten la insoslayable necesidad de liquidez para cualquier reactivación.

Un control efectivo de los precios -en los mercados altamente concentrados de bienes básicos- permitiría contrarrestar el peligro del rebrote inflacionario. Con la ley de abastecimiento y ciertas medidas de control vecinal se podría contrarrestar la aceleración de la carestía, que no es una inexorable desventura de Argentina.

Las mayorías populares necesitan una sólida reactivación del mercado interno asentada en la restauración del poder adquisitivo. Es el sendero contrapuesto al ajuste ansiado por los neoliberales. La unificación de los planes de asistencia en torno a un ingreso universal significativo y la recomposición del salario serían dos pilares de esa recuperación.

Es vital incrementar los sueldos en el sector formal para detener la perversa dinámica actual de redistribución de la pobreza. El ajuste de los asalariados en blanco para sostener a la paupérrima asistencia de los precarizados es una tendencia nefasta. Refuerza la igualación hacia abajo y el financiamiento de la supervivencia de los más necesitados con los recursos de otros trabajadores. Esa involución se verifica en el terreno de las jubilaciones y debe ser revertida de inmediato.

El relanzamiento de la obra pública con significativa gestión desde abajo constituye el segundo eje de un plan económico progresista. Hay muchas propuestas de organizaciones sociales para generar cuatro millones de puestos de trabajo al año, mediante programas administrados en forma coordinada por los movimientos, los sindicatos y los municipios.

El tercer basamento de un proyecto redistributivo es el reflote de la industria nacional. En la pandemia se ha demostrado que resulta factible reconvertir muchas actividades a las necesidades prioritarias del país. El ejemplo de fabricar respiradores podría extenderse a otros productos y ramas industriales.

Estas iniciativas requieren una amplia financiación con bajas tasas de interés, que presuponen un cambio radical en el sistema financiero. El planteo progresista debe ubicarse en las antípodas del ajuste y requiere mayor gasto público con mayores recursos.

Frente a estas dos grandes opciones el gobierno transita por el camino intermedio que inauguró antes de la pandemia, oscilando entre las mejoras y el torniquete. Otorgó alivios sociales (aumentos de la asignación universal y las jubilaciones mínimas, congelamiento de tarifas, tarjeta alimentaria). Pero también avasalló derechos como la suspensión de la movilidad de las jubilaciones.

En la emergencia actual ha persistido con su política de quedar bien con todos. Por un lado adopta medidas de sostén a los desamparados, solventando gran parte de los salarios bloqueados por la parálisis de la producción. Dispuso un tercer tramo de las ATP que involucra montos siderales y ha otorgado con el IFE auxilios a casi 9 millones de personas. Además congeló los alquileres, las hipotecas y las ejecuciones por falta de pago y anunció créditos a tasa cero para el consumo de los monotributistas y los autónomos.

Pero el gobierno también socorre a los poderosos y facilita los subsidios a los CEO de las grandes empresas. Ese absurdo auxilio estatal a los ejecutivos fue parcialmente corregido cuando se detectó que su utilización para la compra de dólares. Los receptores de la subvención ya no pueden adquirir divisas, distribuir utilidades o realizar erogaciones con otras empresas vinculadas.

El oficialismo se comprometió formalmente a prohibir los despidos, pero en los hechos no detiene su expansión. El Ministerio de Trabajo evita las informaciones diarias que provee su par de la Salud. No esclarece cuál es el mapa real de las licencias y las suspensiones. El caso testigo fue Technit. Luego de afirmar que no aceptaría los despidos avaló su concreción.

Además, el recorte de sueldos tiende a generalizarse con el pasivo aval de las autoridades y los jubilados han sufrido otro ajuste de la movilidad, inferior al que hubiera correspondido por la inflación. El pago del aguinaldo en cuotas ya es un hecho y se extiende a muchos sectores. En síntesis: la política económica constituye la primera área de disputa entre el ajuste y la redistribución, frente a un gobierno que elude las definiciones.  (...)"                   (Claudio Katz, CADTM, 08/07/20)