"La colaboración de la sanidad privada en Catalunya durante los meses más
duros de la pandemia costó al Govern casi 17 millones de euros
(16.887.974 euros), según los datos oficiales obtenidos por elDiario.es
mediante una petición de transparencia. El Departament de Salut destinó
el 25% de toda esta cantidad en derivar tests PCR a los centros
privados, un concepto en el que se gastó más de 4,3 millones en cuatro
meses. (...)
El listado muestra cómo los mayores pagos a la privada fueron para las
mencionadas pruebas PCR, para ingresos en Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI) y para hospitalizaciones de más de 72 horas y
defunciones en estos recintos de titularidad privada.
El Departament de Salut llegó a derivar 46.344 pruebas PCR a
estas clínicas, por las que pagó 93 euros por cada test realizado. La
cifra pone en entredicho el éxito del programa ‘Orfeu’, que anunció el
Govern a principios de abril y por el que se preveían realizar 170.000
tests en seis semanas gracias a la colaboración de centros de
investigación, universidades y otros centros tecnológicos. La portavoz
del Govern llegó a decir una semana después que se iban a doblar esas
170.000 pruebas hasta superar las 300.000.
A principios de mayo, un mes después del anuncio del Govern,
solo se habían realizado 32 tests, según reveló el programa Planta Baixa
de TV3. El 22 de mayo la Generalitat anunció que finalizaba el programa
tras haber realizado 18.000 pruebas PCR -apenas el 10% de lo anunciado
en primer lugar- mientras derivaba decenas de miles de estas pruebas al
sector privado. Las entidades que participaron en el programa, sin
embargo, siguieron haciendo tests durante el mes siguiente hasta llegar a
la cifra de unas 50.000 pruebas realizadas en total.
La saturación de los hospitales durante las semanas más
comprometidas también tuvo un coste relevante para el erario. Los
fallecimientos y las estancias de más de 72 horas en clínicas privadas
supusieron el mayor desembolso de estos meses: la administración
catalana pagó más de 7,5 millones a estos hospitales por haber ingresado
1.506 pacientes, a un coste de 5.000 euros por hospitalizado.
Salut gastó también más de 4,3 millones por ingresar a 100
pacientes en UCIs de centros privados, a un coste de 43.400 euros por
persona. La cantidad es casi el triple de la que fijó la patronal
Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) -unos 15.000 euros- y casi
el doble de la que pagó el Gobierno de Navarra a sus centros privados
-24.000 euros por persona-. También dobla los 21.000 euros por paciente
que calculó la patronal catalana.
Completan la hoja de gastos otros servicios de los centros
privados como los 182.500 euros en ingresos hospitalarios de menos de 72
horas (hubo 73 pacientes de este tipo, a un precio de 2.500 euros cada
uno) o los ingresos en centros sociosanitarios de ancianos que salían
del hospital. En este capítulo el Ejecutivo catalán desembolsó 525.482
euros.
También en este último apartado las tarifas que abona el Govern a
la privada superan de largo los precios fijados por ASPE. Según la
mencionada patronal, el ingreso hospitalario ordinario debería pagarse a
250 euros diarios, muy por debajo de los 2.500 euros por tres días que
abona la Generalitat.
Tarifas polémicas
La cantidad que el Govern acordó abonar a la medicina privada
para que ayudara durante la crisis epidemiológica fue objeto de polémica
desde su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) a
principios de abril.
La partida más discutida fue sin duda los 43.000 euros por cada
paciente ingresado en la UCI porque era muy superior a la que pagaban
otros gobiernos autonómicos. A finales de mayo, cuando la SER reveló
la cantidad, los grupos de izquierda de la oposición (comuns, PSC y
CUP) reprocharon al Govern que hubiese cerrado un acuerdo tan costoso
para las arcas públicas, que además permitía a la medicina privada
“lucrarse” gracias a la pandemia.
La Generalitat y el sector privado pactaron que estos hospitales
tuvieran un margen de beneficio ya que, según señalaron desde el
Departament de Salut en abril, estos recintos eran un negocio y no un
servicio público. El director del Servei Català de la Salut, Adrià
Comella, afirmó entonces que el beneficio de estas clínicas oscilaría
“entre un 3 y un 6%”.
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