Piden 4,5 años de cárcel por difundir fotos de un desahucio de una familia con un bebé recién nacido... “no quieren que se sepa que en España y Guadalajara, de desahucia a bebés”

 "En marzo de 2019, una Comisión Judicial desalojaba a una pareja de 17 y 19 años, con un bebé recién nacido en el Barrio del Alamín, en Guadalajara. Desde los balcones cercanos, los vecinos comenzaron a protestar y a tomar fotos del desahucio. Entre ellos, el imputado, un activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que difundió por redes sociales las imágenes del lanzamiento. 

Un año y medio después, la Fiscalía solicita casi cinco años de prisión por unos supuestos delitos de injurias y por vulnerar el “derecho a la intimidad” de los funcionarios de la Comisión Judicial. Desde la PAH, denuncian que se trata de “un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información”, ya que “las actuaciones judiciales son públicas, siempre y cuando las mismas no estén bajo secreto, que no era el caso”.

Para esta organización social, detrás de esta imputación se encuentran los intentos de “censurar la posibilidad de que cualquier persona pueda documentar, con su teléfono móvil o cámara de fotos, un abuso de poder. El lanzamiento practicado por los agentes judiciales en marzo de 2019 suponía una vulneración grave de derechos humanos básicos, y en especial los de la infancia”. 

Por alguna razón, continúan desde la PAH, “no quieren que se sepa que en España y Guadalajara, de desahucia a bebés” 

El segundo delito que imputan al activista de la PAH, el de desobediencia, se basa en que “el acusado organizó una protesta frente a los juzgados” por esta causa el 13 de junio de 2019, a pesar de que era una concentración comunicada y con el visto bueno de la Subdelegación del Gobierno.

Según la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), los delitos de “revelación de secretos” que se imputan al activista de la PAH son “la espada de Damocles del periodismo de investigación y de la protección de los informadores”. Para la PAH, la solicitud de la Fiscalía es “un aviso a navegantes” y una “llamada de atención” para cualquier persona o periodista que sea testigo de cualquier abuso institucional. "                (El Salto, 23/11/20)