"El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto ómnibus con numerosos apartados que van desde la ampliación del subsidio de desempleo a las personas que agotaron las prestación durante el estado de alarma, la prohibición de los cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) a los usuarios con condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social, la suspensión de los desahucios hasta el 9 de mayo o la flexibilización de la contratación pública para poder absorber y ejecutar el plan de ayudas procedentes de la Unión Europea para paliar el impacto de la COVID-19 y el plan de choque para la hostelería y el comercio, entre otras actuaciones. Estas son las medidas que recoge el Real Decreto Ley de Modernización de la Administración Pública para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:
Ampliación para el subsidio de desempleo
El Consejo de Ministros también ha reabierto el plazo de solicitud para pedir el subsidio de 430 euros para parados que agotaron sus prestaciones de desempleo durante el primer estado de alarma, como adelantó elDiario.es. El Ministerio de Trabajo concede un nuevo periodo de un mes para solicitar la ayuda después de que las peticiones no alcanzaran ni a la mitad de las personas a las que se pretendía beneficiar con la medida. (...)
El Ministerio de Trabajo ha llevado al Consejo además la trasposición de la Directiva europea sobre sustancias cancerígenas en el ámbito laboral, sobre la que Bruselas apremió al Gobierno hace unas semanas a riesgo de llevar a España ante Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (...)
Además, el Consejo de Ministros ha avanzado en el proceso de ratificación de la Carta Social Europea revisada, avalado en noviembre por el Congreso de los Diputados. El Gobierno ha autorizado el Protocolo de Reclamaciones Colectivas, que permite a partir de ahora a los agentes sociales (organizaciones sindicales y empresariales) y a las ONG denunciar en Europa al Estado, en este caso España, por incumplir las garantías sociales reconocidas en la Carta.
Suspensión del corte de suministros
La norma aprobada por el Ejecutivo este martes también incluye la anunciada prohibición de los cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) a los usuarios con condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social. La prohibición, que estará vigente mientras dure el estado de alarma, se aplicará además no sólo a los titulares del contrato sino a aquellas personas que no puedan acreditarlo pero que reúnan dichas condiciones, pudiendo demostrar dicha circunstancia por medio de los servicios sociales o los mediadores sociales (entidades del Tercer Sector). (...)
Suspensión de los desahucios y compensación al propietario hasta el 9 de mayo
Tras varias semanas de negociación, el Consejo de Ministros ha aprobado por fin una nueva suspensión de los desahucios mientras dure el Estado de Alarma: hasta el próximo 9 de mayo. El decreto extiende la suspensión a todas las personas vulnerables y no solo a las vulnerables por causa COVID, como estaba en vigor hasta el 31 de enero. Este requisito solo contemplaba la paralización de desahucios a quienes demostraran que la pandemia los había dejado en situación de vulnerabilidad (por ejemplo, personas en ERTE o paro), pero no a los que fueran vulnerables de antes.
Será la persona afectada por el lanzamiento la que tenga que presentar su solicitud de aplazamiento. El juzgado deberá entonces solicitar un informe a los servicios sociales que acredite la vulnerabilidad al tiempo que la Comunidad Autónoma busca una alternativa habitacional. Si no la consigue, se suspende el lanzamiento. “Se trata de motivar la búsqueda de alternativa habitacional”, ha recalcado el ministro de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.
De no haber alternativa, el propietario de la vivienda podrá solicitar una “compensación” del estado, sea un gran o pequeño tenedor. Para calcular dicha compensación, el Ministerio acudirá al índice de referencia de precios del alquiler que publicó el pasado mes de junio y que estaba pensado como herramienta para la regulación del alquiler (una medida que aún no se ha aprobado).
Según ha anunciado Ábalos, la suspensión de lanzamientos se extiende a otro colectivo: el de personas sin contrato de alquiler, aquellas que ocupen viviendas “sin que haya mediado ni violencia, ni intimidación ni ninguna acción y lícita” y que en ningún caso sean la residencia habitual o segunda vivienda de nadie.
Flexibilización de la contratación pública para absorber los fondos europeos
La vicepresidenta Carmen Calvo ha sido la encargada de avanzar un Real Decreto por el que se modifican mecanismos de la administración pública para intentar absorber de la manera más eficiente los fondos procedentes del plan europeo para la crisis provocada por el coronavirus. El primero de los planos en los que afecta esta modificación es en los empleados públicos. Moncloa prevé una reordenación de parte de la fuerza laboral de los ministerios para centrarse en la administración de los fondos europeos. Serán fundamentalmente reubicaciones de empleados, si bien se abre la puerta, de manera puntual, a nuevas contrataciones de empleo público. “Se trata de dar eficiencia y tener los recursos humanos bien localizados”, ha señalado durante la rueda de prensa la vicepresidenta.
Sin embargo, el grueso de la modificación obedece a aligerar los trámites administrativos necesarios para los procedimientos de concesión de estas ayudas procedentes de Europa. El Real Decreto, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, se incorporará el 31 de diciembre a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Fuentes de Moncloa señalan que el objetivo es eliminar los "cuellos de botella" en la administración que lastraba la ejecución de estos planes. Esta modificación, que afecta a todos los ministerios y a varias leyes anteriores, se realiza para las ayudas del plan europeo de recuperación, pero seguirá vigente para cualquier fondo procedente de la Unión Europea. La vicepresidenta Calvo ha apuntado que el objetivo es que la gestión sea “más ágil, corta, eficiente, clara y ligera”, sin perder de vista el “control y rigor” necesario para que se puedan aplicar esta inversión procedente de Europa. (...)
Además, nace una nueva figura, que se conocerá como Perte, para aquellos proyectos que tendrán una consideración de estratégico para la economía y que deberán estar validados por el Consejo de Ministros.
Esta nueva figura es presentada como una "autopista" para que los proyectos seleccionados como tales puedan transcurrir de manera más rápida por todo el proceso administrativo de licitación. Tendrán prioridad sobre otras figuras y el Gobierno se reserva la capacidad de seleccionar a aquellas empresas que cuenten con proyectos que se amolden a la previsión de estos Pertes. Se creará un registro estatal de empresas interesadas en participar en estos programas. (...)
En cuanto a la composición, se crearán cinco nuevos órganos de gobernanza de los fondos, que pasan en primer lugar por una Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que presidirá Sánchez y en la que participarán todos los ministros.
Se creará también un Comité Técnico, que dará soporte técnico y
legal a la Comisión Ministerial, y una Unidad de Seguimiento del Plan de
Recuperación, así como foros y consejos consultivos de alto nivel en
los principales sectores implicados y se reactivará la Conferencia
Sectorial de Fondos Europeos con las CCAA al necesitarse una
"estrechísima colaboración". La Dirección de Fondos Europeos, del
Ministerio de Hacienda, será designada como la autoridad de gestión
responsable de cara a la rendición de cuentas en Bruselas." (eldiario.es, 22/12/20)
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