"No está clara la fecha exacta en la que el virus entró en España. Lo hizo oficialmente a finales de enero, cuando el Gobierno comunicó el primer caso detectado en La Gomera, y se expandió por el país durante las tres primeras semanas de febrero sin que las autoridades sanitarias, ni la central ni las autonómicas, lo advirtieran. (...)
Este error en el diagnóstico y en el control de la pandemia es solo uno de los cometidos en España para combatir la primera embestida del coronavirus, según los hechos conocidos y las opiniones de la mayoría de expertos y profesionales consultados. Las autoridades tardaron demasiado en dar el visto bueno a las pruebas para los casos de neumonías atípicas que ingresaban en el hospital, sufrieron una alarmante falta de material de protección para evitar nuevos contagios y gestionaron la crisis con unos datos muy deficientes que no permitían conocer la magnitud del problema. (...)
España reaccionó tarde porque durante varias semanas no fue capaz de
aplicar medidas para conocer la magnitud del problema. El 24 de enero,
el Ministerio de Sanidad aprobó la definición de caso para practicar las
pruebas y tener bajo control al virus. Recomendaba investigar por
infección de SARS-CoV-2 a toda persona con síntomas de infección
respiratoria que hubiera estado en Wuhan (...)
Un mes después (25 de febrero), se cambia el protocolo de detección de casos (...) A todo caso sospechoso de infección de SARS-Cov-2 se le realizará una PCR”. Desde ese momento, España comienza realmente a buscar el coronavirus, pero ya es muy tarde. Los departamentos de Salud Pública esgrimían razones parecidas: “Estábamos en febrero, en plena ola de gripe y catarros, era imposible hacer las pruebas a todas las personas con síntomas”.
La definición de caso que Sanidad mantuvo vigente desde finales de enero hasta finales de febrero hacía imposible que la estrategia de contención funcionara, porque se estaban escapando muchos infectados que contagiaban a otras personas.
Fue uno de los debates que más tiempo
ocupó en la reunión que mantuvo el 18 y el 19 de febrero el Centro
Europeo de Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).
Según las actas, ninguno de los 30 expertos insinúa siquiera hacer
pruebas a todo el que tenga síntomas, algo que consideran prácticamente
imposible por la falta de capacidad diagnóstica. (...)
“El problema en esos momentos no venía con la definición de caso, sino con la capacidad diagnóstica. Solo se podía diagnosticar con PCR y no había pruebas disponibles en ningún país, porque el que los fabricaba no los exportaba hasta que garantizaba que sus necesidades estaban bien cubiertas”, responde Sanidad a EL PAÍS. (...)
Un caos de datos
El viernes 8 de marzo había oficialmente notificados 374 casos en toda España. Tanto Fernando Simón como el entonces ministro Salvador Illa han repetido que con solo unas decenas de contagios, la mayoría controlados, no se habría entendido que el Gobierno hubiera decidido cerrar el país y detener toda actividad no esencial. Si hoy se consultan los datos consolidados tiempo después de aquella fecha en las bases de datos del Instituto de Salud Carlos III, ese día la cifra real de contagiados era de 7.909. Y eso, a pesar de la estrecha definición de caso que había por entonces.
Los sistemas de notificación de España eran arcaicos; los recursos humanos, insuficientes; los sistemas de salud pública estaban muy por debajo de lo que los profesionales venían reclamando desde hacía años. Esto no se podía arreglar de un día para otro cuando llegó la pandemia. Pero sí se podría haber previsto que lo que se veía era solo la punta del iceberg. Todas las decisiones se tomaron basándose en estos datos insuficientes y sabiendo que se hacían muchas menos pruebas de las que se debían hacer.
Álex Arenas, físico e investigador de la Universidad Rovira i Virgili y experto en modelos matemáticos, ya estaba por aquellas fechas haciendo simulaciones para prever lo que podía suceder. “No había nada de epidemiología seria, y los datos eran nefastos. No había manera [de trabajar con los datos], el sistema informático era inexistente y los retrasos de notificación eran clave”, señala.
Sanidad niega que se basaran solo en los datos oficiales. “Con todos los datos de los que disponíamos y con unos márgenes de confianza importantes, teníamos unas estimaciones de lo que estaba pasando. Disponíamos de información que nos permitía proponer medidas que de otra manera hubieran sido completamente injustificables.
Así se pone de manifiesto en el momento en que se empezaron a tomar las decisiones más duras con restricciones como las que se tuvieron que adoptar para el decreto del estado de alarma (que se hizo el 14 de marzo y que se tuvo que preparar los tres días previos). Las medidas se tomaron basándose en los datos de los que disponíamos, pero sobre todo en cálculos sobre lo que realmente pasaba y los modelos matemáticos”.
Las mascarillas llegan tarde
La recomendación de llevar mascarillas llegó tarde en Occidente. En parte porque no estaba claro hasta qué punto eran eficaces y en parte porque, literalmente, no había ni siquiera suficientes para los sanitarios que atendían a los enfermos. Esta es la versión de Sanidad:
“Las mascarillas se recomiendan desde el primer momento a todos los grupos que tienen un requisito claro de recomendación, siempre dependiendo de la información disponible en ese momento respecto a la enfermedad. Es cierto que en el momento en el que se pudo plantear el uso comunitario de mascarillas (ante su falta debido al bloqueo de las exportaciones del único país en el mundo que las producía, que era China) había que priorizar los grupos de interés.
Siempre se han recomendado las mascarillas para todas las personas sintomáticas y se ha tratado de priorizar los lugares donde había riesgo de transmisión en esos periodos de tiempo en los que había falta de mascarillas. Lo que no se podía hacer en el momento en el que no existían mascarillas en el mercado era recomendar su uso de forma amplia para toda la comunidad.
Al principio de la epidemia no había evidencia de transmisión a partir de personas asintomáticas y por tanto la recomendación tenía que ir dirigida a controlar la transmisión, no al uso generalizado de mascarillas”.
Los equipos de protección individual
China
canceló la exportación de mascarillas con el cierre de Wuhan, en enero,
así que habría que haber sido muy previsor para aprovisionarse antes.
Pero tampoco hubo búsqueda de alternativas ni se puso en marcha la
industria nacional hasta mucho más tarde. Cuando España llegó al mercado
internacional era tarde.
Reacción lenta a lo que sucede en Italia
Algunos epidemiólogos críticos con la gestión de Simón pueden incluso entender que hasta finales de febrero no se hiciera más. Pero cuando la epidemia había estallado en Italia, España tardó en reaccionar. Tan solo se aconsejó (el ministerio no tenía competencias para prohibir sin declarar el estado de alarma) no jugar partidos con público, y eso no fue hasta el 3 de marzo. El Gobierno italiano había confinado a 50.000 personas el 23 de febrero. Cada día, 200 vuelos comunicaban España con Italia.
El 26 de febrero, Sanidad se limitó a aconsejar que
no se viajara a zonas de riesgo, que por entonces eran cuatro regiones
italianas —Lombardía, Piamonte, Emilia-Romaña y Véneto—, Japón, Irán,
Corea del Sur, Singapur y China. “No hay prohibición, pero a una zona de
riesgo, si no es imprescindible, no vaya. Es de sentido común”, dijo
entonces Illa. Los vuelos con Italia no se suspendieron hasta el 10 de
marzo. (...)
Abrir pronto (en algunos sitios)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió este pasado febrero que la desescalada de la primera ola del coronavirus fue “demasiado rápida” y animó a que esto sirviera de lección para evitar una cuarta ola. En realidad, España fue uno de los países más cautos de su entorno a la hora de retomar actividades, pero las comunidades autónomas llegaron a la denominada “nueva normalidad” con situaciones muy distintas.
Mientras
Madrid contaba con una incidencia de 18 casos por 100.000 habitantes,
la de Andalucía era de uno. En Asturias, ni eso: 0,5. El plan inicial
contemplaba dos semanas más de estado de alarma para que las autonomías
más rezagadas siguieran desescalando poco a poco, pero la falta de
apoyos parlamentarios precipitaron el fin de esta situación y Madrid, la
que tenía peor situación, pasó de la fase 2 a la nueva normalidad sin
transición.
No se reforzaron bastante los sistemas de salud pública
Todo
el periodo de desescalada se suponía que debía servir para reforzar los
sistemas de salud pública de forma que pudieran localizar brotes y
aislarlos en cuanto se produjeran. Pero en julio España solo tenía la
mitad de los rastreadores que recomendaban los estándares
internacionales. Por entonces, cada comunidad tenía ya las riendas de
sus sistemas y tan solo la Comunidad Valenciana se acercó a un número
que los expertos consideran adecuado. Esto produjo que por cada contacto
en España apenas se identificasen tres contactos por caso, tres veces
menos que en otros países. En Canarias, sin ir más lejos, conseguían
hallar nueve contactos.
Ocio nocturno
Cuando terminó el estado de alarma, las comunidades fueron poco a poco abriendo el ocio nocturno. Duró poco. Ya para finales de julio seis comunidades lo estaban cerrando ante los brotes que se sucedían en este ámbito. El 14 de agosto las comunidades y el ministerio llegaron al acuerdo de cerrarlo, algo que dura hasta hoy. La noche sirvió para propagar el virus, algo previsible en opinión de los expertos, y que otros países evitaron manteniéndolo cerrado.
Olvido de los temporeros
Ni el Gobierno ni las comunidades autónomas tuvieron en cuenta que las precarias condiciones de vida y el hacinamiento de los temporeros se podían convertir en una bomba de relojería. Ahí nació la segunda ola, que comenzó en Aragón y se expandió hacia Cataluña.
Falta de criterios claros para medidas
Aunque Sanidad manejaba unos datos de trabajo sobre lo que eran niveles altos y extremos, estos no eran públicos ni suponían a efectos prácticos medidas concretas. Así que las comunidades en la segunda ola hicieron restricciones en ocasiones con demasiada incidencia y sin seguir un criterio común, que no se aprobó hasta octubre.
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