"En los días en que los mayores de residencias enfermos de covid-19 eran rechazados por los hospitales públicos sus compañeros con seguro privado gozaron de un salvoconducto para ser atendidos en una cama de hospital en Madrid.
La Comunidad impuso su triaje de admisión solo en la red de hospitales públicos, dando una vía de escape a quienes tienen capacidad para pagar por la sanidad privada.
Operadores de la red privada y sus clientes confirman a EL PAÍS que gracias a esa cobertura pudieron sortear la exclusión diseñada por la Comunidad de Madrid durante lo peor de la pandemia de coronavirus, entre mediados de marzo y mediados de abril.
Para evitar el colapso de sus hospitales públicos, la Consejería de Sanidad elaboró protocolos que excluían a mayores de residencias que estuvieran en fase terminal y con dependencias como moverse en silla de ruedas. Esos documentos asignaban a los 475 centros de Madrid un geriatra de referencia en un hospital público de su zona, para decidir por teléfono si era posible derivar a los enfermos.
Pero ese triaje no fue impuesto a la extensa red de más de 40 clínicas y hospitales privados en Madrid, a pesar de que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, gozaba de un mando único sobre la sanidad pública y privada desde el 12 de marzo. (...)
La hija de una residente en un centro de Madrid capital cuenta que ella misma llamó a Sanitas para que fueran a recoger a su madre, una persona con una gran dependencia que no hubiera pasado el corte de la Sanidad pública. Fue el 3 de abril, uno de los días más críticos de la crisis sanitaria en la región. Cuenta que en una hora de reloj la recogió una ambulancia. Fue una suerte que no tuvieron otros en ese geriátrico, según esta familiar que ruega anonimato porque no quiere exponerse a la atención pública. Ingresó con neumonía bilateral y pasó un mes en el hospital. Cree que su madre hubiera fallecido de no haber sido por esa cobertura privada. Así se lo han dicho las trabajadoras de ese centro. “Lo tengo clarísimo. Me imagino que un montón de gente que no ha tenido mi oportunidad ha perdido la vida”.
Cuando un paciente enfermaba gravemente, los empleados de residencias tenían que llamar al geriatra de enlace del hospital público de referencia para valorar el traslado de acuerdo a sus síntomas, a la saturación de las urgencias y a los criterios del protocolo. Si el enfermo tenía cobertura privada, los cuidadores simplemente llamaban a su seguro para pedir una ambulancia. (...)
Durante el período aproximado de rechazos hospitalarios, desde el 8 de marzo y hasta el 17 de abril, perdieron la vida en las residencias madrileñas 5.272 personas con covid-19 diagnosticado o síntomas. Esto supone cerca del 90% de los 5.975 fallecidos por la enfermedad en esos centros hasta este martes. Alrededor de 300 familias de fallecidos se han unido ya a varias querellas colectivas contra el Gobierno regional y las residencias. (...)
Esta diferencia de trato entre hospitales privados y públicos pone en cuestión que durante la pandemia haya funcionado por completo una “sanidad sin apellidos”, como la han llamado algunos. La sanidad privada, con 6.068 camas en Madrid, ha hecho un gran esfuerzo. El 14 de abril había admitido a más de 1.250 pacientes derivados desde la red pública de hospitales, según datos que dio el consejero Escudero. Pero la intervención de Sanidad no consistió en imponer una contribución a las empresas, sino que eran los propios hospitales privados quienes proponían a diario a la consejería su cuota de camas disponibles. (...)
“Nos llamaban de la pública y les decíamos que podíamos darles 3, 4, 5, 7
camas, pero siempre tenías que reservar espacio para el paciente que
llegaba con seguro”, dice Ortegón." (Fernando Peinado , |Juan José Mateo , El País, 11/06/20)
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