"La multinacional de servicios Eulen, uno de los grandes grupos del sector residencial en España, pidió a algunos de sus empleados tras la primera ola de la pandemia que firmasen una cláusula de confidencialidad que les impedía "divulgar, transmitir, revelar, comunicar o filtrar" cualquier dato o información sobre la compañía.
El texto, que obra en poder de infoLibre, fija esta obligación con carácter indefinido, por lo que el empleado queda atado a esta "máxima reserva" incluso después de la extinción de la relación laboral con la firma. Y establece una "indemnización" que puede alcanzar, incluso, la cantidad equivalente a una anualidad del salario bruto del empleado. Una cláusula y unas condiciones que media decena de abogados laboralistas consultados por este diario consideran abusivas. "Lo que se intenta es crear un clima de pánico entre los trabajadores", dicen.
El documento, firmado, sellado y con el encabezado de la compañía, apenas ocupa una página. "[El trabajador] se compromete a no divulgar, transmitir, revelar, comunicar, filtrar o, en general, dar conocimiento a personas físicas o jurídicas ajenas a la relación laboral instaurada por el mismo, concurrentes con Eulen Servicios Sociosanitarios SA, en el mercado por identidad o similitud de sus actividades profesionales u objeto social, o que detentaren cualquier tipo de interés o tuvieren relación con entidades que fueren concurrentes, por cualquier medio o soporte, de cualesquiera datos o informaciones relativos a Eulen Servicios Sociosanitarios SA, sea cual fuera el medio de obtención de dichos datos, por razón o no del desarrollo de las tareas laborales del trabajador", arranca el escrito de cuatro párrafos.
Con todo ello puesto negro sobre blanco, el texto continúa señalando que el empleado "conoce la prohibición" de enviar "al exterior" sin "la adecuada autorización" toda aquella "información obtenida" por su relación laboral con la empresa, ya sea "mediante soportes materiales" o a través de "cualquier medio de comunicación". Una "máxima reserva" que deberá guardar, recoge el documento al que ha tenido acceso este diario, "por tiempo indefinido". Es decir, que esta "obligación" de silencio que impide divulgar o usar "directamente" o a través "de terceras personas o empresas" toda información que genere o a la que haya tenido acceso el empleado perdura incluso después de abandonar la compañía. "Continuará vigente tras la extinción del contrato laboral", deja claro la cláusula de confidencialidad.
El escrito recoge, además, el castigo económico al que tendrá que hacer frente el empleado en caso de incumplimiento. En concreto, el trabajador se obliga a "satisfacer" a Eulen "la cantidad equivalente a una anualidad del salario bruto" que en el momento de incurrir en el incumplimiento "estuviera percibiendo". No obstante, en caso de haberse extinguido la relación laboral en el mismo instante en el que se haya violado el contrato, deberá abonar a la firma de servicios "el importe de la última mensualidad completa percibida, debidamente actualizada". "Sin perjuicio de lo anterior, se pone en conocimiento del trabajador que el incumplimiento del compromiso adquirido puede ser constitutivo de delito tipificado en el Código Penal", concluye el documento antes de dejar espacio para plasmar las rúbricas. (...)
Las fuentes consultadas señalan que el texto se pidió firmar a trabajadores del centro Bertran i Oriola, en Barcelona. Este diario hizo llegar la semana pasada a Eulen una transcripción literal de la cláusula de confidencialidad y varias cuestiones relacionadas con la misma [ver en la caja negra al final de la historia]. En concreto, se preguntó a Eulen por qué decidió trasladar esta cláusula a algunos empleados de esta residencia tras ser intervenida por la Generalitat y no durante todo el tiempo anterior. Además, se le preguntó si dicho documento también se exigió a trabajadores de otros centros gestionados por la empresa en Cataluña u otras comunidades, si se propuso firmar a todos los empleados independientemente del rango que ocupan en cada centro, si se les ofrecía un plus en el sueldo por firmarla y si tenían que decir algo sobre las críticas que hacían los abogados laboralistas consultados.
La empresa, sin embargo, rechazó pronunciarse sobre esta cuestión. "No vamos a comentar nada al respecto", apuntaron desde Eulen.
Sí que lo hicieron desde Moviment de Residències Catalunya, que considera esa exigencia "más que una cláusula de confidencialidad". "Han buscado la manera de blindar todas las irregularidades que se cometen, someter y atemorizar a las trabajadoras con una multa indecente para hacerlos cómplices de su mala gestión y usura", sostiene. El colectivo evita pronunciarse sobre si es o no legal. Sin embargo, considera que no es "ético ni moral". "¿Qué interés tiene la empresa en ocultar su gestión? ¿Por qué ese interés en acallar a los trabajadores? ¿Dónde queda la libertad de la persona y la libre disposición de sus derechos?", se pregunta. (...)
"Graves irregularidades" en Bertrán i Oriola
El documento de confidencialidad al que ha tenido acceso este diario está fechado en Barcelona en un momento especialmente delicado para Eulen. La Generalitat de Catalunya ya había intervenido la residencia de Bertran i Oriola, que gestionaba este grupo, tras haber detectado "faltas en el trato" a los ancianos residentes y había puesto la dirección del centro en manos de las Hermanas Hospitalarias-Psicoclínica de la Mercè. Una decisión que también se tomó en el caso de Mossèn Vidal i Aunós, que también controlaba Eulen, donde la administración catalana detectó "falta de recursos". En los meses de marzo y abril fallecieron en la primera residencia 19 personas, según datos oficiales de la Generalitat desvelados por infoLibre en el marco de la investigación sobre el drama en las residencias. En la segunda, el número de decesos se situó en los 17, solo en esos dos primeros meses.
A finales de junio, la Generalitat de Cataluña decidió retirar a Eulen la gestión de ambas residencias situadas en la Ciudad Condal. El motivo, las "diversas irregularidades detectadas en la gestión de estos centros y la atención a las personas usuarias durante la emergencia sanitaria del covid-19". El comunicado, emitido en su momento por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, no daba muchos más detalles al respecto. Sin embargo, un documento de la Fiscalía Provincial de Barcelona revelado a finales de marzo por este periódico relataba pormenorizadamente todas las irregularidades cometidas en el geriátrico de Bertrán i Oriola, que en estos momento ya se encuentra a cargo de las Hermanas Hospitalarias Hospital Mare de Déu de la Mercé. (...)" (Álvaro Sánchez Castrillo, Info Libre, 31/05/21)
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