"El pasado 10 de marzo, la Cámara baja del Congreso mexicano aprobó sin mayores dificultades una iniciativa de ley dirigida a legalizar el uso recreativo del cannabis. La iniciativa fue enviada al Senado, donde también fue aprobada.
Los mexicanos, al igual que los habitantes de Uruguay y Canadá, podrán utilizar el cannabis para fines recreativos, aunque de manera más limitada que en los referidos países.
La iniciativa mexicana no legaliza abiertamente el cannabis, sino que eleva la posesión personal máxima de dicha droga que es penalizada por la ley de 5 a 28 gramos. La posesión entre 29 y 200 gramos de cannabis es sancionada con una multa. La posesión que exceda este límite aún es sancionada con pena de prisión.
La venta de cannabis todavía es considerada delito, de modo que los campesinos en los estados de Sinaloa, Chihuahua, Durango o Michoacán que obtienen exiguos ingresos mediante el cultivo del cannabis aún pueden acabar en la cárcel.
A pesar de los límites de la iniciativa, la legalización de la marihuana es un hito simbólico de gran importancia para un país como México, actualmente inmerso en una cruenta guerra contra las drogas.
Un estudio comisionado en 2016 por el Senado mexicano reveló que los cárteles solían recibir ganancias anuales de entre 1 000 y 2 000 millones de dólares por la venta de cannabis en los Estados Unidos, lo que representaba entre 15% y 26% de los ingresos totales de dichas organizaciones criminales.
Sin embargo, la importancia del cannabis en los ingresos de los cárteles ha disminuido drásticamente debido a su legalización en múltiples estados de EE. UU. (el caso más reciente es Nueva York).
La criminalización del cannabis, empero, contribuye a la inflación descontrolada del sistema penitenciario mexicano. En 2018, 37 701 adultos y 3 072 adolescentes fueron acusados de “narcomenudeo”, es decir, de comercio de drogas ilícitas en pequeña escala. No obstante, la mayoría de quienes fueron indiciados por este delito (60% de los adultos y 94% de los adolescentes) no fue detenida por la venta de cannabis en sentido estricto, sino meramente por poseer entre 5 y 100 gramos de esta droga.
Aún en términos de la legislación vigente, estas personas no debieron ser privadas de su libertad salvo en caso de que hubiesen cometido otros delitos, o se hubiesen comportado violentamente estando en posesión de la droga.
La iniciativa para la legalización del cannabis pone término a este tipo de detenciones. Sin embargo, como lo han manifestado las diputadas Laura Rojas y Lucía Riojas en sus críticas al proyecto, también contiene varias disposiciones que subvierten su propósito declarado de proteger tanto a los consumidores vulnerables como a los pequeños productores.
La iniciativa, por ejemplo, autoriza a los particulares a cultivar cannabis para su propio consumo (hasta seis plantas por adulto, u ocho por domicilio). No obstante, quienes produzcan la droga deben obtener previamente un permiso de la Comisión Nacional contra las Adicciones.
Riojas, quien acaparó los titulares cuando, en 2019, ofreció un porro a la recién nombrada Secretaria de Gobernación, señaló que esta regla perpetúa el estigma social existente sobre los consumidores de la droga. (...)
A lo largo de los últimos 15 años, 150 000 personas (cifra que asciende a aproximadamente la mitad de los homicidios en México durante dicho periodo) han perdido la vida a consecuencia de la guerra contra las drogas. Otras 73 000 personas han desaparecido a resultas del conflicto.
Esta historia sangrienta es la principal motivación para la
legalización del cannabis en México. A final de cuentas, se trata de un
paso pequeño, pero significativo, en la contención de la guerra contra
las drogas. " (
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