"Álvaro del Río asegura estar «cabreado», aunque sabe que su enfado no sirve de mucho. Pero no puede evitarlo cuando ve la sucesión de acontecimientos en torno al sector eléctrico. Un ámbito que conoce bien y que le llevó a ser nombrado director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) tras la llegada de Felipe González al poder en la década de 1980. (...)
Acabar con los conocidos como “beneficios caídos del cielo” es también una prioridad. Parece que es un concepto nuevo que ahora estamos aprendiendo pero se trata de una situación que lleva décadas dándose. ¿Por qué se ha permitido que esto suceda, tanto con gobiernos del PSOE como del PP?
Es ‘divertido’, otra vez entre comillas, que se hable de mercado en la energía –más allá de un mercado con muchos puestos y muchos precios donde el consumidor organiza su propia bolsa de la compra–. Hay una enorme variedad de fuentes y tecnologías cada una con costes y producciones diversas. Que nos impongan un precio que un gestor del conjunto, razonable, nunca aceptaría, es en mi opinión la mayor muestra del desprecio real de los actores de la oferta por un sistema lógico y razonable.
Tengo la impresión de que la situación desde los partidos más tradicionales y mayoritarios es muy opuesta. La situación actual la crea el PP con su ley del 98. Es su forma de aprovecharse de lo público en beneficio privado. El PP intentará mantener ese esquema tan contrario a la economía de mercado a cualquier precio, en particular desmantelando una administración competente y eficaz con buenos técnicos.
Por el contrario, desde la perspectiva de la socialdemocracia española pienso que se debaten entre aplicar soluciones cortoplacistas. Y el tema del IVA y del impuesto eléctrico son un buen ejemplo. Pero carecen de la energía, el temple o la ambición necesarios para forzar mejoras de calado a los procesos económicos en España.
Los beneficios de usura –llamados “caídos del cielo” con auténtico sentido del humor británico– son, desde hace muchos años, una burla a la economía de mercado, a la defensa del consumidor o a los beneficios abusivos. Y una muestra patética de una Administración muy alejada de sus responsabilidades más básicas así como de la dejación real de los partidos políticos con opción a gobernar, de su defensa de los aspectos constitucionales relacionados con la economía, lo social, con la evolución hacia una sociedad española mas rica –para cada español–, más sana y más evolucionada.
En resumen, los beneficios de usura obtenidos por el sector ibéxtrico son defendidos por el PP, y no realmente cuestionados por un núcleo muy poderoso y controlador en el PSOE. Del PP no espero otra cosa que reafirmación con todo el apoyo ibéxtrico. Del PSOE no parece muy probable –entre otras cosas porque carece de un buen plantel tecnico-jurídico capaz de afrontar una labor compleja pero en absoluto imposible: desmantelar el oligopolio– que asuma esa defensa de consumidores y economía españolas. (...)
Dentro de este “ingente trabajo” del que habla, a corto plazo, ¿qué es lo que cree que habría que hacer? ¿Y a medio/largo plazo?
Creo que hay una fase de transición que empieza por cerrar el mal llamado mercado eléctrico, volviendo a retribuir cada tecnología por sus costes y fraccionando primero la oferta de distribución y luego cada unidad de producción como empresa independiente. Y empezar la redacción ‘constitucional’ de una ley del sector eléctrico que regule un sector del que depende el vector energético de mayor importancia para la economía y el desarrollo social presente y futuro. Al tiempo, denunciar cada desvergüenza, abuso o corruptela de las eléctricas. Es decir hacer públicos los abusos, aplicar un nuevo sistema de fijación de precios y redactar una ley desde cero.
La nueva ley tiene que ser capaz de proteger a los consumidores de los abusos de las eléctricas y fomentar la competencia entre numerosas empresas independientes realmente entre sí con una actividad específica y única entre producción por tecnologías y distribución/comercialización por áreas específicas. (...)
Iberdrola, Endesa y Naturgy han pedido 25.000 millones de euros para las nucleares y así evitar un supuesto colapso eléctrico. ¿De verdad las centrales no están ya amortizadas?
Es muy irritante todos los amaños legales y contables que han realizado y siguen realizando estas empresas. Si no se hubieran amortizado esas inversiones con todas las ventajas que han tenido durante su construcción y su vida útil sería de juzgado de guardia.
El simple hecho de que hayan pasado de empresas casi quebradas a poderosas multinacionales implantadas en EEUU, indica cómo ha sido su vida económica. Los beneficios de usura, los super salarios a los ejecutivos, los tratos preferentes de las administraciones (desde industria a hacienda o fomento). Solo una investigación minuciosa del sector y la normativa podría poner algo de luz en un sector tan oscuro. (...)
¿Cómo ha cambiado en estas tres décadas el poder del oligopolio eléctrico? ¿Ha crecido o ha disminuido su poder?
Ha sido un cambio brutal. Desde los últimos gobiernos de González el sector empezó a cambiar reglas de juego establecidas por su primer gobierno. El sector estaba al borde de la quiebra. Controlaba muy bien a los funcionarios clave en distintos ministerios, empezando por la evaluación de la demanda previsible.
Pero el cambio radical de posición dominante fue con la llegada de Aznar. En un año desmantelaron un sistema bien organizado, eficaz y competitivo, y que saneaba a las empresas mal gestionadas. Y con la elaboración en apenas un año de una nueva ley eléctrica se entregaron las directrices energéticas de las administraciones y el Estado a un conjunto de pocos propietarios con gran pedigrí –en las dictaduras y la monarquía– y muy sólidas relaciones político-económicas.
El resultado ha sido la creación de un nuevo oligopolio eléctrico de naturaleza multinacional. Un grupo de poder asentado en el control del más reciente vector energético conocido, la electricidad.
¿Hay alguna forma de ponerle coto a su poder?
Es muy difícil. Ese tejido de intereses, beneficios mutuos –yo gano, tu ganas y pierde el consumidor, el cliente– es tremendamente sólido. Tal vez por vías como la penal se pueda poner coto. Ahí tenemos el caso reciente de la imputación de Ignacio Sánchez Galán por ejemplo, uno de los dioses de este mini olimpo.
También el énfasis en el servicio público y los beneficios de una economía competitiva, para imponer un control sobre los sobrecostes del actual sistema. O el fraccionamiento empresarial justificado para que exista verdadero mercado y verdadera competencia. Un Galán es socialmente corrosivo en mi opinión con una hidra descomunal. Pero no hay veinte galanes que unan esfuerzos.
Y, desde luego, potencia jurídica. No hay contrapoderes ni públicos ni en los partidos de izquierdas a los gabinetes jurídicos de las ibéxtricas o del PP, verdaderas máquinas de producción legal." (Entrevista a Álvaro del Río, Dani Domínguez, La Marea, 28/06/21)
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