"La Comunidad de Madrid celebró 21 reuniones de emergencia durante la primera ola de la pandemia como parte de un plan de choque de la presidenta Isabel Díaz Ayuso para salvar vidas de mayores en las residencias, dejando constancia de ello en actas que ahora se niega a entregar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano estatal creado para reducir el oscurantismo de las administraciones.
Para evitar que salgan a la luz los documentos, la Consejería de Sanidad ha respondido por escrito a ese organismo que “no existen”, pero El PAÍS ha comprobado la falsedad de esa afirmación, porque ha tenido acceso a una de esas actas, fechada el 8 de abril de 2020. Fuentes del Ejecutivo regional de entonces aseguran que una asesora del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, dejó constancia por escrito de esas asambleas.
Los documentos relatan las acciones del Gobierno autonómico para paliar la devastación del coronavirus en los hogares de mayores, el núcleo de la pandemia en la primavera de 2020. Familiares de las víctimas culpan a la Comunidad de agravar la situación con unos protocolos que negaron el ingreso en los hospitales. Durante la primera ola, murieron en la región de Madrid más de 11.000 personas residentes en estos centros.
Advertido de la respuesta falsa de la Comunidad de Madrid, un portavoz del Consejo responde que caso de ser así se ha producido una brecha del principio de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional entre administraciones. “En el caso de que resultara probada la existencia de unas actas que la Comunidad de Madrid afirmó que no existían, se produciría una quiebra en el principio antes mencionado que debe estar presente en las relaciones que este Consejo mantiene con aquélla y con el resto de administraciones públicas”, dice en un correo a este periódico el portavoz. (...)
El Consejo carece de poder para sancionar u obligar a la Comunidad a entregar las actas. La opción restante para obtener los documentos por el procedimiento regulado por ley consiste en un recurso judicial.
La información que la Comunidad de Madrid oculta se refiere a un contenido muy sensible, porque su gestión de la crisis en las residencias ha sido denunciada por organizaciones como Amnistía Internacional como una “vulneración masiva de derechos humanos”. Familiares de las víctimas que fallecieron abandonadas en residencias llevan casi dos años buscando justicia y señalan entre los responsables a la presidenta Díaz Ayuso, y al consejero Enrique Ruiz Escudero.
El titular de Sanidad anunció el 12 de marzo de 2020 que los alrededor de 50.000 mayores que vivían en residencias iban a ser tratados en ellas, a pesar de la falta de recursos sanitarios en estos hogares. La decisión fue adoptada en la misma semana en que los hospitales de Madrid se llenaban rápidamente y las autoridades se daban cuenta de la magnitud del desastre que iba a causar el coronavirus.
Dos semanas más tarde, con miles de mayores muriendo de forma indigna, Ayuso anunció un plan de choque para las residencias y puso al frente a Escudero. Entre el 30 de marzo y el 29 de mayo tuvieron lugar 21 reuniones en las que participaron cargos de tres consejerías madrileñas (Sanidad, Políticas Sociales e Interior) y representantes de la patronal de residencias.
El acta del 8 de abril obtenida por este periódico muestra cómo Escudero se negó a enviar a sus médicos a las residencias, desoyendo la petición que le hizo en esa reunión el viceconsejero de Políticas Sociales, Javier Luengo. Un día antes, Escudero había celebrado en una entrevista de radio que la presión sobre los hospitales comenzaba a aliviarse. Luengo aprovechó esa circunstancia para recordarle la carencia de sanitarios en las residencias. Escudero le recomendó que los funcionarios de Políticas Sociales siguiesen llamando a una lista de teléfonos de 146 sanitarios de mutuas laborales que le había proporcionado la Consejería de Sanidad. Muchos de esos médicos no cogían el teléfono y otros se negaban a colaborar. Escudero recomendó “imprimir más presión a la hora de llamar”.
Alberto Reyero, por entonces consejero de
Políticas Sociales, afirma que tuvo conocimiento de esa y otras actas,
porque fueron enviadas a miembros de su equipo. Otras fuentes que
trabajaron para el Ejecutivo confirman también su existencia.
Poderes “descafeinados”
Expertos en materia
de transparencia señalan que las mentiras en las reclamaciones sobre
información pública son posibles porque los órganos administrativos que
resuelven en segunda instancia no tienen capacidad de inspección, de
modo que deben fiarse de lo que dicen los gestores públicos. “Es una
carencia que deja descafeinados a muchos de estos órganos. Si preguntas
por algo sensible que les puede sacar los colores pueden pasar cosas
así”, valora Miguel Ángel Gavilanes, periodista de Civio, una
organización que lucha contra la opacidad. En Escocia, por ejemplo, cuando una institución alega no poseer más información y el solicitante pide amparo, la Oficina del Comisionado para la Información investiga a fondo del caso, según Gavilanes. (...)" (Fernando Peinado, El País, 12/02/22)
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