"Las elevadas cifras del coste del rescate bancario no deberían eclipsar el inmenso sacrificio que, para millones de personas, significaron las drásticas medidas del Memorando de Entendimiento (MoU) de 2012 acordado por el Gobierno del PP y la UE.
Dos colectivos salieron especialmente perjudicados.
El rescate pasó por encima de los desahuciados que perdieron sus hogares y de los que fueron despojados de una parte vital de sus ahorros mediante las preferentes y obligaciones subordinadas. En la mayoría de estos casos se trataba de personas humildes y con escasos conocimientos.
El rescate bancario no adoptó ninguna medida para proteger a las familias expulsadas injustamente de sus casas. Hasta 2013, se permitía legalmente iniciar la ejecución hipotecaria por el impago de un solo recibo mensual de la hipoteca. Unas leyes que la UE obligó a reformar. Las consecuencias fueron una verdadera catástrofe humana. El drama de los desahucios ha sido certificado por Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); Banco de España (2012 -2015); Instituto Nacional de Estadística, a partir de 2013, y Colegio de Registradores.
La participación de distintos organismos y numerosos estudios han perfeccionado los cálculos. Según el CGPJ, entre 2008 y 2021 los juzgados recibieron 755.150 procedimientos de lanzamientos (órdenes de desalojo). Desde 2013 la cifra incluye tanto casos de impago de la hipoteca como del alquiler. Un estudio de la Universidad de Málaga indica que se realizan el 63% de lanzamientos recibidos. Con este criterio, la cifra también sería elevadísima: 475.744.
Estados Unidos en octubre de 2008 respondió a la crisis financiera con el programa TARP. De los 700.000 millones de dólares autorizados se desembolsaron 444.000 millones. La mayor parte destinados a los bancos (313.000) y automóvil (80.000 millones). Pero también se incluyeron 31.500 millones de dólares para ayudar a los propietarios de viviendas en riesgo de desahucio.
Otro colectivo directamente perjudicado fueron los ahorradores con preferentes. Hay que tener en cuenta que en 2009, el año posterior a la crisis, cuando los bancos ya no podían captar capital porque los inversores sabían lo mal que estaban, las entidades colocaron a sus clientes menos informados 16.000 millones de euros de estos productos. Los preferentistas fueron los primeros paganos de la crisis bancaria (aportaron entre 13.000 y 14.750 millones), según fuentes oficiales. Sufrieron quitas de entre el 30% y 90% de sus ahorros, a pesar de que regulación europea de estos aspectos no entró en vigor hasta 2016.
Los italianos con este tipo de productos fueron más afortunados. El Gobierno de Roma logró que la UE permitiera compensar a los ahorradores a quienes habían “malvendido” estos productos sin la información adecuada. Hay aspectos del rescate que siguen vivos. Muchos desahuciados no han logrado restablecerse y el Tribunal Supremo sigue dictando sentencias sobre preferentes y subordinadas." (Andreu Missé , El País, 13/06/22)
"El rescate a España ha tardado en celebrarse. Y no por un olvido. (...)
El cataclismo cubrió España de lacerantes llagas sociales, como los desahucios o la emigración forzosa de muchos jóvenes.
Cientos de esqueletos de vigas y encofrados testimonian todavía el desastre de los proyectos inmobiliarios abandonados por unas promotoras incapaces de renovar el crédito bancario. Y las artimañas de muchas cajas de ahorro para intentar eludir el rescate, como la venta de preferentes a clientes vulnerables o la salida de Bankia a Bolsa, se llevaron parte de los ahorros de miles de ciudadanos y dejó en la sociedad una desconfianza hacia el sector financiero.
(...) la imagen de Jean-Claude Juncker, presidente del Eurogrupo (ministros de Economía de la zona euro) en aquel momento, agarrando por el cogote a Guindos en un gesto amistoso pero muy simbólico. Poco después de aquella instantánea, España claudicó. Y en la tarde del sábado 9 de junio el propio Guindos aceptó el rescate ofrecido por el Eurogrupo. (...)
“Todos los gobiernos se resistieron. Éste fue un problema mayor, uno de los retos clave de la gestión de la crisis del euro”, señala Rehn, actual gobernador del Banco de Finlandia. El finlandés recuerda que la Comisión sugirió a Rodríguez Zapatero y al primer ministro portugués, José Sócrates, que pidieran ayuda. “Con diferente tono, ambos lo rechazaron. Sócrates furioso, Zapatero con más elegancia”, precisa Rehn. La negativa de Zapatero se mantuvo con Rajoy en La Moncloa a partir de diciembre de 2011.
La resistencia era comprensible porque desde 2010, con el primer rescate de Grecia, los programas de la llamada troika
(Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI) no estaban diseñados
una ayuda solidaria, como ha ocurrido con la crisis de la pandemia, sino
con una voluntad punitiva. Bajo el impulso de Bruselas y Berlín, se
trataba de dar un escarmiento a unos socios meridionales a los que se
les colgó la etiqueta de PIGS (cerdos, en inglés) en forma de acrónimo,
en alusión a Portugal, Italia, Grecia y España (Spain, en inglés).
Grecia sufrió a manos de la troika una pérdida del 25% del PIB, la mayor caída de un país en tiempos de paz. La Comisión Europea y el FMI, entonaron años después el mea culpa pero el daño ya estaba hecho. Todos los países en peligro intentaron evitar un trago similar al griego. “Pedir un rescate europeo en 2010 o 2011 hubiera supuesto que trataran a España como a Grecia. No se hubieran congelado las pensiones, se habrían reducido un 30%”, señalan con vehemencia fuentes al tanto de lo que se coció aquellos días en el gobierno de Rodríguez Zapatero.
Ante esa perspectiva de maltrato, la resistencia se mantuvo, aunque España también pagaría caro el retraso con una factura que no ha parado de subir. Hasta 2021, España acumula un déficit público de 73.138 millones de euros atribuibles a las intervenciones públicas en favor del sector financiero, según los datos de Eurostat del pasado mes de abril. Ese es el agujero en las arcas públicas que han dejado las inyecciones a las entidades financieras desde la crisis financiera. Los números rojos de España casi doblan las de Alemania (49.482 millones), a pesar de tratarse de una economía muchísimo mayor. Y la comparación es aún más sonrojante con las otras dos grandes economías de la zona euro: Francia e Italia.
Pocos meses después de la llegada del PP al poder, el coche oficial del ministro de Economía se acerca a un acto protocolario en el corazón de Madrid. Circula entre las glorietas de Cibeles y Neptuno cuando Guindos inicia una trascendental conversación por el móvil. Al otro lado, Wolfgang Schäuble, el temido ministro alemán de Finanzas que impuso el castigo de la austeridad a todo el sur de la zona euro tras descubrir en 2009 la falsedad de las cuentas públicas de Grecia. Guindos pidió al conductor que diese vueltas para no llegar a su destino en plena charla con el alemán.
Vuelta tras vuelta del coche, Guindos y Schäuble giran también en torno a la necesidad o no de un rescate que zanje los temores de los mercados a una posible quiebra en España. Berlín teme que la caída de España arrastre a Italia y al resto de la zona euro. No era la primera vez que Berlín animaba a España a pedir socorro.
En noviembre de 2011, a unos días de las elecciones que dieron la victoria al PP, la canciller alemana, Angela Merkel, sugirió sin tapujos a Rodríguez Zapatero la petición al FMI de una línea de crédito preventiva de 50.000 millones de euros. “Mi respuesta también fue directa y clara: no”, relata el ex presidente del Gobierno en sus memorias de aquel período. El presidente del Banco Central Europeo de la época, Jean-Claude Trichet, también se lo planteó a mediados de 2011, pero con la misma respuesta española.
Berlín cada vez se muestra más impaciente, un nerviosismo compartido también por la administración estadounidense de Barack Obama. El choque de trenes entre España y sus socios internacionales se evitó finalmente con una vía intermedia. Ni el rescate completo que sugerían algunas capitales europeas ni seguir bordeando el abismo como se empecinaba el Gobierno español. La salida fue un rescate bancario, una opción disponible en el entonces recién nacido Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y que España no tuvo más remedio que estrenar.
El pacto del Eurogrupo sobre ese tipo de rescate se alcanzó en la conferencia telefónica del 9 de junio dio paso a la petición oficial de la ayuda el 25 de ese mismo mes. Y el 10 de julio se firmó el Memorándum de entendimiento (MoU) en el que se fijaban las condiciones a cumplir a cambio de un préstamo del MEDE de 100.000 millones de euros que no se utilizó totalmente. (...)
“Fue una gestión de la crisis muy defectuosa”, señala el socialista Joaquín Almunia, quien como comisario de Competencia negoció con el Gobierno la parte del rescate relacionada con el cumplimiento de la legislación sobre ayudas de estado. “El PP actuó mal, tampoco creo que mis compañeros lo hicieran mejor. Y el Banco de España estuvo muy mal”, admite el excomisario. (...)
Durante ese período de negación y patada hacia adelante, buena parte de las autoridades, entidades bancarias y clientes prefirieron no ver el precipicio financiero hasta que la catástrofe fue ineludible. El Banco de España, dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez entre 2006-2012, aparece en casi todos los balances como uno de los principales responsables, por omisión, del desastre. (...)
Visto desde 2022, tras la mayor pandemia en más de un siglo y con la guerra de nuevo en suelo europeo, el rescate de la banca española puede parecer un acontecimiento menor. Pero lo cierto es que se rozó la primera bancarrota del Estado español desde 1882. Por primera vez en la historia económica moderna de España, los tres pilares -fiscal, financiero y económico- se tambalearon y estuvieron a punto de provocar una catástrofe aún mucho mayor, reconocería Guindos después." (Bernardo de Miguel , Manuel V. Gómez , El País, 05/06/22)
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