"Hace algo más de un año, en abril de 2021, el Gobierno de España hacía público el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
donde indicaba que era “imprescindible y urgente impulsar a medio plazo
un proceso de transformación estructural, y llevar a largo plazo a un
desarrollo más sostenible y resiliente”. El conflicto bélico en Ucrania
así como las consecuencias económicas derivadas, ha roto con aquella
apuesta por una salida de la crisis que fuera más allá de las políticas
de austeridad. Los últimos anuncios sobre los ajustes en política
monetaria y fiscal sugieren que las autoridades económicas españolas y
europeas se han arrepentido de estos ambiciosos objetivos. El fantasma
de los recortes recorre, de nuevo, el Sur de Europa.
El ajuste monetario y fiscal
Ese amargo recuerdo de las políticas económicas de la contención del gasto público proceden de uno de los miembros de la Troika, el actor central en el ciclo de austeridad anterior. La semana pasada, el Banco Central Europeo (BCE) comunicó una subida de los tipos de interés de referencia en 50 puntos básicos. Además, en julio, suspendió las compras netas de títulos del Tesoro de los Estados europeos aunque la reaparición de la prima de riesgo le ha obligado a introducir un nuevo instrumento para proteger su transmisión, cuya activación está condicionada a la aplicación de ajustes presupuestarios.
En la práctica, el endurecimiento de la política monetaria no será eficaz para frenar el incremento de los precios y, a lo sumo, provocará un encarecimiento de la compra de viviendas, bienes de consumo duradero y de la financiación empresarial. Servirá también para lanzarle a los gobiernos el mensaje de que se acabó el tiempo para implementar medidas de austeridad. (...)
Hemos de indicar que tanto el BCE como los gobiernos nacionales actúan condicionados por su adhesión al pensamiento económico dominante. Según este, la inflación es un fenómeno sencillo de resolver con una subida de tipos de interés y recortes de déficit público. Lo que se pretende, entonces, es deprimir la demanda para que caigan la inversión y el empleo y con ellos los precios. Es una solución muy tosca al problema de la inflación, pero la élites económicas no tienen otra: para el martillo del banco central, todo es clavo.
¿Expansión o recorte del gasto?
Sucede
que, simultáneamente, el consumo de las administraciones públicas ha
encadenado dos trimestres de reducción y parece que las cuentas públicas
están evolucionando rápidamente hacia el equilibrio presupuestario. De
nuevo, desde el pensamiento económico dominante, esto se considera una
noticia positiva. No obstante, es importante entender que el déficit público es, al céntimo, equivalente al ahorro neto del sector no estatal.
Si segmentamos una economía en tres sectores (privado, estatal y exterior) se puede constatar que el ahorro neto de cada uno de ellos suma exactamente cero. En otras palabras, para que el sector privado doméstico pueda ahorrar es condición necesaria que el gobierno o el resto del mundo desahorre o se endeude. Si a la reducción del déficit público, que galopa hacia el superávit, sumamos el deterioro de la balanza comercial por culpa de los precios de la energía importada, entonces resulta sencillo entender por qué el sector privado doméstico se enfrentará pronto a una decisión dolorosa: o bien reduce su ahorro y se endeuda para mantener su nivel de gasto; o bien mantiene sus objetivos de ahorro y reduce su consumo. Dadas las consecuencias de los precios y del encarecimiento de la financiación bancaria sobre la caída del consumo, probablemente el superávit fiscal y el déficit comercial añadirámn otra pesada losa sobre las economías domésticas.
En efecto, sigue activa la cláusula de escape, medida tomada excepcionalmente en 2020 para permitir que los países aumentasen su gasto ante la crisis del coronavirus, según se recoge en el llamado paquete de primavera del Semestre Europeo. No obstante, Bruselas está presionando al gobierno de España para que inicie el camino del ajuste presupuestario. En sus recomendaciones al Gobierno de España para 2023 pide “garantizar una política fiscal prudente, en particular limitando el crecimiento del gasto corriente” y “una reducción creíble y gradual de la deuda”. También Alemania ha exigido al gobierno de España que empiece a ajustar sus cuentas. Asimismo, los medios de comunicación más influyentes, siempre adeptos al pensamiento neoliberal, conminan al gobierno para que tome medidas de contención del déficit. (...)
Una respuesta inadecuada
La racionalidad de un ajuste presupuestario es cuestionable cuando, en términos reales, el PIB español sigue por debajo de los niveles previos a 2020. El desconcierto es mayor si consideramos que la tasa de desempleo sigue por encima del 12% (...)
Es indefendible argüir que nuestra economía ha agotado su capacidad productiva y que nos enfrentemos a un episodio de recalentamiento de la economía española que exija una política contractiva y, mucho menos, austericida.
En el ámbito de la política monetaria, las decisiones del Banco Central Europeo también resultan incomprensibles. El mismo BCE publicó hace poco tiempo un informe de la situación, cuyo análisis consideramos más correcto, donde se confirmaba que los cuellos de botella logísticos que habían constreñido las cadenas de suministro globales empezaban a despejarse. Del mismo modo, su presidenta Christine Lagarde mostraba haber entendido que elevar los tipos de interés no afectaría a los precios del gas natural y del petróleo, los causantes directos del episodio reciente de inflación.
En suma, la subida de tipos de interés no conseguirá ningún efecto real sustancial más allá de encarecer un poco más la financiación para la compra de vivienda, de bienes duraderos y la inversión empresarial. Es decir, reducirá el poder de compra de la mayoría y, en el caso de la inversión empresarial, aquellas empresas con mayor poder de mercado simplemente repercutirán a sus clientes el mayor coste. Es más probable que subir los tipos de interés ayude a encarecernos la vida que a abaratarla.
Por último, parece dudoso que una subida de 50 puntos básicos en los tipos de interés tenga la entidad suficiente como para enfriar la inversión y la actividad económica lo suficiente como para hundir la demanda y obrar la caída de precios por esa vía. Entonces ¿por qué lo hacen? (...)
Los banqueros centrales necesitan justificar su existencia porque saben
que la política monetaria no puede remediar el actual episodio de
inflación.
El carácter inadecuado de la respuesta fiscal y monetaria queda más patente si tenemos en cuenta que hay abundante evidencia de que el episodio de inflación será transitorio. Hay dos motivos. Uno es que no hay condiciones para que se dé una puja distributiva entre capital y trabajo que desencadene una espiral de precios salarios. Un reciente estudio publicado por el BCE demuestra que, a diferencia del episodio de inflación de los años 70 del siglo pasado, detonado por las sanciones de la OPEP a los países occidentales por su apoyo a Israel, en esta ocasión la clase trabajadora carece del poder negociador para iniciar una dinámica inflacionista de segunda ronda con reivindicaciones salariales eficaces. De hecho, el promedio de subidas salariales negociadas por convenio y firmadas hasta junio en España está en el 2,45% y en el 5% en Euskadi, muy por debajo de la subida del IPC.
El segundo motivo es que en las últimas semanas los precios de materias primas como trigo, maíz, acero opetróleo
están cayendo. Solo el precio del gas natural sigue tensionado por
culpa del conflicto ucraniano y las sanciones mutuas entre Rusia y los
países de la OTAN. Esta caída de precios augura un pronto final del
episodio de inflación, pero también nos indica que avanzamos rápidamente
hacia la recesión que buscaban los economistas neoclásicos.
La última encuesta publicada de pronosticadores profesionales
del BCE demuestra que la inflación puede llegar al 7,5% en 2022, pero
prevén una caída de la inflación en 2023 hasta el 3,5%. Esto demuestra
que el episodio durará lo que tarden en disiparse los cuellos de botella
y tensiones en los mercados de materias primas que lo originaron en
primera instancia y que, por tanto, las intervenciones del BCE y las
políticas fiscales contractivas no sólo son inútiles sino que son
inoportunas.
Nos acecha la recesión
Pese a que es evidente que el episodio de inflación actual es transitorio, la respuesta política está teniendo como efecto una gradual ralentización de las recuperación económica. Ciertamente, España se estaba recuperando con fuerza de la crisis pandémica: la tasa de paro alcanzó un mínimo que no veíamos desde el año 2008 y, si bien los datos de crecimiento del primer trimestre no tuvieron mucho lustre y el INE los ha revisado a la baja, el segundo trimestre el crecimiento fue mucho más positivo. Asimismo, la creación de empleo ha estado en niveles históricos y la reforma laboral ha tenido efectos positivos en la reducción de la temporalidad.
Por eso, si bien es necesario cuestionar la utilidad de la política monetaria para frenar la inflación, lo cierto es que los anuncios del BCE persiguen un objetivo más ambicioso: presionar a favor de un ajuste presupuestario. (...)
De hecho, el sesgo contractivo de las políticas fiscales está dando al traste con la recuperación en todas las economías avanzadas.
La mayoría de los analistas sugieren que esta ralentización se puede
atribuir a la inflación y las incertidumbres originadas por el conflicto
ucraniano y el temor a cortes de suministro del gas en Alemania. Muchos
análisis coinciden en que el consumo de los hogares se está resintiendo
por culpa de la pérdida de poder adquisitivo, aunque aquí nos atrevemos
a añadir que la política fiscal ha metido algunos clavos más en el
ataúd de la recuperación. Nadie toca los tambores de austeridad con
tanta fuerza como el BCE.
Contra la política neoclásica
La respuesta de los economistas neoclásicos a la inflación siempre es crear desempleo. Este es el propósito de subir los tipos de interés y de las políticas de austeridad. Lo hace intencionadamente y lo justifica con la teoría de la tasa natural de desempleo. De esta manera, la miseria moral del pensamiento neoclásico se manifiesta en todo su esplendor: para que unos conserven su poder de compra, otros deben perderlo completamente.
Podría encontrarse alguna justificación para dicha política si nos encontráramos ante un caso de inflación causada por un exceso de demanda, pero este episodio es un caso clásico de inflación impulsada por los costes de la energía. Y no olvidemos que la inflación es siempre un problema distributivo. Ciertamente, el cártel de países productores de petróleo y gas natural ‒Rusia, Argelia, la OPEP‒ nos ha subido los precios de la energía y las empresas energéticas como Repsol o Naturgy nos han repercutido el coste incrementado con sus márgenes de forma implacable. Dado que este es un hecho insoslayable, la cuestión a dilucidar es quién va sufrir el incremento de los precios, es decir, cómo se gestiona el conflicto distributivo y a quién perjudica.
En este sentido, la población de España tiene muchas papeletas para ser uno de los agraciados a la hora de pagar los platos rotos. La estrategia del pensamiento neoclásico ante la subida de los costes energéticos es ponerle la tapa a la olla a presión y dejar que los precios relativos dentro del sector privado se ajusten a la nueva realidad en función del poder de mercado de cada cual. Por eso, quienes están perdiendo la batalla distributiva son los hogares con menor renta, cuyo poder de negociación ha sido laminado por un mercado laboral profundamente degradado. Al final del día, para que unos conserven su poder de compra otros deben perderlo completamente.
Necesitamos otra política
En mi opinión, la respuesta adecuada ante este episodio de inflación debe tratar de cómo se restablece la relación real de intercambio frente al cártel de países productores y de cómo se amortigua el impacto para la población con menor renta. Los gobiernos no pueden prevenir la pérdida en ingresos nacionales reales como consecuencia de este impacto. Deberían permitir que la totalidad del aumento en el coste de los combustibles pase a los usuarios para animar a conservar energía y a abandonar los combustibles fósiles según ha indicado el propio FMI.
Gestionar el conflicto distributivo es, pues, aceptar que los precios tienen que subir porque lo han hecho los de la energía importada, protegiendo de este modo a quienes tienen menor capacidad de repercutir el incremento. Urge un paquete de medidas sociales, no un paquete de fondos europeos para promover la recuperación de los capitalistas nacionales.
Curiosamente, desde la derecha hay propuestas que abogan por un ajuste fiscal menos riguroso, conseguido mediante alivios tributarios. Se ha pedido incluso paliar el impacto de la inflación con una deflactación del IRPF. La deflactación evita que los contribuyentes, cuyas rentas han sido actualizadas para compensar en todo o en parte la inflación, experimenten una pérdida de poder adquisitivo adicional por un efecto de salto a un tipo de gravamen marginal más alto. Pero conviene recordar que la mayoría de la clase trabajadora no se ha beneficiado de alzas salariales por lo que esta medida interesa a quienes mayor capacidad de negociación conservan para proteger sus rentas.
Socialmente sería más progresista proteger las pensiones y los salarios frente a la inflación. Las recientes subidas del salario mínimo interprofesional han quedado anuladas por la inflación. El SMI debe recuperar ese poder de compra perdido. Otras medidas, como desvincular las revisiones de los alquileres del IPC, el tope al precio del gas natural destinado a producción eléctrica o la rebaja del IVA para la electricidad, van en esa dirección.
Conviene recordar que los precios los suben las empresas, no los trabajadores. Por eso se echa en falta una política antitrust beligerante. Hay evidencia de que las empresas con mayor poder de mercado están repercutiendo sus precios a los clientes finales más allá de lo que justificarían los mayores costes energéticos, como asegura un reciente estudio de Comisiones Obreras. Del mismo modo, muchas empresas multinacionales están subiendo sus precios. El citado estudio del BCE confirma que los márgenes e impuestos unitarios han impactado más en las subidas de precios y que los salarios están perdiendo participación en la renta nacional. Entre las noticias más obscenas al respecto puede señalarse que las empresas energéticas, como Repsol, Iberdrola o Naturgy, reportaron el primer trimestre de 2022 un incremento de sus beneficios si los comparamos con los del mismo período del año anterior.
Poner coto al abuso de posición dominante con una intervención de los precios en los sectores más oligopolizados parece contrario a los sagrados principios de libre mercado que encarna la Unión Europea, pero las circunstancias actuales nos obligan a ser heterodoxos. El Gobierno español ha propuesto nuevos impuestos a los beneficios extraordinarios de la banca y las eléctricas pero, si no se acompañan de topes a los precios, estos oligopolios repercutirán ese coste incremental a sus clientes sin contemplaciones.
No
sacrifiquemos la recuperación económica para que sean los más pobres
quienes estabilicen los precios. Estamos a tiempo de evitar la recesión
si la política fiscal cambia de rumbo. Cuando nos enfrentamos a una
crisis climática sin precedentes y a precios de la energía disparados,
parece más lógico aumentar la inversión pública para acelerar la
transición energética y eliminar la dependencia de los combustibles
fósiles. Esta estrategia es la mejor arma de lucha contra la inflación
presente y futura. Releguemos los bancos centrales al papel para el que
se constituyeron históricamente: gestionar el sistema de compensación de
pagos y actuar como prestamistas de última instancia. Como los bancos
centrales realmente no saben qué efectos reales van a tener los tipos de
interés, quitémosles ese juguete imponiendo el mandato de que se
limiten a mantenerlos en 0% a perpetuidad." (Stuart Medina Miltimore , El Salto, 06/08/22)
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