"(...) “Con esta decisión, que carece de precedentes en la trayectoria del Tribunal, no solo se cercena el principio de autonomía parlamentaria que establece la Constitución, limitando severamente las facultades deliberativas que corresponden a las Cámaras en el desarrollo de la potestad legislativa. También se da paso a un preocupante contexto de incertidumbre en el que el control de constitucionalidad vendría a operar sobre el desarrollo del procedimiento legislativo mientras que está en curso y no, como ha sido norma general hasta ahora, sobre su resultado final: las leyes”
(Ana María Carmona Contreras, Catedrática de Derecho Constitucional, Universidad de Sevilla) (...)
“Inaudito”, “histórico”, “sin precedentes”, “secuestro”, “máxima gravedad”, “choque institucional”, “inédito”, “ataque”, “atropello”, y de muchas más formas ha sido catalogada la maniobra llevada a cabo estos días por parte de la derecha judicial, arengada, como no podía ser de otra forma, por la derecha política, económica, social y mediática del país. Vamos a relatar brevemente lo que ha ocurrido, pero vamos a ir planteando desde ya la pregunta fundamental: ¿A quién le sorprende?
Era, simplemente, cuestión de tiempo…A grandes rasgos, lo que ha ocurrido, más allá de los pertinentes detalles, ha sido una flagrante y peligrosa intromisión de uno de los poderes del Estado sobre otro, en concreto, del Poder Judicial sobre el Poder Ejecutivo (e indirectamente, sobre el Poder Legislativo). Podemos expresarlo de otras formas más claras, si se prefiere: el Poder Judicial ha impedido que el resto de poderes del Estado realicen sus funciones, hagan su trabajo.
Y ello, simplemente, porque lo que se estaba planteando por parte del Gobierno no convenía a la derecha y extrema derecha del país, así que la derecha judicial ha venido en su auxilio. Como trasfondo del asunto, hemos de situar los más de 4 años de negativa del PP a renovar los órganos judiciales del país, simplemente porque no le convenía dicha renovación, no sólo porque fuese peligroso para las causas de corrupción pendientes de miembros de este partido (y del partido en sí mismo), sino porque una nueva correlación de fuerzas en el seno de la judicatura avalaría las nuevas reformas legislativas que el Ejecutivo estaba proponiendo, y que el PP, Ciudadanos y Vox habían recurrido sistemáticamente al Tribunal Constitucional.
La situación se venía tensando (causó incluso la reciente dimisión del Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes), y ha acabado de explosionar cuando el Gobierno ha propuesto un paquete de reformas, donde figuraban conjuntamente tanto el cambio del sistema de renovación de los órganos judiciales, como la reforma de algunos delitos en el Código Penal (sedición y malversación). La derecha política interpuso entonces un recurso ante el Tribunal Constitucional, que contenía la solicitud de adopción de medidas cautelares, en el sentido de interceptar y suspender el propio proceso legislativo, que se encontraba aún en fase de debate y votación primero en el Congreso, y luego en el Senado.
Entonces el TC, ni corto ni perezoso (se reunió en horas desde la interposición del recurso), decidió negarse a recusar a los magistrados con mandato caducado (es decir, dichos magistrados fueron juez y parte en el proceso), y admitir a trámite el recurso de amparo, impidiendo la tramitación del propio paquete legislativo. De esta forma, atacan la propia legitimidad democrática del Parlamento, socavan la división de poderes, y derriban los propios cimientos del Estado de Derecho. Jamás un Tribunal había interceptado una ley en su proceso de debate y votación en las Cortes Generales, que son la expresión de la propia soberanía. El Presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha salido presto a declarar muy ufano que la democracia “ha salido fortalecida”, y que “por muy Pedro Sánchez que se sea, no se puede pasar por encima del Estado de Derecho ni de la democracia”, en una clara instrumentalización de dichos conceptos, lógicamente al servicio de sus intereses partidistas. (...)
De hecho, podemos decir que lo que acaba de ocurrir en España es una versión en miniatura, diríamos jibarizada, de lo que está ocurriendo en Perú con el Gobierno de Pedro Castillo, que es a su vez lo mismo que ha ocurrido en Honduras con Manuel Zelaya, en Bolivia con Evo Morales, en Brasil con Lula da Silva (veremos si esta vez lo dejan gobernar), o con Cristina Fernández en Argentina (...): Golpes de Estado suaves, dirigidos por la camarilla de la derecha política, social y mediática, alzando de forma falaz las banderas de la “democracia”, para impedir que dichos dirigentes llevaran a cabo políticas que beneficiaran la vida de las mayorías sociales y trabajadoras. (...)
Por tanto, volvamos a la pregunta inicial: ¿Quién, con un mínimo de
perspectiva histórica y de capacidad de análisis, puede sorprenderse de
lo ocurrido estos días en nuestro país? Era absolutamente previsible que
cuando algún Gobierno fuese capaz de tomar medidas, no ya
revolucionarias, sino mínimamente encaminadas a fortalecer la democracia
y a proteger a los más vulnerables, los poderes y las clases dominantes
se le echarían encima. (...)" (Rafael Silva , Rebelión, 22/12/2022)
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