"¿Cuánto tiempo va a tardar en arruinarnos?": la pregunta de un taxista que ha dejado a Ayuso con esta cara.
″¿Cuánto tiempo va a tardar en arruinarnos a los taxistas?". Es la pregunta directa y sin ambages de un taxista a Isabel Díaz Ayuso, como puede verse en un vídeo que se ha hecho viral en Twitter y que tiene cerca de medio millón de reproducciones.
El momento tuvo lugar este jueves, poco antes de que la presidenta madrileña visitara la sede de la Asociación Gremial de Auto-Taxi, donde prometió "buscar un marco normativo que dé estabilidad, más seguridad y más prosperidad a todos los profesionales del taxi".
En el vídeo, compartido por la cuenta Taxi Project, puede verse cómo la persona que graba se acerca a Ayuso en la calle y le lanza la pregunta, a lo que la presidenta madrileña responde: "¿Cuánto tiempo…? ¿Perdón?
Su interlocutor continúa explicando el problema: "Los taxistas estamos en desigualdad de condiciones, señora Ayuso". Después la presidenta continúa la conversación mientras se mueve para entrar al edificio, pero ya sin mirar a su interlocutor: "Ya… Quería presentar una regulación que no me han dejado aprobar", asegura. Mientras, Ayuso no puede disimular su cara de molestia al ver que no era una conversación favorable.
El taxista respondió: "Sí, pero una regulación que va en contra del taxi, más todavía". "Los taxistas no queremos las 24 horas y fines de semana, queremos conciliación familiar", concluyó.
Parece que Ayuso con el sector del taxi, al igual que como en su balance
del año, vive "en un Madrid irreal". Solo así se explica que con la que
tiene montada en la sanidad se atreva a salir en un vídeo diciendo que han hecho "las cosas bien y con coraje"." (Tremending, 30/12/22)
"Alrededor de 70 personas, entre ellas menores y gente con discapacidad, fueron desalojados por el fuego, iniciado en tres focos en este bloque propiedad de la Sareb.
La Asamblea de Vivienda del municipio lamenta la criminalización del Ayuntamiento de las familias que ocupan necesidad. Exigen soluciones para las personas que han perdido su hogar.
De madrugada y claramente intencionado. Así fue el incendio que se extendió la mañana del miércoles en un bloque de 16 viviendas okupadas en la localidad madrileña de Collado Villalba y que ya investiga la policía judicial de la Guardia Civil.
Las llamas se detectaron alrededor de las 7.00 horas en el interior de uno de los dos edificios propiedad de la Sareb (conocido como el banco malo) ubicados en la Calle Real de la localidad. Allí residen alrededor de un centenar de personas, entre ellas, familias con menores y personas sin recursos y algunas con discapacidad que decidieron ocupar estos edificios en diciembre de 2020, después de que llevaran vacíos al menos desde el año 2010.
Nueve personas tuvieron que ser atendidas por los equipos de emergencia debido a intoxicaciones leves por el humo, entre ellas un bebé. Cuatro fueron hospitalizadas, entre ellas una personas con quemaduras de tercer grado en las manos que también ha recibido ya el alta. Las llamas sorprendieron a los ocupantes mientras la mayoría dormía y solo la rápida actuación de los bomberos evitó una tragedia, ya que había personas refugiadas en la azotea y otra que intentaban saltar por las ventanas para huir de las llamas, explican.
La Asamblea de Vivienda de Villalba, uno de los colectivos madrileños defensores del derecho a la vivienda, informó la mañana del miércoles de que el fuego era provocado, algo que confirmaron por la tarde los bomberos y la Guardia Civil, que mantiene abierta una investigación para averiguar quién o quienes están detrás de las llamas y con qué motivación.
"Condenamos este atentado que lo único que buscaba era quemar a varias decenas de familias que habitan un edificio abandonado", asegura la Asamblea en un comunicado. En su redes sociales son más explícitos: "Ayer intentaron quemarnos vivas".
Al menos tres focos diferentes
Fuentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil apuntan a Público que hubo al menos tres focos por los que se propagaron las llamas, lo que indica que el incendio fue premeditado. Tras una inspección ocular, los investigadores están a la espera de que las muestras recogidas sean analizadas para determinar si se utilizaron aceleradores incendiarios.
Los activistas y varios de los residentes en este edificio afirman a Público que tras la evacuación notaron un olor a gasolina y añaden que las llamas se iniciaron en el rellano del bloque, y no en el interior de las viviendas. Además, según estas fuentes, también hubo un incendio en el otro edificio anexo, también okupado, al mismo tiempo, aunque las llamas no se propagaron y los vecinos no han tenido que abandonar las viviendas. De hecho, incide la Asamblea de Vivienda, todos los desalojados han sido acogidos por las personas que ocupan las viviendas del otro bloque, también de la Sareb.
La Guardia Civil
prosigue sus pesquisas tomando declaración a los residentes y recogiendo
testimonios de los vecinos. También solicitará las grabaciones de las cámaras de seguridad
que pudiera haber en los comercios cercanos. El incendio se originó en
el número 13 de la Calle Real, un lugar más o menos céntrico en el que
hay una oficina bancaria y una cafetería contigua al bloque siniestrado.
Aún así, los investigadores creen que los trabajos se prolongarán durante más de un mes como mínimo. (...)
Criminalización de los 'okupas'
Los activistas denuncian que estos "terribles" hechos llegan después de años de criminalización de las personas abocadas a ocupar viviendas y edificios vacíos o en desuso en la localidad. Recuerdan que este ayuntamiento fue el primero en la región en poner en marcha una "oficina antiokupación", casualmente ubicada a pocos metros, en la misma calle del este edificio incendiado el miércoles.
Fue clausurada poco después de que la Asamblea de Vivienda local hiciera pública su relación con lo que llaman "mafias de la desokupación". Y es que la gestión de esta oficina estaba en manos de la empresa Desocupaciones Técnicas SL, propiedad del mismo empresario que la conocida y turbia empresa Desokupa, dedicada a desalojar por la fuerza inmuebles ocupados sin orden judicial. De hecho, el empresario está investigado por allanamientos de morada por las actividades de sus empresas.
La guerra contra la okupación ha sido una constante desde la llegada a la alcaldía de Mariola Vargas (PP), no solo en los discursos, sino en la práctica, llevando a cabo polémicos desalojos de familias vulnerables de edificios públicos, algunas llevadas a los tribunales y otras paralizadas.
"Los discursos que defienden la propiedad privada por encima de la vida y los que normalizan la aporofobia camuflándola bajo alguna etiqueta producen estas prácticas monstruosas", aseguran la Asamblea de Vivienda en referencia al incendio. (...)" (Jairo Vargas, Público, 29/12/22)
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