"(...) España se sitúa así, al finalizar el año, como el cuarto país europeo con el menor incremento de precios.(...)
Las empresas trasladaron los costes energéticos para mantener o incrementar los márgenes de beneficio, pero ahora se van a resistir a reducirlos. (...)
¿Qué podemos empezar a deducir de esta crisis inflacionaria? Que su primera etapa, que se inició en marzo de 2021, tuvo que ver en gran medida con las tensiones en las cadenas de suministro tras el repunte brusco de la producción detenida por la pandemia, pero que su punto álgido, su segunda etapa a partir de marzo de 2022, fue debida al impacto de la guerra de Ucrania en los mercados energéticos. En el momento en que estos factores se están atenuando, los precios se están controlando. ¿Tienen sentido entonces la subida de tipos del BCE, propia contra una economía recalentada, algo que no encaja con el contexto actual?
La crisis inflacionaria no ha afectado al empleo, que está siendo el motor de nuestra economía. Tampoco a nuestro crecimiento, que según diferentes organismos internacionales se situará entre el 4 '5% y el 4 '7%. Es decir, que estamos saliendo de las dificultades y que además lo estamos haciendo antes y mejor que la mayoría de países de nuestro entorno, que o bien han entrado en recesión, como Reino Unido, o bien tienen una subida de precios mayor, como Alemania. Costará que la reducción de precios llegue a la vida cotidiana, el incremento de las hipotecas es un factor negativo a tener en cuenta, pero el daño no va a ser mayor de lo que ha sido.
Si hay luz al final del túnel se debe a una respuesta ágil del Gobierno en sus medidas contra la inflación. Políticas concretas que han servido para tasar los precios energéticos, implementar la gratuidad de algunos transportes públicos y paliar mediante ayudas directas la carestía de los combustibles. Se entendió cuáles eran los factores claves de la inflación, se actuó sobre ellos rápidamente, tanto en la esfera nacional como internacional, presionando a la UE para que aceptara nuestra especificidad energética. ¿Dónde está ahora esa derecha, política y económica, cuya única aportación en esta crisis ha sido querer bajar los impuestos, abaratar el despido y cruzarse de brazos ante el caos de los mercados?
Existen políticas diferentes dependiendo de la orientación ideológica de quien las lleva a cabo, unas pretenden afrontar las crisis mediante la devaluación social, otras mediante la cohesión. Por fortuna, para la mayoría social trabajadora, en este ciclo tenemos un Gobierno que ha apostado por no utilizar el hacha y el empobrecimiento como único estímulo para la economía. Con el dato adelantado de los precios de noviembre ya se tienen las 12 tasas interanuales de inflación, que sirven para calcular la revalorización de las pensiones públicas de 2023: subirán un 8 '46%. Un dato que supone un incremento de algo más de cien euros para el 60% de los pensionistas, que pasarán de 1.257 euros a 1.364 euros.
Esta notable subida no hubiera sido posible hace un año, cuando aún estaba en vigor la reforma de las pensiones llevada a cabo por el PP en 2013, que situaba tan sólo en un 0 '25% la revalorización mientras que el país se manejara dentro del déficit. Diez millones de personas hubieran perdido poder adquisitivo, justo aquellas además a las que la inflación hubiera golpeado más duramente. ¿A qué se debe este cambio? Al acuerdo firmado en la mesa de diálogo social entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos en junio de 2021. Las organizaciones sindicales fueron claves para la eliminación del llamado eufemísticamente factor de sostenibilidad, que no era más que una cláusula de revisión a la baja de las pensiones.
Con el nuevo acuerdo de pensiones se garantiza, como estamos viendo, el poder adquisitivo en relación al índice de precios, pero se evita además una reducción de las cuantías percibidas del 2 '77% para los que se jubilen el próximo año, un 11 '93% para los nacidos en 1970 y un 14 '24% para los nacidos en 1980. ¿Para qué vale el crecimiento que estamos registrando en estos últimos años? Para que un 2% del PIB deba ser destinado a la financiación del sistema público de pensiones. Es decir, de nuevo, políticas que no se cruzan de brazos ante los problemas, que no tiran por el camino fácil de la devaluación social o que no fijan como único horizonte un crecimiento que sólo se note en la cuenta de resultados de las grandes empresas. (...)
Los precios no están bajando por arte de magia, las pensiones no van a subir por casualidad.
Se llama política útil, aquella que enfrenta unos problemas a unas
guías ideológicas y encuentra unas soluciones beneficiosas para la
mayoría de la sociedad. No se trata tan sólo de gestionar bien, sino de que ante el escollo, el timón del barco ha de dirigirse a babor o estribor,
a izquierda o derecha, a dirimir el conflicto entre rentas del trabajo y
del capital, economía productiva y especulativa, servicios públicos y
evasión fiscal. En tiempos donde hemos descubierto que somos vulnerables, la radicalidad no consiste en encender la retórica, sino en lo efectiva que es tu acción sobre lo inmediato." (Daniel Bernabé , InfoLibre, 29 de noviembre de 2022)
No hay comentarios:
Publicar un comentario