"No es una metáfora. San Fernando de Henares se está hundiendo. En la Plaza Fuente del Trébol, 8 de este municipio de la Comunidad de Madrid (CAM) un edificio con 24 viviendas se ha hundido unos 20 centímetros. El año pasado ya habían comenzado a salir algunas fisuras en las paredes de algunas de las viviendas. María de los Ángeles Garoz (Nines) lleva viviendo seis años en esta casa. Se mudó después de divorciarse y antes de que se hundiera el edificio vivía en el sótano con su hijo y su nuera embarazada.
La madrugada del 4 de enero, Nines y sus 52 vecinos fueron desalojados del edificio por el hundimiento del mismo. Al día siguiente los técnicos de la Comunidad les dijeron que podían regresar a sus casas y que el edificio estaba en condiciones habitables. “Llevo un año con fisuras enormes que dan a la calle, por las que se colaba el frío y el agua. La respuesta de la Comunidad fue que me podían poner silicona o pladur y les dije que no. Yo lo que quiero es que arreglen la pared. Si me ponen eso y vuelve a temblar el edificio se vuelve a romper”, cuenta Nines, que lleva varios días viviendo en casa de una amiga, mientras que su hijo y su nuera viven en casa de otros amigos.
Alejandro Escribano, que ha sido desalojado hasta en tres ocasiones y nació en el municipio, es portavoz de la Plataforma de Afectados por el Metro Linea 7B San Fernando y señala que “a pesar de que se le pidió a la Comunidad de Madrid un informe con datos sobre el estado del edificio, lo único que obtuvimos fue un informe de la empresa Intemac en el que decían literalmente que, en su opinión, el edificio es habitable y seguro”. El Salto ha podido acceder a este informe que, efectivamente, tan solo expresa una opinión sin ofrecer ningún dato. “Los vecinos no podemos depender de una opinión sobre un edificio que se está hundiendo, necesitamos datos técnicos”.
“Sientes el bloque temblar y crujir según la máquina está taladrando justo al lado. Hubo un día que la vibración ya era demasiada, no era normal”. Nines se refiere a una de las máquinas de inyección que están operando en San Fernando de Henares, inyectando una solución de hormigón a 50 metros bajo la superficie para tratar de evitar que el municipio se hunda debido a las aguas subterráneas que están horadando el suelo bajo la superficie. “Máquinas y personas no podemos convivir a la vez. Los técnicos nos han dicho que las máquinas no las van a quitar así que eso es lo que tenemos”.
Las primeras familias desalojadas en septiembre de 2021 no accedieron a ningún tipo de ayuda económica. Fueron realojadas en un apartahotel situado en un polígono industrial a 12 kilómetros de San Fernando, que cuenta con espacios de no más de 30 metros cuadrados. Además según varias vecinas consultadas han denunciado las condiciones de miseria, plagas de insectos, mal estado de los muebles. Hablamos de un polígono industrial sin acceso a servicios sanitarios y dificultad en los transportes para personas mayores de 80 años. “Estas familias llevan un año y medio viviendo allí por miedo a quedarse en la calle o sin futuras ayudas”, comenta Escribano.
David Casado es otro de los vecinos afectados por las obras de
inyección en el municipio. A pesar de que todavía sigue viviendo en su
casa porque los informes técnicos no reconocen sus domicilios como
afectados. Una de las máquinas opera a menos de dos metros de la pared
que da a su vivienda y narra que “vibran las lámparas y los buzones, el
pasado viernes no sé qué hicieron que saltaron los azulejos de la
cocina. Habitable quizá sí sea, pero vivir con este tipo de obra a metro
y medio de casa no lo es”. Durante el recorrido Casado nos ofrece
entrar a su vivienda y ver las grietas que atraviesan techo y paredes.
“Los técnicos te dicen que es por haber instalado un ascensor, que el
edificio se está asentando, cuando son bloques que llevan 65 años en
pie”.
Mar Martínez conserva su casa de momento a pesar de que en varias ocasiones se han abierto grietas en las paredes. El 15 de diciembre de 2022, la Comunidad de Madrid avisó a parte de los vecinos de su bloque para decirles que tenían un proyecto de derribo de sus viviendas. Desde la escalera que da al patio interno observa el lugar vacío que ocupaban las viviendas de sus antiguas vecinas: “A nosotras ni siquiera nos avisaron de que iban a derribar la mitad del bloque. La información te llega muy poquito, pero es que los papeles no llegan nunca. No te dan ningún papel. Yo compré mi casa junto a otros 30 vecinos y ahora quedamos la mitad. Después de este tiempo nos conocemos todos, tenemos lazos y nos llevamos bien”.
Mar vive desde hace 25 años en el ahora semiderruido edificio de la calle Ventura Argumosa. Pero ella tenía una peluquería en un local de la calle Presa, de la que desalojaron a 12 familias para derribar también sus casas. “Llevo 29 años con la peluquería, me hicieron abandonar el local, me ofrecieron uno nuevo pero ya se ha visto afectado por nuevas grietas. Van a volver a inyectar en esa calle y van a derribar todo un complejo de viviendas al lado de mi negocio. Yo tengo una peluquería, la gente va a dejar de venir”, comenta.
“Están destrozando el municipio y lo van a hundir. Estas inyecciones nunca han servido para nada, pero siguen haciendo lo mismo. Como ya ha ocurrido hace años, nadie nos garantiza que esto no vaya a ocurrir de nuevo dentro de cuatro o cinco años. Para esta obra en concreto hay destinados 10 millones de euros. Para obras siempre hay dinero, pero para las indemnizaciones a las familias afectadas, no”.
A fecha de publicación de este artículo hay 88 familias desalojadas y más de 600 viviendas y mil personas afectadas. “Si contásemos con las 24 familias del bloque de la Plaza del Trébol que se está hundiendo, que no constan como desalojadas para la Comunidad de Madrid porque según sus técnicos el edificio es habitable, estaríamos hablando de 112 familias desalojadas”, matiza Escribano.
El tipo de ayudas que ofrece la Comunidad de Madrid ha ido mejorando en
el tiempo debido a la organización y lucha vecinal. Si a los primeros
desalojados les enviaron al polígono industrial, mediante la presión las
últimas familias han conseguido que les paguen sus alquileres. “La
vivienda te la tienes que buscar tú y tú tienes que firmar el contrato.
Después te abonan la mensualidad mes a mes. Pero las condiciones son tan
sumamente complicadas que es casi imposible encontrar ningún piso. Yo
he hablado con once inmobiliarias y me han dicho todas que según las
condiciones que nos ha dado la Comunidad de Madrid para pagar el
alquiler no alquilan a nadie. No son contratos de adenda, nos obligan a
firmarlos y pagarlos nosotros. Un piso como el mío, cuyo alquiler son
1.300 euros exige un desembolso para la familia de entre 3.000 y 5.000
euros entre adelantos y fianzas que la Comunidad de Madrid no cubre.
Además hay meses que ni siquiera pagan aduciendo cuestiones
administrativas”, sentencia Escribano. (...)" (Álvaro Lorite , El Salto, 22 ene 2023)
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